De las múltiples fake news que abundan en las campañas del Rechazo y del Apruebo, la que probablemente ha hecho más daño, precisamente porque no ha sido denunciada apropiadamente como tal, es aquella que sugiere que promulgar una nueva Constitución es un paso necesario para mejorar la calidad de vida de las personas.

La evidencia concluyente en América Latina es que las nuevas constituciones tuvieron un impacto positivo bastante limitado en el desarrollo de los países. Dado los altos niveles de desigualdad que existen en la región y el alto número de procesos constituyentes que han tenido las naciones de América Latina, argumentar que la nueva Constitución va a reducir la desigualdad es el fake news más grande que ha circulado en Chile en estos casi tres años desde el estallido social.

América Latina es la región con más procesos constituyentes en el mundo. De hecho, nuestra región ha mostrado una especia de obsesión enfermiza con la idea de que la promulgación de una nueva Constitución permitirá abordar los problemas culturales, estructurales e institucionales que han obstruido el desarrollo económico y la inclusión social.

En sus más de dos siglos de vida independiente, las repúblicas de la región han emprendido demasiados experimentos constitucionales que han resultado infructuosos en el esfuerzo por lograr mayor inclusión social y desarrollo económico.

La Convención Constitucional en Chile fue un esfuerzo más, en esta interminable secuencia de inútiles intentos, por producir una píldora milagrosa que solucione los problemas históricos del país y corrija las injusticias acumuladas.

La evidencia concluyente en la historia de los países exitosos es que esas mejoras se producen de forma gradual y sistemática, a través del fortalecimiento de las instituciones y el creciente respeto por los derechos de propiedad. Las reformas progresivas que vayan construyendo un mejor país siempre son superiores.

Por eso, el enmarcado completo de la justificación del proceso constituyente se basó en una gran mentira—un fake news. No era cierto que Chile hubiera hecho todo mal y que, por lo tanto, se requiriera un proceso que partiera de una hoja en blanco.

La demanda social que estalló en 2019 se explica por las injusticias, el abuso, la falta de oportunidades y la cancha dispareja que establece la versión chilena del modelo capitalista. La respuesta de la clase política—la base sobre la que se construyó el proceso constituyente—fue una gran mentira.

Una nueva Constitución no era ni necesaria ni suficiente para que Chile retomara el sendero del desarrollo y generara mejores condiciones de inclusión que permitieran a todos poder acceder a la tierra prometida de la vida de clase media consolidada.

Pero la gran mentira no se detuvo ahí. La Convención Constitucional tenazmente redactó un texto fundacional que ignoró la historia constitucional del país. La Convención buscó redactar un texto que fuera lo opuesto a la Constitución de 1980. También las emprendió contra la tradición histórica del país.

Como adolescente que se niega de aprender de las experiencias de sus mayores, la Convención se obsesionó con hacer las cosas de forma distinta a como habían sido hecha hasta ahora. Sin ninguna evidencia de que eso fuera a fortalecer el funcionamiento de la democracia, decidió eliminar el Senado. No hubo institución a la que la Convención dejara sin modificaciones. En el proceso, la convención redactó el texto constitucional más largo en la historia del país.

El reconocido politólogo griego George Tsebelis, junto a JD Nardi, publicó en 2014, en el British Journal of Political Science, publicó un provocador artículo, titulado “A Long Constitution is a (Positively) Bad Constitution: Evidence from OECD Countries” (Una Constitución larga es positivamente una mala constitución: evidencia de los países OECD).

Tsebelis muestra que mientras más larga la Constitución y mientras más difícil resulta modificarla, peores resultados económico tiene el país y más modificaciones recibe el texto.

La relación entre la dificultad en modificar el texto constitucional—los altos quórums—y las modificaciones que este recibe merecen especial atención. El dictador español, Francisco Franco, en 1969, inmortalizó la frase “todo ha quedado atado y bien atado” para referirse a los planes que él tenía para la transición en su país. La historia, una vez más, demostró lo inútil que resulta amarrar a generaciones futuras con contratos inflexibles y difíciles de adaptar.

En las campañas electorales siempre han abundado las fake news. La única novedad en realidad es la nueva forma de definir la vieja estrategia de destacar las fortalezas y minimizar las debilidades de la opción propia y hacer lo opuesto con las otras opciones.

Durante el proceso constitucional en Chile, una serie de entidades—muchas de las cuales no ocultan su apoyo a la opción Apruebo—se han autodenominado fact checkers—verificadores de información—y han denunciado la presencia de fake news en la campaña.

En algunos casos, esos fact checkers han cometido errores, en otros han sido selectivos en denunciar las mentiras de un lado más que las del otro. Las denuncias de fake news tampoco están libres de fake news.

Pero el fake news más importante que no ha sido debidamente denunciado ni destacado en los debates sobre la información falsa en la campaña del plebiscito de salida es aquel en el que se basa el mismo proceso constituyente.

La experiencia de nuevas constituciones en América Latina ha sido mala y sus resultados deficientes. Siendo la región más desigual del mundo, somos también la región con más experimentos constitucionales. El gran fake news de este proceso es aseverar que la nueva Constitución es la píldora mágica que solucionará los problemas reales—y también los inventados—del país.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político, para El Líbero

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