Con 6 votos a favor y 1 en contra, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió acoger a trámite la solicitud ingresada por el Senado el 20 de julio respecto de declarar inconstitucional el decreto que creó la Comisión contra la Desinformación. El único voto en contra fue el de su presidenta Nancy Yáñez, cuyos lazos con la administración Boric son conocidos, aunque aún está por verse lo que decidirá el TC al revisar el fondo del problema. El organismo está alojado en el Ministerio de Ciencias, pero es asociado a la vocera Camila Vallejo, quien, junto con Etcheberry, deberá enfrentar esta tarde una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre este tema.

Qué observar. El 19 de julio, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que se solicitaba al Tribunal Constitucional revisar el decreto que creó la Comisión contra la Desinformación. La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor (oposición y demócratas), 11 en contra y 2 abstenciones. Estos últimos fueron de los socialistas Fidel Espinoza y José Miguel Insulza.

  • El requerimiento fue ingresado el jueves 20 de julio por el abogado Arturo Fermandois. Ese jueves era el último día en que se podía recurrir al TC para que se pronunciara sobre la creación de la comisión que está alojada en el Ministerio de Ciencias, pero que se asocia a la ministra Camila Vallejo y que viene rondando en la izquierda desde la campaña presidencial.

La decisión del pleno. El pleno del TC sesionó la mañana de este miércoles y se resolvió acoger a tramitación el requerimiento.

  • La solicitud fue con el voto en contra de la presidenta del TC, la ministra Nancy Yáñez, cuya cercanía con la administración Boric es conocida.
  • Los votos favorables fueron de los ministros Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Manuel Núñez y Daniela Marzi.
  • La resolución del TC de acoger a trámite el requerimiento del Senado representa un golpe para la ministra Vallejo -dado que los integrantes del tribunales son mayoritariamente más afines al oficialismo- pero el tribunal de todas formas debe revisar aún el fondo del caso. En ese proceso no existen certezas respecto de lo que pueda ocurrir.
  • Esta tarde, además, Vallejo deberá enfrentar una sesión especial de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que tratará exclusivamente la Comisión contra la Desinformación.

Los argumentos. Recurrir al TC fue una arremetida que gestionó la UDI en el Senado y que fue rápidamente apoyada por los parlamentarios de RN, Evópoli y Demócratas.

  • “Respecto de la libertad de emitir opinión y la de informar, el artículo 19 número 12 de la Constitución dispone una reserva de ley más estricta, pues sólo por ley de quórum calificado se pueden establecer y regular los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, y sólo por ley se pueden dictar las regulaciones y erigir los organismos relativos a la libertad de expresión de que trata ese numeral constitucional, como es el caso del Consejo Nacional de Televisión”, decía el proyecto de acuerdo.
  • Ese 19 de julio, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, el que abordó la solicitud del Senado: “La opinión de los senadores en orden a que le contenido de dicha comisión se refiera a la libertad de emitir opinión y la de informar, no solo es incorrecta, no se compadece con el texto de la comisión y en nada se asocia a las materias que están establecidas en la Constitución con ese fin”.

Preocupación en La Moneda. En La Moneda están conscientes del riesgo que podría implicar que el TC declare inconstitucional el decreto, aunque también saben que si el tribunal termina rechazando el fondo del requerimiento puede constituir una importante triunfo para la ministra Vallejo.

  • De todas formas, más allá de que el tribunal le otorgue la razón a la administración Boric, la Comisión contra la Desinformación sigue ganando detractores y elevando el calado de la controversia.
  • En La Moneda están al tanto de los reparos que había generado en amplios sectores el proyecto, que el gobierno lo explicó oficialmente como una instancia que abordará temas sobre desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales y hará recomendaciones sobre políticas públicas.
  • Es sabido que el decreto no es del agrado de parte del socialismo, como ocurrió con el senador Alfonso de Urresti en la comisión de Constitución.
  • A él se sumaron parlamentarios de oposición y el periodista Santiago Pavlovic, quien habló de la iniciativa y dijo que no aporta a la libertad de expresión en Chile y que, más bien, es un peligro para ella, ante la misma comisión. Una posición similar marcó la Sociedad Iberoamericana de la Prensa (SIP).

Original de ex-ante.cl

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