La democracia es frágil, el Estado de Derecho es un ideal que apenas se alcanza parcialmente en el mejor de los casos y los seres humanos somos como somos: evolutivamente adaptados a vivir en una competencia por la sobrevivencia que nos impulsa a abusar de la fuerza y el poder apenas lo alcanzamos, aunque sea mínimamente. Por ello, la sociedad jurídicamente organizada, eso que llamamos el gobierno de la ley, es esencialmente precario, camina al borde del precipicio; incluso Estados Unidos, que presume de ser la democracia más sólida del mundo, sufrió el asalto al Capitolio liderado por un fanático que, vistiendo una piel de búfalo, hacía ostentación de su involución.

Gobernar ha sido siempre difícil y hoy lo es más que nunca, lo que Byung-Chul Han llama “Infocracia” ha exacerbado la división, alimentado la mentira como arma política y generado un ambiente proclive al populismo. Cuando más necesitamos gobernantes responsables, experimentados, que conozcan muy bien las dificultades y las consecuencias de sus decisiones, por doquier se eligen personajes pintorescos o fanáticos, idealizados por un electorado convencido que destruyéndolo todo se puede alcanzar la tierra prometida, donde el maná bíblico estará al alcance de la mano.

Esta semana, con el episodio de Llaitul, hemos confirmado que estamos muy lejos de ser una excepción. En una investigación liderada por el Ministerio Público y ejecutada por la PDI de manera impecable, se detuvo al más conocido de los cabecillas de las bandas que roban madera y perpetran actos de terrorismo en la Macrozona Sur. El mismo que aparecía en un video jactándose de sus delitos para financiar “fierros y tiros”.

Cualquier gobierno normal habría celebrado de inmediato el acierto de las instituciones, pero el nuestro se mantuvo por horas en un inquietante silencio, para que luego apareciera una ministra del Interior sola, transmitiendo inseguridad y diciendo unas pocas generalidades que solo confirmaron la paralización en que se encontraba. Algunas horas después otra ministra tuvo que renunciar, porque una de sus asesoras había llamado por teléfono en su nombre al ahora detenido y se conoció una conversación cuyo tono y expresiones no son dignas de una funcionaria del Estado frente a un delincuente.

Los problemas del gobierno son muchos y obvios: está atrapado en las declaraciones y videos en que las autoridades de hoy alababan y justificaban a estos grupos violentos, en su interior hay sectores que siguen haciéndolo, su proyecto de Constitución eleva a este nivel las pretensiones desmesuradas y disolventes de estos movimientos. Preguntada la ministra Vallejo no pudo dar certeza que otras autoridades no se hayan contactado con Llaitul. Y lo peor, es que es lógico que no pueda, llevan demasiado tiempo identificándose con ellos, ese es el problema.

Así no se puede, el país necesita con urgencia una reacción política de la izquierda responsable y democrática, antes que los desaguisados sean aún mayores, porque esto pinta mal.

/Escrito por Gonzalo Cordero para La Tercera

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