Ya se encendieron las alarmas en cuanto al posible ingreso al borrador de Constitución de artículos que fueron rechazados en el pleno de la Convención, porque simple y llanamente no lograron los dos tercios de votos a favor, pero que ahora hay quienes tratarían de añadir al proyecto de Carta Magna por otras rutas: como normas transitorias.

Han sido precisamente algunos convencionales de izquierda los que abiertamente han aseverado que esa sería la «estrategia» con la que van a «perseverar». Esta es solo una de las diez «trampas» con las que la Convención ha burlado sus propias reglas. El Equipo Constitucional del Instituto Res Publica elaboró un informe al respecto.

«Si hoy día le dan facultades a la comisión final para revisar todo aquello que no prosperó, para cambiar aquello que se aprobó, entonces en el fondo todo esto ha sido una puesta en escena tramposa. Nos han tenido durante un año haciéndonos creer que han estado trabajando en un texto y ahora va a venir una comisión de última hora a proponer otras ideas. Eso es jugar con la buena fe de la ciudadanía. Es de una impostura, de una incorrección, de una falta de honestidad intelectual muy grande, si se hace»

En estos términos advierte el abogado penalista y profesor de la U. de Chile, Gabriel Zaliasnik lo que representaría si se llega a materializar lo que ya han manifestado algunos integrantes del órgano constituyente, como el convencional comunista Marcos Barraza o Giovanna Roa (RD).

«¿Pueden hacerlo? Sí, lamentablemente. ¿Es correcto hacerlo? No. Si hacen eso sería una demostración más de la ilegitimidad que ha ido adoptando este proceso por la vía de ir introduciendo estos cambios a las reglas del juego», advierte el jurista.

El convencional Marcos Barraza fue claro en los tuits que publicó el pasado sábado, día en el que precisamente concluyeron las sesiones del pleno en las que se decidía qué pasaba al borrador y qué no.

«Ante el resultado del tema minero en la Convención ¿Qué hacer? Vamos a perseverar por medio de normas transitorias para asegurar el rol del Estado en la explotación de los recursos mineros», tuiteó.

Giovanna Roa también señaló abiertamente que usarían la «vía transitoria» para incluir lo que ya no pasó al borrador y que, en su criterio, implica un «vacío».

«Nuestra estrategia para que constitucionalmente podamos sacar lo establecido es vía transitoria. Yo estoy con toda confianza, por ejemplo acá somos todos y todas de distintos sectores de las fuerzas políticas dentro de la Convención, no les he preguntado directamente, pero estoy segura de acá que vamos a estar todos con los votos para que podamos hacer la norma transitoria», dijo en un video que circula en redes sociales, grabado en un encuentro con vecinos, al parecer en Antofagasta.

La respuesta la dio luego de que algunos de los presentes le preguntaran cómo se obtendría la nacionalidad chilena por parte de los no nacidos en territorio nacional, de aprobarse la nueva Constitución.

«En nacionalidad nos quedó un vacío. En el fondo nuestra nueva Constitución se está quedando sin un instrumento para nacionalizar a personas que lleguen, habiten, que se hagan parte de la sociedad», dijo la convencional, que primero se refirió a que aún queda la Ley de Migración y luego planteó la solución de las normas transitorias.

Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia, se refiere a otro artículo que ya había sido rechazado, pero que podría ir a parar al borrador de Constitución por cuenta de las normas transitorias.

«Si bien a la Comisión de Pueblos Originarios le aprobaron solo un artículo, presentaron normas transitorias extremadamente largas y detalladas, incluyendo normas que no tienen relación directa con ninguna norma permanente, que reintroducen normas ya rechazadas por el Pleno, como es el tema de la soberanía alimentaria», explica el especialista en un documento que redactó a propósito de las trampas de la Convención.

El jurista ahonda en uno de los posibles riesgos de esta etapa. «Puede ocurrir que las normas transitorias también incluyan elementos que no sea propios de ellas. Por ejemplo, que exijan al Congreso la aprobación de una ley, lo que significa imponerle una obligación que es contraria a la deliberación democrática, como ocurre con la disposición transitoria Nº26 al ordenarle al Congreso aprobar en el plazo máximo de un año, una ley que ‘regule el sistema de atribución y transferencia de competencias de las entidades territoriales y su financiamiento’”.

«Otro caso puede ocurrir cuando se crean órganos que no están previstos en la norma permanente: la disposición transitoria Nº301 crea un órgano para la adecuación de la normativa indígena que no se encuentra en las normas permanentes, junto con definir a sus integrantes o la Nº282 que propone crear un Observatorio Digital que ‘deberá monitorear las dinámicas digitales a nivel nacional‘, o la Nº205, que propone crear, a través de un ‘decreto de fuerza de ley, la subsecretaría de democratización económica‘, la cual deberá ‘crear mecanismos de participación ciudadana en las decisiones económicas del Estado”.

