La Justicia boliviana ordenó este viernes cuatro meses de prisión preventiva para Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y figura emblemática de la oposición, bajo el argumento de su presunta responsabilidad en el caso «golpe de Estado I», vinculado a la crisis política de 2019 que culminó con la renuncia de Evo Morales. Camacho fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, cerca de La Paz, tras un operativo policial cuestionado que incluyó su detención el miércoles en Santa Cruz y su traslado a la sede de gobierno.
La audiencia maratónica y las reacciones inmediatas
El juez del juzgado octavo de Instrucción en lo Penal dictó la medida tras una audiencia virtual de más de nueve horas, seguida por Camacho desde la Felcc en La Paz. Su equipo denunció en Twitter una «armada, oscura, abusiva, atentatoria e incongruente resolución judicial», tachando el proceso de persecución política. Mientras tanto, la Fiscalía y el oficialismo anunciaron que apelarán para extender la detención a seis meses, alegando riesgos de fuga u obstrucción. La defensa del gobernador, en cambio, insistió en la falta de fundamentos legales para la prisión preventiva.
El trasfondo político: ¿Justicia o retaliación?
Camacho, líder de la región más rica y opositora de Bolivia, declaró durante la audiencia: «Nunca me voy a rendir, venimos luchando contra el abuso del masismo. Esta es una lucha por la democracia y la libertad». Su postura refleja el enfrentamiento histórico entre el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y las élites cruceñas. Evo Morales, desde su cuenta de Twitter, celebró el fallo: «Finalmente, después de 3 años, Camacho responderá por el golpe que derivó en robos, persecuciones y masacres».
La sombra del caso Jeanine Áñez —condenada a 10 años en 2022 por el «golpe de Estado II»— planea sobre este proceso. Jorge Quiroga, exmandatario boliviano, criticó al presidente Luis Arce: «Se presta para lavar la cara del fraudulento que fugó [Morales] y consuma un golpe contra Santa Cruz», acusando al gobierno de erosionar la legitimidad constitucional.
Santa Cruz en pie de lucha: Paro y polarización regional
Mientras se conocía el fallo, la Asamblea de la Cruceñidad —entidad cívica que agrupa a sectores clave de Santa Cruz— inició un paro de 24 horas exigiendo la liberación de Camacho. La medida subraya la fractura entre el oriente boliviano y el gobierno central, históricamente marcada por tensiones económicas, políticas y culturales.
Análisis: Un tablero judicial en medio del conflicto
La detención de Camacho no es un hecho aislado, sino un eslabón en la cadena de judicialización de la política boliviana post-2019. El uso de figuras como «terrorismo» para imputar a opositores —algo que la Fiscalía aplica a Camacho— refleja la profundización de una narrativa donde el MAS busca consolidar su relato sobre el «golpe» como herramienta de deslegitimación contra adversarios.
Sin embargo, la respuesta cruceña —con movilizaciones y un discurso de defensa autonómica— evidencia que el conflicto podría escalar. Con un 2023 marcado por presiones electorales y económicas, Bolivia enfrenta un riesgo latente de ingobernabilidad, donde Chonchocoro no es solo una cárcel, sino un símbolo de la batalla por el control narrativo de su historia reciente.
Conclusión: ¿Hacia un punto de quiebre?
El caso Camacho reabre heridas que nunca cerraron del todo. Más allá de los debates legales, el trasfondo es una pugna por el poder entre dos proyectos antagónicos: el centralismo del MAS y el autonomismo cruceño. En este escenario, la prisión preventiva no solo encierra a un líder, sino que enciende alertas sobre la estabilidad democrática en un país donde la justicia parece navegar, una vez más, en aguas turbulentas de la polarización.
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