El Séptimo tribunal de garantía de Santiago rechazó este martes el sobreseimiento definitivo de la causa por malversación de caudales públicos en contra de la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco.

La arista a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte aborda los presuntos ilícitos que habrían sido consumados entre enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, mientras Blanco era subsecretaria de Carabineros, en el primer periodo del Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Según la acusación del Ministerio Público, la abogada recibía depósitos en efectivo, los que corresponderían a gastos reservados.

Así, el magistrado acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para oponerse a la solicitud de la defensa. Entre los argumentos esgrimidos para el rechazo, se consideró que para la discusión del sobreseimiento “se exige que estemos ante una investigación cerrada, es decir, que no hayan diligencias investigativas pendientes. En atención a ello, en este caso, estamos ante una investigación que recién está formalizada, y la fiscal Chong, señala mantener diligencias pendientes”.

Agregó que “aquí hay un grupo de personas que se organizaron que tenían una cultura de defraudación, tendientes en este caso, a sustraer el bienes fiscales” y que “acá existiría una unidad de hecho que tiene por objeto sustraer los bienes que dan cuenta de los gastos reservados del erario público, respecto del cual los imputados se apropiaron y la imputada tendría una participación clara y que sería corroborable, por los antecedentes señalado por la señora fiscal”, esto es, en los depósitos que habrían sido cancelados a su cuenta corriente.

Por su parte, Diego Acuña, abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) expresó en su argumentación que “la querella que interpuso el CDE en relación a la participación tiene que ver con el concierto doloso, que en el caso particular, se evidencia en la finalidad común de los agentes, siguiendo un plan”.

Agregó que la temporalidad en la que se sucedieron los ilícitos dan cuenta de la mantención sigilosa “por este periodo prolongado de este mecanismo para proceder y concretar la sustracción de caudales públicos por lo montos que estamos hablando”, dijo el abogado querellante Diego Acuña. “El hecho de que exista este concierto previo, echa por tierra cada una de las aseveraciones de la defensa”, agregó.

Argumentos de la defensa

Al inicio de su intervención, la abogada Paula Vial, sostuvo que existe “un capricho del Ministerio Público rayana en la intencionalidad”, debido a que “el delito de malversación de caudales públicos en relación a los gastos reservados de Carabineros no puede configurarse respecto a mi representada”.

“Luego de cinco año de investigación, 1.900 días en que no han logrado encontrar antecedentes que avalen sus imputaciones deciden contra viento y marea comunicarle que se lleva a cabo esta investigación que todo el país conoce y que todos han sacado sus conclusiones por la forma abusiva e imparcial en que se ha filtrado la información permanentemente”, continuó la defensa.

Vial argumentó que durante el periodo en el que se le imputan las conductas, Blanco se desempeñaba como subsecretaria de Carabineros, es decir, funcionaria pública, “y tal como ha señalado el Ministerio Público en su formalización, la subsecretaría de Carabineros fue creada como un órgano asesor directo del Ministerio de Defensa Nacional, cartera de la que dependía Carabineros en esa época”, explicitando que “asesoraba directamente al ministro de Defensa, no a Carabineros y no tenía injerencia directa en las cuestiones presupuestarias de la institución”.

Según continuó, la acusación plantea que los sujetos de la querella habrían recibido los fondos sin tener título alguno para su recepción, aunque participaron en su sustracción. “Entonces el punto de partida no está en disputa y es que mi representada no tenía título alguno para recibir gastos reservados, sin embargo, se afirma que los habría sustraído”, dijo Vial.

Vial expuso que en la querella no se menciona en ningún momento a Blanco como autora de las maniobras financieras y contables para la sustracción de los caudales en cuestión, sin embargo, sí menciona que se habría incluido a la ex subsecretaria en un listado de presuntos beneficiarios y receptores de distribución ilícita de recursos públicos, lo que quedaba plasmado en una planilla Excel, que era aprobado por el director de finanzas en cada periodo, lo que se presentaba al director de Carabineros de la época.

En tanto, el imputado Hugo Zúñiga, quien al igual que Blanco no formaba parte de la institución de Carabineros, quedó con la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional, la que comenzará a regir a partir del próximo lunes 11 de octubre, y se concretará en la 16° comisaría de La Reina.

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