“Construimos ciudades, barrios y viviendas para las personas”, esa es la carta de presentación de la fundación Urbanismo Social, una ONG liderada hasta el año pasado por su fundadora, la ingeniera por la Universidad Católica Pilar Goycoolea –cercana al Gobierno–, y en la que el actual titular de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda del Maule y militante de Revolución Democrática (RD), Rodrigo Hernández, desempeñaba el cargo –también hasta el año pasado– de director del Área Jurídica de la fundación.
Urbanismo Social se encuentra hoy bajo la lupa del Ministerio Público, y el Gobierno anunció un sumario contra el seremi maulino. La Fiscalía indaga a esta institución luego de revelarse que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) –por medio de su repartición regional– habría traspasado $577 millones a la fundación, de la cual meses antes Rodrigo Hernández Fernández era uno de sus principales directivos.
Esta millonaria transferencia, sin embargo, no es la única que ha recibido desde organismos estatales esta fundación, cuyo directorio es presidido por Pilar Goycoolea –consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno– y cuya dirección ejecutiva está a cargo actualmente de Camila Ramírez.
Construir una ciudad o un barrio requiere cubrir varios flancos y bien lo saben en Urbanismo Social. Y aunque en su sitio web declaran que sus ingresos son desplegados en amplios objetivos –“acceso a la vivienda e integración social, proyectos privados de interés social, participación a gran escala e innovación en proyectos públicos urbanos”–, también estarían incursionando en seguridad pública y tecnología, pese a no tener experiencia en estos últimos dos frentes.
Las dos nuevas transferencias
El Mostrador tuvo acceso al detalle de otras dos transferencias, una por casi $300 millones de parte del Gobierno Regional del Maule –hoy a cargo de Cristina Bravo (DC)– a Urbanismo Social, para un proyecto que busca “disminuir la percepción de inseguridad”, pero que genera más dudas que seguridad. Y otra por más de $500 millones que hizo la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC) –cuyo alcalde es Luis Astudillo, conocido como “el doctor del pueblo”–, pero a la “empresa social” Locales Conectados (Conectados SpA), filial de Urbanismo Social y fundada por la misma Pilar Goycoolea, que se desempeña como su actual CEO.
Como consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Goycoolea es conocida por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Además, las actividades que Urbanismo Social desarrolla tienen buena convocatoria entre políticos. Según fotos publicadas en su propio sitio web, esta organización ha contado con la asistencia a sus eventos del ministro Montes, además del Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, entre otros actores relacionados a la ex Concertación.
En fundación Urbanismo Social también trabajó Carmen Gloria Drago, madre del ministro Giorgio Jackson. Camila Ramírez aclaró que la madre del titular de Desarrollo Social hizo un reemplazo de posnatal hace algunos años en la dirección de administración. “Ella postuló y pasó por todos los procesos de selección y entrevistas, y quedó en el cargo y trabajó nueve meses en la fundación”, señaló Ramírez en una entrevista a La Tercera este fin de semana.
$300 millones para un proyecto de seguridad de Urbanismo Social
El 24 de junio del 2022, antes de suscribir los convenios, la hoy exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) se reunió –según la Plataforma de Lobby– con Urbanismo Social. Entre las 9 y las 10 de la mañana de ese día estuvieron en el quinto piso del Minvu tres directivos de la fundación: la directora ejecutiva, Camila Ramírez; Matías Carrión, director regional en Antofagasta; y María Palacios, como gestora de dicha organización.
Acto seguido, la Seremi de Vivienda del Maule, que encabeza Rodrigo Hernández, abogado y militante de RD, el 6 de diciembre de 2022 aprobó un Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional del Maule y fundación Urbanismo Social, para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”. Hernández había abandonado la señalada fundación –luego de haber trabajado en ella por seis años– cuando esta postuló al proyecto para mejorar la percepción de seguridad en los habitantes de la Región del Maule.
