Por más de 10 horas fue que el pasado 27 de abril el único accionista de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, declaró ante dos efectivos de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI. Tal como habían adelantado desde su defensa, en ese espacio se tomó el tiempo de detallar, paso a paso, cómo fue que llegó a adquirir la ex Clínica Sierra Bella en poco más de $ 2 mil millones, para luego intentar venderla en más de $ 8.200 millones a Santiago, comuna que pretendía instalar ahí su primera clínica municipal.

Todo, como ha señalado públicamente el abogado, con miras a colaborar e intentar despejar su participación en el caso donde el Ministerio Público indaga presuntos delitos de fraude al Fisco. Como repitió durante su comparecencia, a su juicio fueron los funcionarios municipales los que apuraron las cosas e intentaron sellar rápidamente la compra del recinto. Incluso, enfatizó, le pidieron que aplazara sus vacaciones para no retrasar los trámites.

Pero fue por parte. Como da cuenta la transcripción de su testimonio, contenido en un documento de 17 carillas al cual La Tercera PM tuvo acceso, partió explicando cuándo y cómo comenzó a incursionar en el mundo de las cirugías estéticas junto a un amigo médico, lo cual posteriormente lo llevó a adquirir su propia clínica y entrar en la transacción que hoy tiene en la mira a la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC).

“Nos comenzó a ir muy bien, por lo que se nos hacía necesario arrendar pabellones con alta frecuencia, pero no había tanta disponibilidad para aquellos. Por esto, empecé a hacerme la idea de hacerme de una clínica”, comentó a los investigadores, para luego asegurar que arrendó un inmueble y posteriormente comenzó las tratativas con la Sociedad Médica Sierra Bella, otrora propietaria del polémico inmueble.

Tras varios intentos, y producto de las repercusiones del estallido y del contenido de la ahora rechazada propuesta de nueva Constitución -como indicó- es que en diciembre de 2021 Sánchez logró cerrar el trato con ellos, acordando que pagaría $ 2.200 millones. “La sociedad médica de la Clínica Sierra Bella estaba en medio de un apuro económico, habían recibido previamente solicitud de quiebra forzosa, estaban cerradas sus operaciones”, sostuvo.

Rápidamente, como mencionó, encargó una tasación del recinto al Banco Itaú, que arrojó que la clínica tenía un valor de 109 mil UF, lo que hoy equivale a $ 3.934.146.810. Aquello le reafirmó que había hecho un buen negocio, aunque, a su juicio, siempre las entidades bancarias “castigan” este tipo de recintos.

El 14 de abril firmó las escrituras, y en octubre le hicieron entrega material de las instalaciones, aunque en el intertanto comenzó con labores de reparación, pues como indicó ante la PDI, la idea era seguir con el negocio de las cirugías estéticas. Sin embargo, todo dio un giro cuando a mediados de septiembre del mismo año una funcionara del Cesfam Padre Orellana, ubicado en las cercanías, se acercó a preguntar si el recinto estaba a la venta.

Los primeros contactos

De acuerdo con el relato de Sánchez, tras ser alertado sobre la concurrencia de la interesada, se apersonó en el mencionado Cesfam, conversó con la funcionaria y de inmediato programaron una visita técnica, la cual se realizó el 21 de octubre de 2022.

“Luego de esta visita técnica me contactó la funcionaria, para consultarme si teníamos un precio por la Clínica, ya que esto lo estaba consultando su jefatura, a lo que yo respondí, que había encargado un estudio de valorización del activo de salud, a una empresa experta en valoraciones de este tipo de activo llamada ESCINCO (…) El valor obtenido por el estudio de valorización del activo efectuado, como una unidad económica explotable, arrojó un valor de 238.000 UF, aproximadamente (lo que hoy equivale a $ 8.590.155.420)”, sostuvo, agregando que ante esa información, la citada funcionaria le comenta que lo llamarían para una visita que haría la alcaldesa y los tasadores.

Ahí, agregó, fue cuando todo comenzó a ir más rápido. “La visita de la alcaldesa Hassler se materializó el 05 de diciembre de 2022, quien fue acompañada con doce personas aproximadamente (…) Recorrimos la clínica completa, haciendo las explicaciones de las resoluciones sanitarias y de la infraestructura de salud”, comentó el abogado.

Hizo presente, de esta forma, que le llamaron mucho la atención las palabras que ese día Hassler esbozó.

