“Sé que a la oposición le gusta mucho reinterpretar a su manera las leyes, pero aquí la ley es súper clara y el Presidente no queda restringido en ninguna de sus funciones y sigue siendo Presidente hasta que se haga el juicio en el Senado”.

Con estas palabras el titular de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), aclara las dudas que han dado vuelta durante el día entre los pasillos del Congreso ante la situación en que quedaría Sebastián Piñera si la acusación constitucional se aprobara en la Cámara de Diputados.

Los parlamentarios de la oposición durante la mañana de miércoles presentaron el libelo contra el Mandatario por dos motivos: vulnerar el “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”, tras la revelación de una cláusula secreta por la compraventa de Dominga en los Pandora Papers.

Más allá del componente político, la discusión sobre si el Mandatario debe ser suspendido o no de sus funciones si la acusación se aprueba en primer trámite, se basa en el Artículo 52 de la Constitución Política. En este se definen las circunstancias para presentar una AC contra una autoridad y señala los quórums de aprobación según sean gobernadores y Presidente que requiere de “mayoría de los diputados en ejercicio”.

En otro párrafo indica que en el caso de otras autoridades como ministros, magistrados, delegados, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, será de mayoría de los diputados presentes y “el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación”.

Esta redacción se discutió el lunes en la reunión de los coordinadores de la acusación con los asesores jurídicos y se abrieron distintas interpretaciones. “Hay una controversia cuya solución no está clara”, indicó el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto.

Desde la DC, su jefe de bancada, Gabriel Ascencio, advirtió que solicitará un pronunciamiento a este grupo: “Creo que la comisión debe discutir y abordar este tema y pedir opiniones especializadas”.

Soto (PS): el Presidente no queda suspendido

Mientras que el diputado Leonardo Soto (PS), integrante de la Comisión de Constitución, manifiesta que el asunto no da para dobles interpretaciones: “Hay razones de texto muy claras y el efecto es que ni los gobernadores ni el Presidente quedan suspendidos y pueden continuar en su cargo hasta que termine el juicio político en el Senado. Esa es una interpretación armónica de la forma en que se ejerce la autoridad en un sistema muy presidencialista como el chileno”.

Entre los juristas la opinión es también amplia. “El Presidente no queda suspendido del cargo por una acusación aprobada, a diferencia de los demás servidores públicos acusados. Ello, porque en un régimen presidencial es el jefe de Estado y expresa su continuidad y, por ende, la acefalia es muy grave”, sentencia el constitucionalista Francisco Zúñiga.

En la mesa explican que la Constitución de 1925 señala claramente que la máxima autoridad no se suspende y por eso hay diferencias de quórum para su acusación, cuyo espíritu se mantuvo en la Constitución del 80.

“Le pediría a la oposición que estudiara un poquito más las normas que rigen esta herramienta. Y no es atribución de la comisión abordar ese tema, porque no hay ninguna reinterpretación que hacer”, remarca Paulsen.

Procedimiento

En tanto, en la Cámara empezaron a correr los plazos tras la presentación de la AC durante la mañana.

Durante la tarde sesionó la comisión AC integrada por los diputados Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso, Florcita Alarcón, Pepe Auth y Maya Fernández (PS), quien fue elegida como presidenta de la instancia.

El grupo definió que la próxima semana sesionará martes, miércoles y jueves en dos jornadas, vía presencial y telemática. Ello para esperar los tres días en que la Cámara debe notificar al Mandatario en La Moneda, lo cual se espera ocurra entre viernes y sábado.

Los primeros invitados serán el contralor Jorge Bermúdez y el fiscal nacional Jorge Abbott, y los abogados asesores de las bancadas que redactaron el libelo.

Si los tiempos se van cumpliendo en los máximos plazos, la Cámara podría estar votando el 8 de noviembre este libelo.

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