A seis meses de que la ex jefa de asesores del segundo piso de La Moneda, Lucia Dammert, dejara su cargo en medio de rumores sobre una supuesta citación del FBI para que declarara en un caso de narcotráfico, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Gobierno entregar detalles de los contactos que estableció con EE.UU. para desmentir esa situación.
Según explicaron desde el organismo a Emol, la decisión se adoptó luego de que un periodista de Interferencia, medio que publicó esa información, presentara un amparo en contra de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei), con el objetivo de que diera cuenta de los nexos con autoridades norteamericanas.
Dicha acción fue acogida por el CPLT, por lo que la Subrei tendrá que informar los detalles de las comunicaciones oficiales sostenidas en esa oportunidad y que permitieron al Ejecutivo desmentir la situación judicial de Dammert, a través de un comunicado en el que aseguraron que la publicación era falsa.
En ese texto, el Ejecutivo señaló que «el Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia. Luego de recibir respuesta, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa».
Ante la solicitud de más detalles, la Subrei denegó el acceso a la información aludiendo la inexistencia de la información y argumentó que dichas conversaciones «fueron transmitidas por vías verbales», recalcando que no poseen soporte documental que permitiera atender a lo consultado.
Por ello, el Consejo ordenó a la subsecretaría entregar los antecedentes relativos a «la fecha y hora en que se produjeron, si se trató de comunicación presencial, telefónica o de otro tipo, en qué lugar ocurrió, y principalmente, quiénes fueron los interlocutores oficiales que tuvieron esas comunicaciones a través de vías verbales».
Al respecto, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, señaló a este medio que «es natural que se quiera tener más información sobre el caso, dado su alto interés público».
«Buena parte de este caso tiene origen en que el Ejecutivo afirmó que había consultado al Gobierno de EE.UU. y que desde ahí alguien habría señalado que la persona en cuestión no había sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en ese país», agregó.
En esa línea, destacó que, «en general, las investigaciones de ese tipo son manejadas a nivel muy reservado, entonces es razonable que la gente se pregunte quién llamó, cuándo y a quién».
«Llama la atención que la respuesta de RR.EE. se fundara sólo en el hecho de que no se dejó registro de conversaciones verbales, una llamada por ejemplo, porque ello podría subsanarse, permitiendo chequear la veracidad de la información, la calidad de la fuente o el nivel de diligencia observado, que son los estándares típicos exigidos cuando se hace ejercicio del derecho a informar», concluyó.
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