Tras la detención del director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, la oposición direccionó sus dardos contra la diputada Catalina Pérez (suspendida de Revolución Democrática) y pidieron su desafuero para que se pueda avanzar la investigación y así, esclarecer el escándalo de corrupción que socava a las fuerzas de Gobierno.

El abogado querellante de la UDI en el Caso Convenios, Pablo Toloza – a minutos de la formalización de Andrade y Conteras – aseguró que con los antecedentes que están a disposición, la legisladora habría tenido conocimiento previo, por lo que se está evaluando solicitar el desafuero.

En ese contexto, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, celebró la detención de los involucrados en el caso de Democracia Viva, «y también me pregunto, ¿Realmente la diputada Catalina Pérez no sabía? ¿La Fiscalía cuándo va a concretar el desafuero de la diputada Catalina Pérez para que investiguen realmente hasta las últimas consecuencias?», preguntó la legisladora.

La Fiscalía está indagando posibles vínculos entre dineros recibidos por la fundación y la exvicepresidenta de la Cámara, que tienen relación a un depósito de un vale vista a la parlamentaria por más de $15 millones.

Por su parte, a través de una declaración pública, Pérez negó haber recibido dinero proveniente de Democracia Viva.

«Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito por más de $15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros. El 5 de noviembre de 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco Estado. En enero de 2023, 14 meses después, retiré ese depósito, con intereses, a través de un vale vista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Ese es origen de este depósito», explicó.

«Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios.Lamento que parte de la prensa haya publicado información falsa en un tema tan delicado. Basta de enlodar a las personas. Se requiere hablar con la verdad. Hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente una y otra vez que no he recibido ni un peso de estos convenios, no he participado de ninguna forma en la gestión de los convenios y que mis cuentas corrientes y mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas. No tengo nada que ocultar», precisó Pérez.

Ante la negativa de la diputada y un eventual desafuero, el legislador Andrés Celis (RN) dijo que «sobre el vale vista, creo que ya es hora que se pida el desafuero y espero que sea prontamente desaforada y que enfrente a la justicia como debe ser. Creo que tiene una personalidad el que ha desarrollado de enfrentar a la prensa el desconocer de que no sabía absolutamente nada, que casi es una víctima de un complot que le hizo una pareja por años, que le hicieron un grupo de amigos, de amigas, de militantes, de un partido político y que ella es, como les digo, una especie como de santa que se ve envuelta en un delito, en un crimen y que se espanta al saber la verdad».

«Yo creo que ella tiene que enfrentar la justicia, tiene que ser desaforada y tiene que hablar con la verdad. Yo creo que en este momento la única persona que le puede creer debe ser su familia», agregó.

Desde el oficialismo también deslizaron la idea del eventual desafuero de la legisladora. El diputado Raúl Soto (PPD) dijo que «el caiga quien caiga incluye a todos, también a la diputada Catalina Pérez. Acá nadie está por sobre la ley, y no hay que dar ninguna señal de impunidad».

«Si la investigación, que es la encargada de determinar las responsabilidades criminales, señala que tiene algún grado de involucramiento, lo que corresponde es que se solicite su desafuero, para que enfrente la justicia, como cualquier chileno o chilena», añadió Soto.

Cabe recordar que el fuero parlamentario es un beneficio que permite que un parlamentario no pueda ser procesado o privado instantáneamente de su libertad, sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, a menos que se trate de un delito flagrante.

En esa línea, si un parlamentario es desaforado queda suspendido de su cargo y sujeto al juez competente como cualquier otro ciudadano.

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