“Juntos y juntas nos sentimos más seguros” se define como un programa de seguridad comunitaria del Gobierno Regional, ejecutado por fundación Urbanismo Social en las comunas de Talca, Curicó, Maule, San Clemente y Linares. Su objetivo es implementar una “intervención física y social” en cinco barrios de dicha región con miras a reducir la percepción de inseguridad en cada uno de ellos, bajo las siguientes consignas:
- Diseñar y ejecutar un Plan de Seguridad comunitaria que incluya un hito físico de seguridad, (instalación de cámaras de vigilancia).
- Fomentar la organización y articulación del territorio con actores claves relacionados con seguridad, a nivel barrio, territorio y ciudad.
- Estimular la cohesión social en el territorio mediante la recuperación de un espacio publico deteriorado en los barrios a trabajar.
El 19 de octubre de 2022, el Gobierno Regional del Maule hizo constar la decisión de incorporar, para su financiamiento al “Presupuesto de Inversión Regional”, del Gore del Maule año 2022, el proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”. Así, el 22 de diciembre de 2022, se firmó el decreto que aprueba la transferencia de recursos, por un monto de $264 millones, entre la autoridad maulina y la fundación Urbanismo Social, para el mencionado proyecto de seguridad. El Gore estuvo representado por Leandra Urzúa, administradora regional, mientras que la fundación Urbanismo Social estuvo representada por su directora ejecutiva, Camila Ramírez.
La ONG debía remitir semestralmente al Gobierno Regional un informe en el que dé cuenta del avance efectivo de las actividades realizadas. En junio de este año se cumplieron los primeros seis meses, sin que se conozca el mentado informe. Asimismo, la entidad receptora deberá entregar al Gore un “informe final”, que dé cuenta, en forma consolidada, de la ejecución de las actividades y del resultado del gasto realizado en virtud del “programa de caja”, el cual sería puesto en su conocimiento, dentro de los 20 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de término total de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto.
El plazo para la efectiva ejecución de las actividades de dicho proyecto será hasta el 30 de junio de 2024.
Cabe mencionar que el decreto especifica que “los recursos a los que se refiere este numeral y el siguiente no serán incorporados en los presupuestos de las entidades receptoras, sin perjuicio de que estas deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República”.
Ante esto, el senador PS y presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, Fidel Espinoza, salió a criticar al ministro Montes en duros términos este jueves. “¿Ministro Montes? ¿Subsecretaría Minvu? De verdad ustedes no sabían nada de estas sinvergüenzuras. Acá hay nuevo caso. El Maule. Este señor asume de seremi Vivienda y comienza a traspasar dineros a la fundación de la que era su Gerente. ¿Cuánto más fue? ¿Hasta dónde llegaremos?”.
El legislador socialista llamó a que el seremi de Vivienda del Maule deje su cargo, ya que “el daño al Gobierno de Chile y al Presidente es inconmensurable”. “Urbanismo Social, entidad a la que usted [el actual seremi] pertenecía hasta hace poco, recibió también 300 millones del Gore del Maule, de verdad que se pasaron”, expresó.
La directora ejecutiva de Urbanismo Social, Camila Ramírez, afirmó –en una entrevista– que no son una “fundación con vinculación política como se nos está mostrando. Somos autónomos y transversales a distintos gobiernos”.
$520 millones para Locales Conectados, una empresa de Urbanismo Social
El 29 de mayo de 2023, se firmó un decreto que detalla una transferencia de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda a Conectados SPA por $520 millones, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso El Mostrador, a fin de implementar un software informático para el procesamiento de pagos electrónicos y transferencia de fondos desde y hacia terceros. El programa fue llamado “Locales Conectados” y se trata de una app destinada a los sectores socioeconómicos más vulnerables de la comuna.
El Concejo Municipal de Pedro Aguirre Cerda aprobó el contrato vía trato directo para la administración de fondos y entrega de beneficios hasta por $520 millones, con “una restricción que limita hasta un máximo de 100 millones de pesos de cada transferencia, habiéndose antes acreditado el gasto efectivo de al menos el 80% de los montos previamente transferidos según rendición mensual de gastos que debe entregar la empresa y cuyo costo para el municipio corresponde al 5% más IVA del monto efectivamente administrado”.
