Los gremios del comercio están preocupados por las mayores exigencias de la Ley N°21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas.
La normativa, promulgada en 2021, y que entró en vigencia en febrero de 2022, busca proteger el medioambiente, disminuir la generación de residuos y limitar la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos.
A través de una carta enviada el 5 de abril al ministro Álvaro Elizalde de la Secretaría General de la Presidencia, la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur); la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga); la Cámara de Centro Comerciales, y la Asociación Gremial de Industriales Gráficos (Asimpres) alertaron los efectos de la normativa.
“Nuestro país no dispone de la capacidad ni la oferta suficiente de proveedores ni certificadoras para atender la importante demanda de plástico certificado que la industria gastronómica requerirá en el contexto de la limitación de entrega de productos de un solo uso. Esta situación conducirá a que el sector se vea en la necesidad de buscar proveedores internacionales que se sujeten a los requisitos de los plásticos certificados en Chile, lo que evidentemente requerirá de diversas negociaciones y tiempo”, consignó la misiva a la que tuvo acceso Pulso La Tercera.
El presidente de la Achiga, Máximo Picallo, calculó millonarios perjuicios y solicitó aplazar las mayores exigencias que establece la normativa a contar de agosto de 2024. A partir de esa fecha, la ley ordena que ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable.
“Tenemos una ley que está atrasada, porque el Ministerio del Medio Ambiente no generó el reglamento en febrero del año pasado y hoy está recién publicado para que los actores hagan consultas”, explicó a Pulso La Tercera. “La ley le costará US$30 millones anuales al sector gastronómico, y en septiembre con las fondas se darán cuenta de que es muy talibán”, añadió.
A través de Ley de Lobby, Achiga se han reunido con representantes de los ministerios de Economía y de la Secretaría General de Gobierno. La próxima semana prevé juntarse con autoridades del Ministerio del Medio Ambiente. El gremio está siendo asesorado por José Domingo Ilharreborde, socio de E-I Abogados, quien ha participado en las audiencias.
Luego de ocurrida la discusión del proyecto de ley en 2022, Achiga presentó dos estudios, uno de Quiroz y Asociados que aborda el impacto económico y otro que habla sobre las repercusiones ambientales, del Dictuc.
La presidenta Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, coincidió con su par de Achiga y dijo que la puesta en marcha de la ley debe ser postergada. “Pensamos que se requiere más plazo para la entrada en vigencia de esta ley, ya que falta el reglamento y, en consecuencia, hay varios aspectos de la normativa que se desconocen. Apoyamos el espíritu de la ley, el cuidado del medioambiente y la adopción de nuevos hábitos en pro de la sustentabilidad, pero esta ley significa un cambio grande para la industria gastronómica, clave para los centros comerciales. Se requiere más tiempo para aclarar inconsistencias y preparar esta transformación que involucra muchos cambios operativos”.
/