Astaburuaga se refiere, además, a los riesgos que pudiera implicar un manejo inadecuado en la armonización del texto.

«La Comisión de Armonización es vista también como una última oportunidad de añadir lo que faltó. Sin embargo, el mandato del artículo 77, literal c, no deja dudas: ‘(…) En ningún caso la Comisión de Armonización podrá alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada‘. Es decir, toda norma rechazada y excluida del debate constitucional, aun cuando genere un vacío en la Constitución, no puede ser repuesta mediante una indicación de armonización, pues aquello que no es regulado por la Constitución debe hacerlo la ley», explica.

Volviendo con Zaliasnik, el jurista plantea la gravedad de la posible ocurrencia de estas trampas. «Esto demostraría la ceguera, lo poco respetuosos que pueden llegar a ser de las conductas democráticas, de la institucionalidad, de la misma institucionalidad que ellos se han dado, porque la Convención fijó unas reglas para funcionar y ahora como no les gusta el resultado maximalista que quieren, porque quieren ir aún más lejos, dicen: cambiamos las reglas y nos aprovechamos de un resquicio en la comisión final», dice.

Convencionales de derecha también han advertido sobre los peligros de que, burlando el Reglamento de la Convención que se dieron a sí mismos los propios constituyentes, el proyecto de Constitución pueda ser modificado de fondo con la puesta en marcha de la Comisión de Armonización y la de Normas Transitorias.

«Esto es una pésima señal para la ciudadanía, demuestra falta de seriedad en el proceso y que las reglas no cuentan, sino que lo importante parece ser que una mayoría circunstancial pueda acomodar el borrador a su gusto y a como dé lugar», advierte la convencional Patricia Labra (RN).

«Ya se ha evidenciado en la Comisión de Armonización que hay convencionales que buscan regular aspectos de fondo, valiéndose del argumento de que los vacíos serían incoherencias del texto», indica.

Labra dice más y se refiere a lo manifestado por Barraza y por Roa: «También en la Comisión de Normas Transitorias ya ha sido derechamente explícito el ánimo de insistir nuevamente en sus normas que ya fueron rechazadas en el Pleno, tal como señaló Marcos Barraza en su cuenta de Twitter o más recientemente la convencional Giovanna Roa en una reunión con vecinos donde reconoce explícitamente que ‘su estrategia’ para dejar constitucionalmente consagrados temas de migración es a través de las normas transitorias y que además tendrán los votos para ello».

Ya el martes de esta semana Labra había advertido a través de su cuenta en Twitter, de lo que podría ocurrir el interior de la Convención con el proyecto de Constitución.

Los «peligros» de los «aportes al debate de las normas transitorias» por parte del Ejecutivo

El informe titulado «Aportes al debate de las normas transitorias» que el ministro Giorgio Jackson fue a exponer ante la Comisión de Normas Transitorias precisamente ayer, es otro asunto que ha generado preocupación en algunos sectores, precisamente por los cambios que pretendan hacerse en el borrador ya aprobado por el pleno.

«Más que recomendaciones técnicas para la implementación de la nueva Constitución, en caso de aprobarse el borrador, son sugerencias políticas», asevera la convencional Rocío Cantuarias al ser consultada sobre las posibles «trampas» que pudieran materializarse en esta nueva fase de la Convención.

«En el informe que expuso el ministro Jackson está prevista la creación de una Comisión de implementación, no a cargo de los convencionales, sino de miembros elegidos por el propio Gobierno. Esto, la verdad, es que podemos considerarlo intervencionismo o como un informe con el que más que implementar una Constitución, lo que pretenden es implementar un programa de gobierno. Esto nos parece muy peligroso», agrega la constituyente.

De acuerdo con el texto, la comisión debe integrarse de manera paritaria, garantizando la representación de las regiones, los pueblos indígenas, diversos sectores de la sociedad civil y «personas expertas».

En cuanto al nombramiento de estas personas, el informe es claro: «Atendida la misión que se le encomendaría a esta Comisión, las personas que la integren deberían ser nombradas por el Ejecutivo, en base a los mecanismos y requisitos que la propia Constitución disponga para su nombramiento, asegurando que existan garantías de probidad y sistemas de control, pesos y contrapesos».

No sería nuevo aquello de «revivir» normas rechazadas en el pleno

En todo caso no sería nueva y solamente de esta etapa del proceso la puesta en marcha de triquiñuelas para incluir en el proyecto de Constitución normas previamente rechazadas en el pleno de la Convención.

De acuerdo con un documento elaborado por el Equipo Constitucional de Instituto Res Publica, encabezado por el jurista Ricardo Hernández, han sido nueve las «trampas» que ha implementado la Convención desde el momento de su instalación mediante las cuales, de una u otra forma, han procurado burlar sus propias reglas.

