El pleno del 16 de enero de la Corte Suprema revisó el que en ese momento era el preinforme sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Tras su revisión, dos días después emitió el oficio que envió al Senado, quien había solicitado su pronunciamiento en medio de la discusión de la iniciativa. Los ministros del máximo tribunal acordaron enviar un informe “desfavorable” al legislador debido a la forma en la que el Poder Judicial queda integrado en el proyecto, al menos hasta ahora, y que podría poner en serio riesgo la independencia de su labor como jueces.
El proyecto de ley, que fue ingresado al Congreso en septiembre de 2021, busca crear el Ministerio de Seguridad, y después a través de indicaciones del actual Ejecutivo pasó a llamarse “Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. El pronunciamiento de la Suprema es habitual en la discusión de proyectos de ley en los que se involucra al Poder Judicial. En este caso, el oficio del máximo tribunal se da luego de que el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Insulza, solicitara que se refiriera al Artículo Nº 2 del proyecto que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia simple.
La iniciativa legislativa contempla integrar al Poder Judicial como parte del “sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana”. A juicio del pleno de la Suprema, aquello no es claro, ya que no se especifica lo que contempla el sistema y que la redacción del proyecto sólo contempla que este estará compuesto por normas, políticas, planes e instrumentos de ámbitos que define como “inespecíficos”.
Ante eso, el texto asegura que “esta falta de claridad, producida por la amplitud de los términos escogidos por el legislador, convendría enmendarla, pues solo de esa forma el Poder Judicial sabrá a ciencia cierta qué se espera de él a través de su participación en el mentado sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana”.
El riesgo en la separación de los poderes
Más allá del cuestionamiento a la definición que tiene el proyecto, el informe de la Corte Suprema asegura que también existe un análisis respecto a la separación de los poderes del Estado. Esto porque el proyecto establece en su redacción que el Poder Judicial forma parte del “sistema de seguridad pública”, el que debe ser desarrollado por el futuro ministerio, quien se encargaría de desarrollar la política preventiva y de la seguridad pública.
Según sostiene el informe, aquello “encierra el riesgo de involucramiento y compromiso del Poder Judicial con agendas de gobierno, en materias que son parte del conocimiento ordinario de los tribunales de justicia en el ejercicio de la función propiamente jurisdiccional, lo que puede redundar en un debilitamiento de su independencia”.
Los términos en los que está redactado el proyecto, impedirían que el Poder Judicial pueda marginarse cuando cada gobierno de turno forme las políticas públicas, ya que no participaría sólo de manera técnica, sino que en la toma de decisiones gubernamentales, las que podrían terminar comprometiendo su independencia. Ante eso, el pleno plantea que “ese compromiso o involucramiento es el que debiera evitarse, porque la adhesión a una agenda o programa (…) acarrea una responsabilidad y un interés en su éxito, responsabilidad e interés que no se condice con el debido distanciamiento que el valor de la independencia judicial exige a la judicatura”.
Finalmente, el informe sostiene que aquello es desaconsejable porque adelgaza la línea que busca prevenir la intervención de un poder en las tareas del otro. “De prosperar una iniciativa legal como esta, debe asumirse esta nueva responsabilidad del Poder Judicial con cautela, y con conciencia de los riesgos reputacionales que encierra para éste la posibilidad de que la agenda de turno del Ejecutivo en materia de seguridad pública y orden público fracase”, asegura.
¿Involucrado en las políticas públicas?
En el detalle del informe, el máximo tribunal también desliza críticas al rol que tanto el Ejecutivo como el Congreso han dado al Poder Judicial en diversas materias. “No es posible desconocer que, de un tiempo a esta parte, los órganos colegisladores han venido incorporando al Poder Judicial al perímetro de las labores de gobierno y de generación de políticas públicas”. Por eso, asegura que el proyecto del Ministerio de Seguridad es un ejemplo más de aquello, y que, si bien viene de buenas razones, esta debe ser analiza por lo que genera.
Al final de su informe, el Poder Judicial concluye que la labor de este poder “no debe confundirse con la de aquellas autoridades con responsabilidad por políticas públicas, de manera que la participación de la judicatura en cualquier instancia colaborativa no puede en ningún caso implicar un compromiso de la jurisdicción”.
Si bien el texto del Poder Judicial cuestiona la articulación del proyecto, sugiere algunos cambios para involucrar a la justicia en este proyecto. Para eso, señala, se podría considerar al Poder Judicial en instancias técnicas en las que podría participar de invitada, aportado información y antecedentes para que los órganos públicos puedan fijas las políticas públicas respecto a la seguridad, orden público y la prevención de los delitos. Para eso cita ejemplos en los cuales ya ocurre esto.
Consultados al respecto, desde el Ministerio del Interior sostuvieron que “esperamos conocer en detalle este informe que ha sido enviado al Senado en el marco de la discusión del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, para analizar sus alcances y despejar las dudas de la Corte Suprema, siempre en el marco de nuestro irrestricto respeto por las atribuciones de cada poder del Estado”.
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