La finalidad que ha tenido a la vista el mencionado Concejo Municipal para entregar beneficios directos a través de la empresa Conectados SpA, según el decreto, es “brindar un servicio de sistema electrónico de pago para otorgar beneficios a las familias vulnerables para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad y que tiene como característica principal que tales bienes sean adquiridos en el pequeño comercio local por medio de una habilitación y capacitación electrónica” realizada a los dependientes de los almacenes de la comuna.
Conectados SpA es dueña de los derechos de propiedad intelectual del software Locales Conectados. El contrato se hizo por 12 meses, a contar de la fecha que determine el acta de inicio del servicio. Y se requirió una garantía de fiel cumplimiento del servicio a Conectados SpA, por el monto de $120 millones a nombre de la municipalidad. El decreto es firmado por el alcalde Luis Astudillo y el secretario municipal Hugo Villar.
Recordemos que Conectados SpA es una “sucursal” de Urbanismo Social y su CEO sigue siendo Pilar Goycoolea, quien también está a la cabeza de la fundación. Por su parte, el alcalde Astudillo, si bien es independiente, ha contado con el apoyo de Revolución Democrática en la comuna. Por ejemplo, el director de Seguridad Pública del municipio de Pedro Aguirre Cerca es Sharun Uttamchandani Mujica, militante de RD, quien ha enfrentado cuestionamientos debido a problemas con reiteradas balaceras en la comuna. En abril de este año, el alcalde Astudillo decretó la suspensión de clases en colegios por un funeral de alto riesgo. “Mientras no tengamos un mínimo de seguridad, vamos a tener que seguir tomando estas medidas”, señaló en dicha oportunidad.
Uttamchandani también es cercano a Daniel Andrade, líder de la polémica fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (RD). En junio recién pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda que la diputada frenteamplista compartía hasta hace poco con Andrade, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) llegaron hasta la calle Arcángel para materializar una orden de entrada y registro emanada desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada en el marco de las indagatorias que lidera el fiscal Cristian Aguilar. Según fuentes cercanas, el nombre de Andrade incluso fue barajado como opción para ser candidato a diputado por la comuna. Y aunque no fue candidato a parlamentario, sí lo fue a convencional constituyente por el distrito 13. En su postulación a la rechazada Convención Constitucional, figuraba como integrante de la agrupación o movimiento “PAC Solidario”.
¿Puede una fundación constituir una empresa?
El exministro de Justicia del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís, exmilitante del Partido Radical y actual miembro del movimiento Amarillos por Chile, explicó a El Mostrador que una fundación efectivamente “puede formar empresas, puede colaborar con empresas, puede hacer muchas cosas, mientras no quebrante los elementos que constituyen su alma”.
“El tema es que no tengan lucro de verdad y, segundo, que no quebrante su objetivo fundacional. Entonces, una fundación perfectamente puede formar una sociedad, puede operar como sociedad, puede colaborar con una sociedad, pero la sociedad tiene que estar dentro de su finalidad de bien público y no tener lucro ni para la persona jurídica de la fundación ni para sus gestores”, detalló el extitular de la cartera encargada de fiscalizar las asociaciones y fundaciones constituidas en Chile.
Según el exministro Solís, “la naturaleza y existencia de las fundaciones es un sistema que se va a mantener”. Llevan años, son un aporte, asegura. Ahora bien, a su juicio, el tema es otro: que “se han virado en función de un partido”.
“Las fundaciones pueden existir para tener, en su funcionamiento, un impacto político. El problema es dónde busca uno el impacto político. O sea, una fundación que se dedica a hacer educación política está teniendo un impacto político, sin duda, está creando cuadros, está creando densidad intelectual dentro de su pensamiento, generará líderes, y eso va a tener un impacto político. Pero, claro, no puede financiar una campaña”, sentenció.
Es importante destacar que, en medio de la agitación que afecta al oficialismo, la mañana del jueves 29 de junio todo se detuvo de repente, dejando al descubierto las consecuencias del caso. La razón: el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenó suspender la aprobación de los contratos entre el Estado y las fundaciones. Esto se hizo con el fin de disponer de mayor tiempo para llevar a cabo una supervisión más exhaustiva.
Original de El Mostrador
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