  • Proponer normas ya rechazadas como indicaciones

La inclusión por la vía de indicaciones de normas ya rechazadas es la primera de las triquiñuelas que enumeró el instituto: «Se reincorporaron al debate constitucional, a través de la presentación de indicaciones, propuestas que no habían alcanzado la mayoría de los votos de los convencionales presentes en el pleno (…) pero como a algunos constituyentes no les gustó la decisión, volvieron a presentarlas vía indicaciones en un comparado distinto que sería votado con posterioridad».

  • Presentar normas ya rechazadas en otras comisiones

Proponer normas en comisiones que no correspondían por su materia para tratar de sortear el obstáculo de que ya habían sido rechazadas en sus comisiones originarias es otra de las trampas que detectó Res Publica.

«Es claro que normas sobre migración y elección de diputados y diputadas excedería de las competencias de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos autónomos de Control y Reforma Constitucional», ejemplifican en el informe, refiriéndose a lo ocurrido en esa comisión.

La constituyente Labra también se refiere a este tipo de trampas: «Hay un antecedente de vulneraciones al reglamento que hemos señalado en diversos oficios a la Mesa Directiva, que consistente en revivir normas rechazadas en el pleno a través de indicaciones en los informes finales de otras comisiones temáticas que nada tenían que ver».

El penalista Zaliasnik se refiere precisamente a la indicación tardía que convencionales de izquierda introdujeron en la Comisión de Sistema de Justicia, para insistir desde allí en la aprobación de los cuatro séptimos por parte del Congreso de Diputados en caso de que la Cámara de Regiones no le diera el visto bueno a algún proyecto de ley, en las pocas materias que dejaron a su disposición.

«Esto, más que solo una trampa, era hacerse trampa en solitario, era demostrar que no les importa nada la confianza de la ciudadanía, les da lo mismo, es una suerte de impunidad intelectual, de impunidad constitucional», sostiene el penalista.

Roberto Astaburuaga aporta otro ejemplo de este tipo de «trampa»: «El inciso segundo del artículo sobre Educación Sexual Integral fue rechazado por el pleno, por lo que se encontraba fuera del debate constitucional, pero una norma casi idéntica fue ingresada como indicación en la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad y aprobada por la Comisión».

  • Plebiscitos dirimentes parar tratar de que la ciudadanía apruebe lo que la izquierda no pudo en el pleno

«Como mecanismo para saltarse la regla de la aprobación por 2/3, crearon los ‘plebiscitos dirimentes’, procedimiento según el cual, todas aquellas normas que en pleno no alcanzaren los 2/3, pero sí la mayoría absoluta de los convencionales, serían plebiscitadas, de manera tal que fueran las personas en plebiscito especialmente convocado al efecto, las que decidieran finalmente si dichas normas entraban o no en el borrador de nueva Constitución».

En estos términos describió Res Publica esta otra triquiñuela llevada a cabo desde la Convención.

  • Hasta con menos de la mayoría simple las normas rechazadas pudieron ser enviadas de nuevo para su revisión en las comisiones

Otra trampa que Res Publica incluyó en su lista fue aquella medida que permitió poder devolver a sus comisiones de origen, para que pudieran ser nuevamente discutidas y enviadas una vez más a la votación en el pleno, las normas rechazadas por no llegar a los 2/3 y que ni siquiera hubieran obtenido la mayoría simple de los vistos buenos.

«Se redujo el quórum desde mayoría simple, a 1/4 de los convencionales constituyentes en ejercicio», explica el instituto en su informe.

  • Aumentaron los requisitos para poder presentar indicaciones

Desde la perspectiva de los especialistas del instituto, hubo un cambio en las reglas de juego que se debió a que los convencionales de Vamos por Chile empezaron a presentar indicaciones cuyo rechazo en pleno «comenzó a incomodar a las mayorías de izquierda».

«No encontraron mejor solución que aumentar los requisitos para poder presentar indicaciones que posteriormente serían votadas en pleno», señala Res Publica.

  • De nuevo las indicaciones: solo una por norma para cada colectivo

Ante la multiplicidad de indicaciones presentadas por convencionales de Vamos por Chile, señalan desde Res Publica, la Mesa Directiva decidió que no se podrían presentar “indicaciones subsidiarias”.

Así lo indican en el informe: «Se limitó la posibilidad de que miembros del colectivo aludido pudieran proponer más de una modificación por norma, debiendo limitarse, en adelante, a solo una propuesta por cada uno de los artículos. De lo contrario, serían declaradas inadmisibles muchas de ellas, lo que finalmente ocurrió».

