Un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago puso en el foco de atención a la Municipalidad de Lo Barnechea y a su alcalde, Cristóbal Lira (UDI), quien se ha negado sistemáticamente a transparentar el destino de más de 50 mil millones de pesos que el municipio ha transferido a organizaciones funcionales de la comuna.
Estas organizaciones fueron creadas como entidades privadas en 2009, durante la gestión del exalcalde Felipe Guevara (RN), y desde entonces han estado dirigidas por personas de confianza del jefe comunal de turno. Se trata de Lo Barnechea Servicios, Lo Barnechea Seguridad, Lo Barnechea Deportes, entre otras.
Pese a ser el municipio operando con otro nombre (incluso usan el mismo logo y redes sociales), Lo Barnechea insiste en que estas organizaciones son entes privados externos, equiparables a una junta de vecinos. Con este argumento, la municipalidad ha negado durante años la entrega de información sobre cómo se gastan los recursos públicos que allí llegan o quiénes han sido contratados en los últimos 15 años.
Cabe destacar que la ejecución de esos recursos escapa de la supervisión de la Contraloría y de los requerimientos de la Ley de Compras Públicas, que busca evitar que se compre “a dedo” con dinero público. Tampoco se someten a los dictámenes del Consejo para la Transparencia y la ciudadanía no tiene garantía alguna de poder solicitar acceso a información pública de forma efectiva.
Sin embargo, todo eso estaría a punto de cambiar. Luego de un largo proceso iniciado en 2022 por América Transparente, la Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado que estas organizaciones funcionales en Lo Barnechea sí están sujetas a la Ley de Transparencia y, por ende, deben entregar información sobre cómo y en qué gastan el dinero que la municipalidad les transfiere cada año.
Este hito es relevante por varias razones.
En primer lugar, es importante recordar que las organizaciones funcionales no están sujetas a la Ley de Transparencia porque son entidades privadas y no públicas. Es el caso, por ejemplo, de un centro de madres o de un grupo folklórico en una comuna.
Sin embargo, pese a haber sido constituidas como entidades privadas, en Lo Barnechea estas organizaciones funcionales se han convertido en una administración paralela a la municipalidad, que ejecuta presupuestos millonarios en servicios comunales como seguridad y actividades en deporte y cultura, sin licitación a través de las plataformas del Estado y sin un registro público de los funcionarios contratados y sus sueldos. Esos recursos millonarios provienen íntegramente de la municipalidad. A pesar de su naturaleza pública, se manejan como recursos privados.
Es el caso, por ejemplo, de Lo Barnechea Servicios. Esta fue presidida desde un comienzo por Sebastián Torrealba (RN), cuando era jefe de gabinete de Guevara. Es decir, la organización fue constituida por personal municipal y se financia solo con fondos municipales, pero Lo Barnechea insiste en que nada tiene que ver con ellos y menos con la transparencia.
El fallo de la Corte de Apelaciones, sin embargo, ha dejado claro que estas organizaciones son, en realidad, instrumentales del municipio. En palabras del fallo, son “una organización instrumental de la Municipalidad de Lo Barnechea, un apéndice –hoy muy abultado– en el ámbito de las organizaciones comunitarias, que nace para prestar servicios a la comunidad en lugar de ese municipio… siempre con los fondos públicos que suministra la Municipalidad de Lo Barnechea”.
En segundo lugar, las investigaciones de América Transparente han podido constatar que el personal de estas organizaciones está compuesto en gran parte por militantes de partidos políticos afines al alcalde de turno y que ha existido una alta rotación de funcionarios entre estas entidades y el municipio. Así, por ejemplo, la exjefa de gabinete del alcalde Lira pasó de ese cargo a uno en Lo Barnechea Servicios, para luego regresar al municipio. Es decir, son recursos públicos administrados por funcionarios públicos.
En tercer lugar, es necesario llamar la atención respecto a las similitudes entre el caso de Lo Barnechea y las entidades Vita de Vitacura, donde durante la gestión del exalcalde Torrealba (RN) también se crearon entidades funcionales que administraron recursos millonarios sin transparencia. En ambas comunas, tuvo un rol relevante el señor Guevara: en Vitacura como director de Desarrollo Comunitario de la municipalidad por más de una década, y en Lo Barnechea, como alcalde mientras se creaban estas organizaciones comunitarias.
En Vitacura, el cambio de partido político del alcalde y la autodenuncia de algunos funcionarios, llevó a que se hicieran evidentes los motivos por los cuales no se quería transparencia en las organizaciones funcionales de Vitacura: existía una extensa red de defraudación de recursos fiscales de la cual el alcalde Torrealba era cómplice.
Como fundación, nos preocupa que, detrás de la persistencia en negar el acceso al destino de 50 mil millones, pueda esconderse una situación tan grave como la vivida en Vitacura. Esperamos que no sea así.
El llamado es claro: los recursos públicos merecen tener un destino público. Si bien el fallo es un paso en la dirección correcta, es fundamental que el alcalde Lira lo acate y no lo apele a la Corte Suprema. También esperamos que los precandidatos a la alcaldía, Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI), se comprometan con la transparencia de estas organizaciones.
Si eso no sucede, no solo se malgastarán más recursos públicos en tribunales, sino que se seguirá engrosando el monto, ya enorme, de recursos ocultados por este municipio. La transparencia en el gasto no garantiza la probidad, pero es un primer paso indispensable, para que los recursos de los municipios se gasten en donde las personas los necesitan y no terminen en sobres de billetes en efectivo o en los bolsillos de operadores políticos.
