Más de 300 mil denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA) han ingresado a la fiscalía desde el 2006 al 2022. Durante el último año, según un informe elaborado por la Fundación Amparo y Justicia, se produjo la cifra más alta en los hechos de este tipo desde que se llevan registros. El análisis también revela un incremento de un 42% de las denuncias respecto al año pasado y un alza de más de un doble en comparación con once años atrás.

El informe de la fundación, elaborado a partir de cifras del Ministerio Público obtenidos a través de la Ley de Transparencia, expone que durante el 2022 se recibieron 39.933 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un NNA. La cifra, es un 42% mayor respecto a los 28.056 casos que se registraron durante el 2021. El número también refleja un máximo histórico de denuncias, superando el umbral de las 30 mil causas que se habían producido en este tipo de delitos en los años anteriores.

El número de denuncias ingresadas el año pasado, además, es más del doble de las que ingresaron al Ministerio Público el 2011, cuando se recibieron 19.231 causas. Incluso si se compara con el primer registro considerado en el informe, el del 2006, el número de hechos ocurridos durante el 2022 muestra un incremento de un 289% en 16 años. (Ver infografía)

A nivel país, los lugares que tienen la mayor tasa de victimización por delitos sexuales contra de NNA, son las regiones de Ñuble, con 15 casos por cada 100 mil menores de edad, seguido de Arica y Parinacota (13,9) y Aysén (13,4). En el caso contrario, las con menor tasa son las regiones Metropolitana (6,9), Antofagasta (7,2) y Coquimbo (8,6).

Las posibles causas del aumento
Para la Fundación Amparo y Justicia, las cifras entregadas en este reporte son preocupantes, porque la cantidad de casos de delitos sexuales en contra de NNA registrados durante el 2022 supera todos los posibles escenarios futuros imaginados, señalan desde la entidad.

Otro punto que tiene en alerta a la ONG es que no existen certezas respecto a las razones de este fuerte incremento y por ahora sólo se pueden plantear algunas hipótesis en base a análisis preliminares. “Primero, no podemos descartar que se haya producido un incremento real de estos delitos, en especial durante la pandemia, dada las características del fenómeno de los delitos sexuales”, plantea la directora ejecutiva de Amparo y Justicia, Catalina Fernández.

De manera más específica, Fernández señala que “el término del confinamiento y la pandemia puede haber producido una mayor develación y posterior denuncia. En esta línea, los colegios que en algún momento estuvieron cerrados en la pandemia y luego abrieron sus puertas, son un espacio importante de detección y canalización de las denuncias que ingresan al sistema de justicia”. Sin embargo, advierte que no “podemos hacer una relación directa y decir que porque aumentaron las denuncias necesariamente aumentaron los casos”.

Además de eso, la directora ejecutiva plantea una segunda hipótesis. A su juicio, actualmente existe “en nuestra sociedad una mayor sensibilidad y conciencia sobre la importancia de denunciar, esto producido a partir de la publicidad, campañas, políticas públicas a nivel de justicia y posicionamiento a nivel de relevancia sobre la promoción y protección de los derechos de la niñez, que en el fondo ha tenido un énfasis bastante relevante en el último tiempo”.

A diferencia del aumento exponencial que se registra en el número de denuncias, la caracterización de estos delitos no ha variado. Esto, porque según exponen desde la institución, el 85,9% de las víctimas son mujeres. Respecto a los tramos etarios, el 70,1% de las víctimas de delitos sexuales NNA está entre los 10 y 17 años, mientras que un 10,8% entre los 0 y 5 años, teniendo un promedio de edad de los 11 años.

En las características de los hechos sí existe una variación. Según tipifica el Ministerio Público, el 48,1% de los delitos ocurridos el 2022 está denunciado como “abuso sexual con contacto corporal a menor de 14 años”, delito que se triplica desde el 2015 hasta ahora. El delito que lo sigue es el “abuso sexual sin contacto a menores de 14 años”, con un 11,8%. Además, con un 8,6% el tercer delito más denunciado es el de violación de menores de 14 años de edad.

Más de la mitad de las causas son archivadas

Otro de los análisis que realiza el estudio de la Fundación Amparo y Justicia es sobre la aplicación de la Ley 21.057, la cual establece la grabación de entrevistas investigativas para no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Hasta diciembre del año pasado, se habían efectuado más de 11.094 entrevistas usando esta metodología.

Según explica Catalina Fernández, “a partir de estas mejoras, esperamos que se pueda otorgar una mejor respuesta y con eso incrementar la confianza en el sistema por parte de las víctimas que también es un aspecto relevante. Si vamos en esa línea se esperaría un incremento de las denuncias, voluntad y disposición de las víctimas a participar en el proceso penal”.

Otro de los aspectos analizados en el reporte es la evolución de las causas penales que se originan luego de que una denuncia llega al Ministerio Público. En esa línea, se observa que a pesar del aumento en el número de denuncias, el número de personas que ha sido formalizada por cometer este tipo de delitos ha disminuido en los últimos seis años. Si el 2016 un 21,8% de las causas tenía un formalizado, durante el 2022 esa cifra alcanzó sólo el 3,8% de los casos.

Respecto al término de las causas, también existen cambios sustanciales durante los últimos años. Si el 2016 las causas que terminaban en una salida judicial, es decir, con alguna sentencia, sobreseimiento o acuerdo, significaban el 29,4% del total, durante el año pasado ese término de los casos significó un 6,6%. Esto, porque durante el 2022 el 66,8% de las causas terminó con una salida “no judicial”, es decir, en las que se decidió no perseverar o archivar. De hecho, este último concentró la gran mayoría de los términos, pues el 58,3% de las denuncias realizadas fue archivada.

Lo anterior, también preocupa a la institución. A juicio de Fernández, “es fundamental conocer bien los criterios por los cuales se archivan estas causas y desde ahí poder en el fondo abordar eso”. Por lo mismo, sostiene que aquello se podría deber a “la complejidad de investigar este tipo de delitos nuevamente dadas las características de este fenómeno y, por otra parte, podríamos analizar la falta de dotación y también la especialización de diferentes operadores o funcionarios del sistema de justicia”.

Respecto a lo anterior, la profesional sostiene que uno de los cambios que se podrían realizar para revertir el número de causas que terminan archivadas es “mejorando la calidad de las investigaciones criminales”.

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