  • No se supo cuál fue el criterio para que expertos participaran como invitados

«Nunca se aclaró cuál fue el criterio de selección de invitaciones, ni mucho menos se aclaró cuál era el criterio para determinar el orden en que debían presentar los expositores invitados por los diversos colectivos. Esto en su minuto fue relevante, atendido que solo se otorgó la posibilidad a personas vinculadas a sectores progresistas para que expusieran en Comisiones».

La acusación de esta ventaja la hace Res Publica y se corresponde con la denuncia que hicieron en su momento los diputados de la bancada de Chile Vamos en el que se tituló Informe de audiencias públicas de la Convención.

Resulta que Salvador Millaleo, abogado mapuche, pieza clave en el Gobierno en materia de diálogo en La Araucanía y en la Convención en temas de plurinacionalidad, que por cierto enunció hace pocas semanas al ministerio del Interior que encabeza Izkia Siches, asistió 5 veces como invitado. No hubo otro experto al que recibieran más veces que a él, que de paso era miembro del Comité Externo de Asignaciones del órgano constituyente.

  • Polémica sobre la participación indígena

«Según denunciaron algunos constituyentes del colectivo Vamos por Chile, el porcentaje de participación de indígenas en la consulta fue ínfima, no alcanzando un estándar mínimo de participación para ser considerada como referencial, ni menos vinculante», indica Res Publica en su documento.

El instituto también se refiere a los problemas relativos al financiamiento de la consulta. «Hubo solicitudes reiteradas para que la Mesa Directiva de la Convención transparentara cuál fue el presupuesto utilizado para la ejecución de la consulta, y cuál había sido el detalle de los gastos», se señala en el informe.

  • Evitar que fuesen visibles las iniciativas populares de la derecha

Res Publica señala una triquiñuela más, que habría sido empleada para restarle visibilidad a las Iniciativas Populares de Norma de la derecha que precisamente más apoyo tenían. De las 10 iniciativas más populares, siete provenían de este sector.

«Al iniciar el proceso de presentación de iniciativas populares en la plataforma de la Convención Constitucional destinada al efecto, la Mesa Directiva se percató que el criterio para presentar las iniciativas era de acuerdo a la cantidad de apoyos recibidos hasta el minuto. Mientras más apoyo, más visible era para las personas que ingresaban a la plataforma (…). Frente a esto, se resolvió modificar el criterio de visualización de las iniciativas populares en la página, inclinándose por un criterio aleatorio, que mostrara mayormente aquellas iniciativas que aún no hubieren obtenido el apoyo necesario para ser discutidas en comisiones temáticas», se señala en el documento.

  • Otras burlas a la buena fe de la ciudadanía

Volviendo con Gabriel Zaliasnik, el jurista se refirie a otros asuntos, que más que trampas con respecto a la elaboración del borrador, representaron «burlas a la buena fe de la ciudadanía».

El caso del convencional Rodrigo Rojas Vade, que hizo campaña con la bandera de un cáncer que no tenía.

Zaliasnik también se refiere al resquicio jurídico de dejar en manos del Congreso, que será unicameral y que aprobará por mayoría simple en caso de que pierda el Rechazo, la aprobación de normas que no lograron los dos tercios en la Convención.

El jurista también es crítico en cuanto a cambios de reglas desde el momento del mismo origen de la Convención, los que denominó «vicios de origen».

«Nosotros votamos por un diseño de Convención y luego esta regla se cambia por la vía de incorporar los escaños reservados y se cambian las reglas electorales que todos conocíamos respecto de los independientes. Ahí ya hubo una primera burla o trampa a la buena fe de la ciudadanía», señala.

El penalista plantea un último asunto. «La pregunta es si la ciudadanía está dispuesta a aceptar ese modelo de democracia, porque al final eso es lo que nos están proponiendo y lo que nos están mostrando con sus actos: que ellos creen tener tal nivel de impunidad que pueden hacer lo que quieran», sostiene.

Piden nulidad de todo lo hecho por la Convención, desde su instalación

Precisamente motivado a esta primera «burla», la de incluir a posteriori los escaños reservados, los abogados Esteban Ovalle e Ignacio Correa presentaron un recurso ante el 4°Juzgado Civil de Santiago, en el que piden que se declare la nulidad del acuerdo en el que se incluyeron los escaños reservados, así como la instalación de la Convención y todo lo hecho hasta ahora por esa instancia.

«Después del plebiscito, y a espaldas de la ciudadanía se introdujeron los 17 escaños, con lo que se configuró una flagrante inconstitucionalidad. Además, este proceder vulneró la igualdad del voto y se tradujo en la conformación de una Convención contra mayoritaria”, explica Ovalle con respecto a lo que considera «vicios de partida» de la Convención.

La demanda, que fue introducida la semana pasada, fue presentada en contra del Servel y el Estado de Chile.

Por Daniela Lozano para El Líbero

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