A las 21:56 de la noche de este domingo 17 de marzo, el gobierno formuló observaciones y, finalmente se hizo parte (y solicitó alegatos) del requerimiento al Tribunal Constitucional que semanas atrás hizo un grupo de 17 senadores oficialistas, quienes buscan dejar sin efecto la mutualización, mecanismo que busca compartir costos y riesgos, y que a través de una indicación de los senadores de oposición quedó en la redacción del proyecto, lo que así como está reduciría el cálculo de la deuda a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.
“Garbriel Boric Font, Presidente de la República, y Álvaro Elizalde Soto, ministro Secretario General de la Presidencia, ambos domiciliados para estos efectos en Palacio de la Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago, en relación al requerimiento de inconstitucionalidad rol N° 15180-2024, presentado por un grupo de H. Senadoras y H. Senadores contra la indicación realizada al artículo 3° del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud (…) a Su Señoría Excelentísima decimos: que, encontrándonos dentro de plazo y de acuerdo con lo ordenado por S.S. Excma. venimos en formular las siguientes observaciones con el objeto de que, sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que exponemos, resuelva acoger el presente requerimiento en todas sus partes”, se lee al inicio del escrito.
Así, luego de entregar sus argumentos, el texto pide “tener por evacuadas las presentes observaciones y, sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que exponemos, resuelva acoger el presente requerimiento en todas sus partes y declare la inconstitucionalidad de la indicación impugnada en su admisibilidad y quórum de aprobación por ser contrario al artículo 65 inciso cuarto Nº 6 y 66 en relación al artículo 19 Nº 18, 6º y 7º de la Constitución Política”.
Asimismo, el gobierno solicita “ser tenidos como parte en los autos para todos los efectos legales y oír alegatos en la causa de conformidad con el artículo 43 y 44 de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional”.
La acción viene a torcer la idea que hasta hace poco manifestaba el Ejecutivo. Y es que aunque la mutualización no era parte del proyecto presentado originalmente por el gobierno, las autoridades habían afirmado en más de una ocasión que querían evitar acudir al TC, al menos hasta que el proyecto de ley corta de isapres culmine totalmente su tramitación en el Congreso. Así lo manifestó en enero el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. “Nosotros esperamos la total tramitación de un proyecto y sobre esa base tomar decisiones”, dijo el secretario de Estado.
“Se ha generado un debate sobre la admisibilidad de estas materias adicionales, particularmente de la mutualización. No obstante, como todavía hay trámites legislativos, vamos a esperar la conclusión de estos para ver finalmente cómo queda aprobada la ley”, también había indicado.
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