Enero partió complejo para el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, con el anuncio de tres acusaciones constitucionales: una contra el ministro Giorgio Jackson, que fue presentada el martes; otra contra la ministra Marcela Ríos, que se presentaría en los próximos días; y el «estudio» de un libelo contra el Presidente Gabriel Boric.
Todas son impulsadas por distintos sectores de la oposición, a excepción de la de Ríos, que es respaldada por todo Chile Vamos. En el caso de Jackson, los autores son los diputados republicanos; y la ofensiva contra Boric es aún una fase preliminar iniciada por un grupo de diputados RN y por otra parte, también el Partido Republicano.
Por ese motivo, en la misma oposición prevén que la iniciativa que mayor respaldo podría obtener es la de Ríos, que quedó en la mira luego de la polémica con los indultos presidenciales pero que ya tenía en su cuenta varios episodios previos que molestaron sobre todo a Chile Vamos.
En esa lógica, el texto que están preparando las bancadas, y que se presentaría entre el jueves próximo y lunes de la semana siguiente, aborda la polémica con los indultos, los beneficios carcelarios entregados y la forma en la que se ha conducido el proceso para nominar al fiscal nacional.
Los cálculos para los libelos
Para hacer avanzar la acusación son necesarios 78 votos, y la experiencia más cercana que tuvo la oposición en lograr ese número fue la votación de la presidencia de la Cámara en noviembre, donde sumaron 73. Esa cifra se dio con el PDG y la DC divididos, con un voto del independiente René Alinco y con la ausencia de dos diputados RN.
Es decir, si todos los diputados de Chile Vamos, todos los republicanos, todo el PDG y los ex PDG se sumaran, más una parte de la DC, probablemente se podría alcanzar el número para hacer avanzar la acusación al Senado. Esto por supuesto sin contar al oficialismo, desde donde señalan que será una buena oportunidad para aglutinarse como alianza de Gobierno y donde pronostican que no alcanzarán los votos para ninguno de los tres libelos.
En tanto, en RN reparan en que posiblemente estarán obligados a apoyar la acusación contra Jackson para obtener un apoyo recíproco a la de Ríos. En el resto de las bancadas opositoras coinciden con el mal desempeño que ha tenido la ministra y con que es viable su acusación, pero aseveran públicamente que estudiarán los antecedentes.
Eso sucede, por ejemplo, en el comité de los PDG -Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas, Karen Medina y Francisco Pulgar (Ind)- junto a Centro Democrático Unido, que reúne a los ex DC Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Jorge Saffirio y a la ex RN Erika Olivera.
«Queremos ser muy responsables, como fue nuestro comportamiento en el pasado, en el gobierno del Presidente Piñera, cuando varios de nosotros fuimos bastante responsables y ecuánimes al momento de evaluar nuestra participación en una acusación con nuestro voto. Esto merma y afecta la institucionalidad y democracia, por lo tanto tenemos que ser muy responsables», dijo Calisto.
«Yo haría un llamado al Partido Republicano y a Renovación Nacional a que se enfoquen en las acusaciones constitucionales que pueden tener mérito, pero que no estén disparando a la bandada simplemente porque la presa es mucho más interesante, mucho más sabrosa que es lo que puede ser un ministro o una ministra», agregó Rivas, quien señaló que la de Jackson y Ríos tendrían más mérito.
La situación se repite en el comité de los Independientes y Social Cristiano, que reúne a los ex PDG Yovana Ahumada, Víctor Pino, Roberto Arroyo, más Enrique Lee y Gloria Naveillán, y Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano.
A esto se refirió la diputada Ahumada, que señaló en cuanto a la acusación de la ministra Ríos que «cuando uno lo ve de manera general, pareciera que hay razones, pero quiero ser responsable. Podríamos apoyarla siempre y cuando tenga los méritos suficientes para avanzar y no quede en una acusación más».
En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) plantea que con el resto de los DC «vamos a estudiar concienzudamente esa acusación una vez que se presente. Lo que ha sucedido en Justicia es una situación compleja, grave, no solo con los indultos, también con toda la situación que ha habido con el nombramiento de los fiscales y una mala o inexistente relación que uno ve entre el ministerio y el Poder Judicial. No la descartamos a priori porque creemos que a raíz de los indultos, donde la ministra estampa su firma, se ha incumplido la Constitución».
En Chile Vamos, en todo caso, tienen opiniones distintas sobre el futuro de esa acusación si hubiera un cambio de gabinete que involucre a Ríos.
«Si el Gobierno o el Presidente decidiera cambiar a la ministra, bajaría mucho la tensión y habría que evaluar si es útil la acusación constitucional. Recuerden que esto le quita mucho tiempo al Congreso, muchas sesiones en que no se están aprobando otras leyes importantes. Sería una señal tremendamente importante del Ejecutivo hacerlo antes del proceso acusatorio», aseguró el diputado Jorge Alessandri (UDI).
Acusación contra el Presidente
En cuanto a la ofensiva contra el Mandatario, en la oposición varios advierten que no resultará, pero funciona como un método de presión y para exhibir el descontento.
De hecho, el tema fue tocado en las respectivas reuniones de bancada, y la UDI concluyó que para privilegiar la estabilidad en el país, no era lo más adecuado avanzar en esa línea. Por mientras, un grupo de diputados RN encargaron un informe jurídico a constitucionalistas para evaluar los pro y contra de una acusación en esa línea, lo que sería presentado a la bancada la próxima semana.
«Lo del Presidente está sujeto a análisis, evaluación, considerando que es la máxima autoridad de nuestro país. Hay algunos diputados que están en su legítimo derecho de solicitar ese informe por la preocupación respecto a las palabras del Presidente que parece que no sean propias de un Presidente», explicó el jefe de bancada RN, Andrés Longton.
En la misma línea, los republicanos explicaron que encomendaron a Ideas Republicanas «el estudio de los antecedentes, porque a raíz de lo que hemos conocido, a partir de las declaraciones del Presidente como de las declaraciones de la Corte Suprema, la Fiscalía, nos surge la duda, nos acompaña el reparo de que quizás existirían argumentos para acusar al Presidente. Anunciamos un estudio de esto. Jamás anunciaríamos una AC sin haber llegado al convencimiento», afirmó José Meza, jefe de bancada republicano.
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