Hace dos días, Juan Pablo Pirce Valenzuela recibió una visita inesperada en su casa, localizada en Traiguén. Oficiales del OS-7 de Carabineros fueron al domicilio con la intención de hallar un cultivo de marihuana denunciado anónimamente, pero en cambio encontraron un auténtico arsenal de guerra, explosivos y hasta vestimenta de camuflaje.

El caso pronto llamaría la atención por el perfil del detenido y su amplia red de contactos: funcionario del Poder Judicial desde 2009, hijo del político Guillermo Pirce (PPD), ex intendente subrogante de La Araucanía y que participó en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI); primo del alcalde de Traiguén, Ricardo Javier Sanhueza Pirce (independiente electo por el pacto Nueva Mayoría); hermano de una exdirigente comunal del Partido por la Democracia y ahora empleada del municipio de Lumaco, y antiguo compañero de universidad de Emilio Berkhoff, preso por narcotráfico y actualmente asociado a la Weichan Auka Mapu, una de las organizaciones más radicales que operan en la IX Región.

Sus tentáculos parecieran extenderse más allá de los sectores de la izquierda. Conocedores del caso aseguran que tiene influencia dentro del Poder Judicial y que, incluso, una magistrada en Temuco pertenecería a su familia. Cuando Pirce Valenzuela, de 39 años, fue denunciado por presunta posesión de drogas, un juez de Traiguén se inhabilitó para firmar la orden de ingreso a su domicilio por tratarse de un subalterno, lo mismo hizo la jueza de Garantía de Victoria, Evelyn Zelaya; y la secretaria del Juzgado de Letras de Victoria argumentó no encontrarse en condiciones de resolver.

Fue la jueza Sandra Nahuelcura, del Tribunal de Garantía de Collipulli, quien otorgó luz verde para entrar al inmueble. De hecho, la querella contra el arrestado da cuenta de que “mientras se esperaba la referida autorización judicial, el imputado lanzó a un inmueble colindante, una bolsa que en su interior mantenía envueltos diferentes fundas contenedoras de detonadores de artefactos eléctricos y mecánicos”.

Finalmente, y tras casi dos horas de gestiones, los agentes de Carabineros descubrieron un descomunal arsenal: un fusil Fal, un subfusil, un rifle, una pistola con serie borrada, más de 600 cartuchos de distintos armamentos, cinco niples, una bolsa repleta de explosivo C4, detonadores eléctricos y mecánicos, y hasta vestimentas de camuflaje. Su padre, posteriormente, entregó un revólver calibre.38 inscrito a nombre de Juan Pirce, quien está en prisión preventiva por tenencia de armas, municiones y explosivos por disposición del Juzgado de Garantía de Traiguén.

Quienes conocen sobre el círculo cercano del detenido aseguran que se cobijó bajo el paraguas de su influyente familia durante años. Guillermo Pirce, un político de izquierda, no solo fue intendente subrogante de La Araucanía, sino que también ejerció como gobernador de la provincia de Malleco -una de las más golpeadas por atentados- y fue asesor de figuras políticas.

“Como agrupaciones llevamos años diciendo que los poderes deben estar infiltrados. No puede ser que se hagan denuncias, y todo quede hasta ahí”, dice Ruth Hurtado, presidenta de la organización Mujeres por La Araucanía. Para Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de profesionales mapuche ENAMA, es lamentable que las “instituciones del Estado estén infiltradas por personas que estén destruyendo, desde dentro, el Estado de derecho donde las instituciones son su soporte”.

El caso empujó al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, hasta la macrozona sur ayer. “Sin duda agrava la situación que una persona que se desempeñó en el gobierno regional, que su hijo haya estado participando en este tipo de eventos. Si se logra determinar su relación hechos de violencia en la zona, tendrá que responder ante la justicia, más allá de quién sea su padre y qué cargo haya tenido en el gobierno anterior”, dijo.

Las investigaciones apuntan a sus posibles nexos con grupos violentos de la región. “El Gobierno espera el resultado de las investigaciones judiciales, y será ésta la que determinará si el armamento y munición fue utilizado en algún hecho de violencia. Sobre todo en hechos que han significado la pérdida de vida de seres humanos y, especialmente, del suboficial mayor Eugenio Nain y el inspector Morales”, agregó Galli.

Pocas palabras del Poder Judicial

Para el diputado Miguel Mellado (RN), provoca incertidumbre el nivel de información al que, posiblemente, tuvo acceso el detenido dentro del sistema judicial. “Ahí se manejan causas de distintas índoles. Lo que me preocupa es cuán metido está el Poder Judicial en esto, en el sentido de si existen otras personas en concomitancia con él, que pudieran haber tenido una red de información adentro para cubrir ciertos elementos o para obtener información de trámites y hasta filtrar algunas diligencias. Es muy peligroso que personas ligadas al Poder Judicial estén relacionadas con el narcoterrorismo. También me preocupa la cantidad de armamento que tenía en su casa”, dijo a El Líbero.

El legislador sugiere que se investigue a profundidad eventuales conexiones del hijo del exintendente de La Araucanía, y pide que los casos vinculados a violencia en la IX Región sean trasladados a tribunales fuera de la zona de conflicto. “Me preocupa que durante más de 12 horas no haya un pronunciamiento desde el Poder Judicial”, decía ayer en la tarde.

Tal pronunciamiento no llegó sino hasta casi 20 horas después de la incautación. La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, calificó como de “gravedad” la detención y formalización de un funcionario.

“La situación dada a conocer es grave y como Poder Judicial garantizamos -como siempre lo hemos hecho- la total transparencia y acceso a la información para que el Ministerio Público pueda hacer una completa investigación”, aseveró a través de un corto video difundido a la prensa, y donde también informó que la Corte de Apelaciones de Temuco realizó un pleno extraordinario y abrió un sumario administrativo contra Pirce. “Se nos informó que el tribunal dispuso tempranamente el bloqueo de la cuenta de correo del funcionario y las claves de acceso a su computador como medida de resguardo de la información”.

Por Maolis Castro para El Líbero

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