Luego que el pleno de la Convención Constitucional aprobara en general y particular el reglamento que regirá para las asignaciones de los constituyentes, estas serán desde 77 UTM ($4.052.587) y de hasta 82 UTM ($4.315.742) para convencionales de escaños reservados o pertenecientes a zonas extremas.

La cifra despertó críticas desde algunos sectores ligados a Vamos por Chile, donde pidieron a través de varias indicaciones rechazadas por el resto de la Convención, que fueran de $1.566.390 al mes, teniendo en cuenta que la Dirección de Presupuestos dependiente de la Segpres destinó $1.407.464.000 para este concepto durante los nueves meses que durará la instancia -ampliable a 12 meses en total-.

Además, las asignaciones para los constituyentes actuales están muy por encima de las que reciben, por ejemplo, los ministros de acuerdo a la escala de remuneraciones actual de los funcionarios públicos, donde se establece el pago de $1.637.304 para los secretarios de Estado, de acuerdo a la Ley 19.185 en su artículo número 18.

Sin embargo, las dudas no sólo surgieron en cuanto al monto, sino que también, respecto a cuáles serán las limitaciones de las asignaciones, si pasarán por algún tipo de control interno o externo y cómo se efectuará la rendición de gastos.

Fiscalización correrá por cuenta de Comité Externo

Según quedó expresado por los convencionales en el reglamento, se creará un Comité Externo de Asignaciones para definir los criterios de uso y administración de las asignaciones, de acuerdo al “presupuesto establecido para el funcionamiento de la Convención Constitucional”, y velando por el cumplimiento de principios como “transparencia, probidad y buen uso del presupuesto”.

El Comité Externo de Asignaciones estará integrado por cinco funcionarios de carrera que cuenten con la máxima calificación en las últimas tres evaluaciones anuales y un mínimo de cinco años de experiencia ininterrumpida en las siguientes reparticiones públicas: Contraloría General de la República, Consejo para la Transparencia, Tesorería General de la República, Cámara de Diputados y el Senado.

Para elegirlos, de acuerdo al artículo 12 del cuerpo normativo, la máxima autoridad de cada entidad debe proponer una terna a la mesa de la Convención Constitucional, donde se seleccionará a una persona de cada terna. Finalmente, las alternativas de la mesa se someterán a votación ante los 155 convencionales.

“En caso de ser rechazado como conjunto, se procederá a la votación particular de cada una de ellas”, se precisó.

Dentro de las funciones del Comité Externo están llevar registro de los gastos de los convencionales, coordinar la administración de los fondos públicos destinados a las asignaciones y requerir a la Unidad Secretaría Administrativa la ejecución de solicitudes que impliquen gastos de asignaciones.

Rendición de gastos y prohibiciones

En relación a la rendición de gastos, en la propuesta aprobada por los convencionales se precisó que el Comité Externo creará una plataforma de rendición de cuentas y definirá los plazos para hacer llegar documentación que respalde las asignaciones ocupadas como boletas o facturas. Las asignaciones no podrán ser reasignadas, ni acumuladas, para el mes siguiente.

Estos aspectos formaron parte de la discusión formal al interior del Congreso de Santiago, ya que, inicialmente, no estaba estipulada la rendición de cuentas y se podían acumular las asignaciones.

Las asignaciones de la Convención, además, deben ser destinadas a costear personal de apoyo para las funciones del constituyente, viáticos, estadía, alimentación y traslado de los convencionales dentro de la Región Metropolitana, así como también, gastos operacionales.

En el caso del personal de apoyo, el límite establecido es de 40 UTM ($2.105.240); para viáticos de 27 UTM ($1.413.747) y en gastos operacionales desde 10 a 15 UTM (entre $525.310 a $789.465), dependiendo si viven en zonas extremas o pertenecen a los escaños reservados.

Eso sí, no está considerado en las asignaciones los traslados terrestres, aéreos o marítimos desde la región de origen hasta la Metropolitana, porque dichos gastos seguirán estando a cargo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Los convencionales tampoco podrán contratar dentro de sus equipos de trabajo a personas que se desempeñen como funcionarios públicos, que trabajen representando intereses de privados, candidatos a algún cargo de elección popular, cónyuges, convivientes civiles, hijos o parientes.

Otra prohibición explicita que se realizó en el reglamento de las asignaciones fue prohibir cualquier gasto para campañas electorales, encuestas o estudios y actividades no relacionadas a la redacción de nuestra nueva Carta Magna.

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