El jueves 29 de junio el Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas surgidas hacia 2 autoridades de gobierno, luego de que la fiscalía de Antofagasta abriera una investigación por presunto fraude al fisco a raíz de los convenios por $426 millones suscritos por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática (RD).

  • “Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, si esos antecedentes cambian evidentemente uno puede reconsiderar, ni el seremi del Maule, ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, dijo desde Coihueco.
  • Esa tarde la fiscalía del Maule abrió una indagación por los traspasos por $109 millones de Vivienda a la fundación Urbanismo Social, donde trabajó durante 6 años el seremi Rodrigo Hernández (RD), antes de asumir como secretario regional ministerial. Si bien Hernández ha asegurado que se inhabilitó en la decisión, el ministro Carlos Montes (PS) anunció la apertura de una indagación interna.
  • Este martes, 5 días después de la declaración del mandatario, la fiscalía del Biobío anunció la apertura de una investigación por los traspasos por $148 millones desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la misma fundación, Urbanismo Social.
  • De acuerdo con su LinkedIn, la delegada RD Daniela Dresdner fue entre julio de 2017 y marzo de 2018 coordinadora social de esa fundación, donde tuvo a su cargo la “coordinación de equipo de la fundación en el trabajo comunitario para la construcción del Parque Estero Quilqué en Los Ángeles”.
  • A raíz de los cuestionamientos de parlamentarios de la zona, Dresdner dijo el 23 de junio que “nunca fui parte ni de los directorios ni de la dirección de ninguna manera, fui contratada para proyectos específicos en dos periodos y no mantuve ninguna relación con ella, desde que salí en 2017”.
  • Paralelamente, la fiscalía ha abierto investigaciones por los convenios por más de $4 mil millones firmados por el gobernador Patricio Vallespín (ex DC) en Los Lagos, y por los contratos de la Seremi de Vivienda de Atacama con la fundación Comprometidos, ligada al PRO, por $128 millones.
  • Lo anterior totaliza indagaciones abiertas en 5 regiones: Antofagasta, El Maule, Los Lagos, Atacama y el Biobío.

Dresdner y Democracia Viva. Las críticas parlamentarias hacia Dresdner también provienen de sus vínculos con Democracia Viva, arista que no fue abierta por la fiscalía.

  • Dresdner fue entre 2018 y 2020 jefa de gabinete de la diputada RD Catalina Pérez (quien fue jeja de Carlos Contreras, el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta que suscribió los acuerdos con Democracia Viva. La fundación es presidida por Daniel Andrade, entonces pareja de la parlamentaria).
  • También fue incluida en los estatutos del 6 diciembre de 2021 como directora de Democracia Viva, pero quedó fuera del registro porque la Municipalidad de Ñuñoa puso una objeción formal al documento.
  • Diecisiete días antes — el 19 de noviembre de 2021— había recibido una boleta de $3.902.500 por una asesoría comunicacional prestada por Daniel Andrade, cuando corrió como senadora.
  • Dresdner fue incluida en la querella presentada el 27 de junio por RD contra quienes resulten responsables de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. En ésta pidieron que sea citada a declarar por sus vínculos con Democracia Viva.

Qué dijo la fiscalía. En una declaración difundida este martes, la fiscalía del Biobío afirmó que abrió de oficio 2 indagaciones, las que serán vistas por la fiscal anticorrupción María José Aguayo.

  • “En la primera de ellas se indagan eventuales irregularidades en los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social de parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu)”, escribieron.
  • “La segunda está relacionada con la Organización No Gubernamental (ONG) Red Cultivarte y se investigan eventuales irregularidades en la asignación de fondos entregados por el Gobierno Regional”.
  • En este caso se indaga el traspaso por asignación directa en 2022 de más de $274 millones, desde la gobernación dirigida por Rodrigo Díaz (ex DC), a una organización no gubernamental representada legalmente por Elizabeth Villanueva. Según dio a conocer Radio Biobío, la directiva es cuñada del alcalde Coronel Boris Chamorro (independiente).
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