“Me llamó mucho la atención que la alcaldesa con su equipo de comunicación, anunciaron en ese momento la posible adquisición, siendo una etapa bien prematura del proceso. En este mismo momento, la alcaldesa le habla a sus acompañantes, a viva voz, tipo declaración, que estaba a la espera de sus valoraciones y que era de todo su deseo llegar a un acuerdo para adquirir el establecimiento”, sostuvo.

Pero eso no fue todo. Sánchez también remarcó que sólo 15 días después, el 20 de diciembre, tuvieron la reunión donde Hassler le hizo una oferta y cerraron un acuerdo.

“Puedo señalar que en esta reunión la Alcaldesa nos hizo una primera oferta de 8 mil millones de pesos, la cual rechacé. Ante esto, la alcaldesa hizo cálculos, le preguntó cosas a su equipo. La alcaldesa es economista, es Ingeniera Comercial de profesión, por ella me hace una segunda oferta por el valor finalmente aceptado, por la suma de 234.124 UF. Esta reunión no fue por Ley del Lobby, nos citaron ellos, nosotros no pedimos la reunión, por lo que le pedí a la alcaldesa un acta, dado que ella dirigió siempre la negociación por la parte compradora, sin embargo, me comunicaron que no era necesario, por lo que, le solicitamos que nos enviaran una carta oferta”, prosiguió.

Igualmente, el dueño de San Valentino manifestó que el 26 de diciembre llegó la carta oferta y que comenzaron algunas presiones. “Quiero agregar que, tuvimos una difícil relación con el Sr. Jean Pierre Chifelle y con el Sr. Luis Mayorga, el primero de estos, sentimos que tenía poco manejo jurídico, él confundía distintos temas, tales como la causa penal que tenía la Clínica Sierra Bella, como también, un antiguo alzamiento de la hipoteca por parte del banco Internacional. Esto nos llevó a que nosotros tuviésemos que entregarle el modelo escritura”, sostuvo.

Asimismo, aseveró que no se firmó una promesa de compra-venta, porque según Sánchez, Chifelle “apresuró la compra-venta, esto demuestra la celeridad con que la municipalidad actuó. Es más, yo tenía programada vacaciones cercano al 20 de enero, estaba viendo dónde viajar, pero el señor Chifelle me señaló que pospusiera mis vacaciones para proceder a la compra-venta. Ellos hacían cálculo el día en que se aprobaba en el Concejo el presupuesto, como también la compra-venta, como también, las fechas de los documentos”.

“Los tasadores concurrieron en conjunto”

En medio de su declaración, asimismo, Sánchez abordó lo referente a las tasaciones elaboradas por los funcionarios que contrató la municipalidad y aseguró, tal como lo informó La Tercera Domingo, que los profesionales fueron todos juntos en compañía de Loreto Fernández.

“Los tasadores concurrieron en conjunto y fueron atendidos por mí. Respecto a su pregunta a si los tasadores concurrieron con personal municipal, puedo señalar que sí, Loreto Fernández, funcionaria de Codesan concurrió juntamente con ellos o llegó más tarde”, comentó el abogado. Y agregó, del mismo modo, que Fernández al día siguiente le envió un mensaje, “señalándome, ‘hola soy Loreto Fernández’, pidiéndome planos, permisos, información técnica, resolución sanitaria, entre otros, todo esto a través de whatsapp”.

Eso sí, según declaró, a los tasadores solamente los vio en el momento de su visita a la Clínica, “no existiendo ningún otro contacto con ellos, ni tampoco se les entregó ningún tipo de información o documentos. Lo usual es que los tasadores pidan documentación, pero ellos lo solicitaron a través de la funcionaria de la Codesan, quien asistió el día de la vivista, doña Loreto Fernández”, quien fue desvinculada esta semana.

Consultado respecto del trabajo que emanaron los tres tasadores contratados por Santiago, Sánchez declinó emitir juicio, aunque indicó: “Creo que la alcaldesa debió haber pedido nuevos informes, complementaciones y/o efectuado nuevas tasaciones, de manera de respaldar su compra”.

Además, respecto de por qué no ha comenzado a utilizar las instalaciones que adquirió y que no puedo vender, manifestó que el fallido negocio le ha “traído devastadores costos personales, familiares, de exposición públicas y por ende, comerciales, al vincular todo esto a un delito. Además, que estamos en un Estado de derecho y los contratos son leyes para las partes y se deben respetar”.

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