Ni más ni menos: $12.000.000 fue la cifra total y exacta que rindió la entonces candidata a diputada por la Democracia Cristiana Yasna Provoste en su campaña de 2013 bajo el ítem de “aporte vehículo de campaña”. Según la planilla de gastos publicada por el Servicio Electoral (Servel), la actual abanderada presidencial de Nuevo Pacto Social registró seis aportes con dicha clasificación, el de mayor valor, a nombre de su marido Mauricio Olagnier Tijero por $4.050.000. Tras la rendición del costo, todo el monto debió ser reembolsado por el órgano.

Y es que según explica el Manual de Gasto Electoral del Servel, se entiende por gasto electoral todo desembolso o contribución estimable en dinero, efectuado por el candidato o un partido político a propósito de actos electorales; y el Servel autoriza el reembolso de tales gastos siempre que existan boletas de honorario y/o facturas pendientes de pago.

“Gastos menores”, “propagandas” y “servicios” son algunas de las justificaciones que más se repiten en el detalle de los gastos presentado por Provoste en aquel entonces, dentro de los 284 totales que declaró; mientras que el “aporte vehículo de campaña”, se repite en seis ocasiones y todas están registradas en la misma fecha: 11 de enero de 2013.

Estos gastos son aquellos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos y de las personas que presten servicios a las candidaturas. Así como el transporte de implementos de propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de campaña.

De los 284 gastos declarados por la candidata, el que tiene como proveedor a Mauricio Olagnier Tijero por $4.050.000, es el tercero más alto. Únicamente por detrás de un gasto por $5.600.000 que aparece descrito como “trabajos voluntarios” y que tiene como proveedor a la exintendenta de Atacama Alexandra Núñez Sorich; y el segundo monto más alto es por $4.153.100 por concepto de “propaganda” para Raquel Salinas López. En total los gastos rendidos ante el Servel son por más de $60 millones.

El cónyuge no es el único nombre cercano a la senadora que registra un aporte clasificado como “gasto por desplazamiento”. Su hermano, Carlos Provoste Campillay, realizó uno por $2.250.000, asimismo lo hizo María Angélica Carter, dueña de una panadería de Vallenar con $1.200.700.

El mundo político no quedó fuera. La exintendenta de Atacama Alexandra Núñez Sorich también registra un “aporte vehículo de campaña” por $900.000. Antes de ser nombrada intendenta en 2017, Núñez Sorich fue nombrada Gobernadora de la Provincia de Huasco en 2014. Mientras que la exseremi de Educación de Atacama, Griselda del Pilar Soto, también prestó un “gasto por desplazamiento” por $2.700.000. Ambas se desempeñaron en sus cargos dentro del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Los enredos de Olagnier con Contraloría

Esta no es la única situación que ha manchado al esposo de la candidata demócrata cristiana. Según consigna La Tercera, desde 2017 que la Contraloría General de la República lleva adelante un juicio contra Olagnier Tijero por su posible responsabilidad en gastos irregulares mientras se desempeñaba como Jefe del Departamento de Logística de la Junaeb en 2015. La acusación se enmarca en el gasto irregular de procesos asociados a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) que comprometen $859.718.142, monto que el organismo fiscalizador busca su reposición a través de su Tribunal de Cuentas.

En el proceso también está involucrado el abogado Nelson Hadad quien en ese entonces era coordinador de Compras y Contratos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). El proceso, que hasta hace pocas semanas había permanecido en pausa, retomó su curso luego de que Hadad presentara un recurso ante la Corte de Apelaciones contra la Contraloría por la demora del fallo. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Corte Suprema.

Tal como informa La Tercera, en el informe de 76 páginas presentado por el órgano se acusa que desde la Junta se “ordenó y pagó la producción de 313.359 TNE por la suma de $859.718.142, no obstante que los estudiantes no cumplían con los requisitos para su obtención, toda vez que no eran alumnos regulares, situación que será objeto de reparo”.

Asimismo, acusan la contratación de 44 módulos de atención para tarjetas TNE a la empresa E-Mach Card Limitada, sin embargo, finalmente solo se habilitaron 28, lo que significó una diferencia de casi 15 millones.

No fue hasta el debate del pasado viernes 15 organizado por la Archi que, luego de ser consultada sobre el tema, la abanderada de Nuevo Pacto Social admitió estar en conocimiento del caso. Ante las acusaciones contra su cónyuge, aseguró que “es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos”.

Asimismo, dijo: “Yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó 7 meses en la Junaeb. No fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. Era un coordinador, un funcionario a contrata. Esta decisión se tomó en febrero del 2017, él estaba haciendo uso de su feriado legal del 2 al 27, no estaba ni siquiera en la zona”. Sin embargo, la aclaración de la candidata es distinta al nombre del cargo en el que su esposo se desempeñaba y por el cual firmaba documentos oficiales bajo el título de Jefe del Departamento de Logística.

Sobre el proceso judicial y las repercusiones en su candidatura aseguró que “personalmente, me alegro muchísimo que surja esto porque además da cuenta que todos estos años que no se ha movido esta causa de la justicia, que yo en mi calidad de diputada y luego como senadora nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencia para que esta situación siquiera fuera vista”.

Los trabajos de Olagnier con el Estado

La presencia de Olagnier como trabajador en reparticiones del Estado es de larga data y tal como en su minuto explicó su defensa, ya en 2011 sumaba más de diez años como funcionario público. También pasó por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), de donde finalmente fue desvinculado.

Olagnier se desempeñaba en el Ministerio de Educación bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ya en 2011 y con el mandato de Sebastián Piñera fue que el órgano perteneciente al Mineduc recibió una denuncia y posterior condena del Segundo Tribunal Laboral de Santiago. La determinación acusaba que el esposo de Provoste había sido discriminado por su jefatura, sumado a temas de orden político, decisión que terminó en una indemnización por doce millones de pesos.

En ese entonces, la diputada Ximena Ossandón (RN) estaba a la cabeza de la institución.

Pero, el fin de sus vínculos con el Estado no sería para siempre. Con la vuelta de la Nueva Mayoría al gobierno y el segundo turno de Bachelet, Mauricio Olagnier se volvió a incorporar al Mineduc, esta vez en la Junaeb, paso que hasta hoy lo mantiene enfrascado en un lío con la Contraloría. La historia se repitió y tras el regreso de Chile Vamos al Gobierno el esposo de Provoste dejó el cargo.

Por Ángela del Canto para El Líbero

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