Completo hermetismo ha mantenido hasta el día de hoy el Gobierno argentino después de que estallara la polémica por la carta del Grupo de Puebla firmada por el Presidente trasandino, Alberto Fernández, donde se cuestiona a jueces y fiscales chilenos por su actuar en el caso SQM, que involucra entre otros al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Pese a este silencio público, la Casa Rosada inició contactos reservados con Chile para superar el impasse.
Según reporta el diario trasandino La Nación, el embajador argentino, Rafael Bielsa, sostuvo «discretas» conversaciones con la canciller nacional, Antonia Urrejola, y otros funcionarios chilenos. En esas citas, el representante diplomático fue advertido de la postura que tomaría el Gobierno de Gabriel Boric respecto de que la justicia es «independiente» y no se verá influida por una carta.
De hecho, la canciller chilena confirmó el jueves que se reunió con el embajador trasandino y remarcó que «nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta». De todos modos, enfatizó que se trata de «situaciones que son puntuales».
Tras ello, complementa La Nación, el embajador Bielsa envió un cable diplomático a Buenos Aires para informar al canciller trasandino, Santiago Cafiero, sobre el contenido de las conversaciones sostenidas en Santiago.
Desde la Cancillería argentina, en tanto, han evitado referirse públicamente al tema, que suma un capítulo más en los últimos impasses diplomáticos que han protagonizado ambos países.
El martes, el Grupo de Puebla publicó una carta suscrita por el Presidente Alberto Fernández y otros líderes iberoamericanos como los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia), en la que criticaban el accionar de jueces y fiscales en la dilación del juicio por el caso SQM, donde están siendo investigados, entre otros, figuras como el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, fundador de la citada agrupación.
En la misiva, los firmantes afirman que «desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones».
«Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile», remarcan los firmantes.
En esa línea, la carta asegura que «una justicia dilatada es una justicia denegada», ya que «la dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado».
«Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado», añaden los líderes.
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