Una nueva arremetida sumó hace algunas semanas el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en medio del tira y afloja que ha seguido con la Fiscalía producto de la causa por los apremios ilegítimos registrados durante el estallido social, y en cual es indagado.
Y es que además de solicitar su sobreseimiento definitivo a fines de noviembre de 2023, ahora el mandamás de Carabineros, por medio de su abogado, pidió al fiscal nacional Ángel Valencia la inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz, persecutor regional Centro Norte, y de Ximena Chong, quien lidera las pesquisas.
En el escrito remitido con fecha 24 de noviembre, el abogado de Yáñez, Jorge Martínez Cornejo, argumentó que ambos persecutores “carecen de la debida objetividad e imparcialidad para seguir adelante” con la investigación.
Asegura, en los mismos términos, que ambos profesionales han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019″.
Agregan, además, que aún cuando Yáñez ha comparecido en todas las causas vinculadas al estallido social, ante Chong y la fiscal Claudia Perivancich, “el general ha sido sujeto de reiteradas citaciones por parte de la fiscal Chong, por instrucción del fiscal Armendáriz, para que se preste nuevamente declaración”.
Manifiestan, en ese sentido, que Yáñez no ha podido concretar su asistencia “por las múltiples actividades propias del cargo y viajes al extranjero, todos los cuales han sido informados debidamente a la persecutora, pero, además, porque para nuestro representado, ambos funcionarios públicos no le dan garantía de un justo y debido proceso”.
Ante esto, el fiscal Ángel Valencia, con fecha 6 de diciembre, acusó recibo de los antecedentes y respondió: “Los antecedentes serán analizados, junto con aquellos que se han solicitado al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte y se le informará oportunamente la resolución que se adopte, a los correos electrónicos señalados en su presentación”.
Según la defensa de Yáñez, en todo caso, el tiempo para dar respuesta a la solicitud ya habría expirado. Eso, dice, contraviene lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuestión que, como indicó, “afecta las garantías constitucionales de nuestro representado de ser juzgado en un plazo razonable y su derecho a defensa”.
Con todo, la defensa sigue aguardando una respuesta, y en paralelo se preparan para la audiencia en que se discutirá el sobreseimiento del director general, fijada para el próximo 19 de enero.
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