Algunas dudas dejó el Presidente de la República, Gabriel Boric, luego que hoy -en un viaje a la Región del Maule- señalara que enteró del convenio suscrito entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y fundación Democracia Viva días antes de que este fuera publicado por la prensa.
En la ronda de preguntas de una de las pautas en la zona, dijo que conoció del caso a través de un oficio fiscalizador que presentó la diputada del tercer distrito, Yovana Ahumada (ex PDG). Dicho documento está fechado el 7 de junio, vale decir, nueve días antes de la publicación del medio regional Timeline, que destapó la trama que remece a Revolución Democrática.
«Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio -el conocimiento de que había una investigación- que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior», señaló el Presidente.
Enseguida, indicó que «apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda».
Ahora bien, las declaraciones de hoy del Presidente se contraponen a las que vertió el pasado 27 de junio, que fue cuando adujo que «hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas que es si el gobierno hubiese reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz».
Los descargos de Ahumada
Las palabras del jefe de Estado generaron molestia en la propia parlamentaria. «Una vez más nos damos cuenta que el Ejecutivo sigue actuando de manera tardía. O sea, dilata la toma de decisiones», señaló Ahumada.
En ese sentido manifestó que «si el Ejecutivo se entera que el día 7 de junio ha llegado en este caso un oficio y no toma las acciones y espera efectivamente una semana después para algo tan grave, donde estamos hablando de recursos públicos que lamentablemente están siendo mal utilizados, eso es gravísimos y eso habla de alguna manera de una complicidad de este tipo de situaciones».
En esa línea, Ahumada indicó que «yo espero que el Ejecutivo dé explicaciones y que sobre todo tome acciones. Eso quiere decir con el ministro (Carlos) Montes y con el ministro (Giorgio) Jackson. Yo creo que esto no da para más».
Precisando ese punto, la diputada exhortó a que «ellos asuman su costo político y en este sentido debieran quedar fuera del gabinete».
«La gente está exigiendo transparencia y que se tomen acciones reales, y eso es lo que no podemos seguir dilatando. El Ejecutivo debe tomar acciones, no puede seguir esperando, las cosas se agravan cada día más, se sigue sumando más información y esto no solamente tiene involucradas a las seremías, sino también a las gobernaciones y a las municipalidades», añadió.
Cabe destacar que en el oficio fiscalizador, Ahumada pide que se informe «sobre el convenio celebrado con la Fundación Democracia Viva, indicando si la forma de seleccionarla se realizó por medio de concurso público, existiendo más de un participante o se realizó de manera directa y el criterio que permitió priorizar la entrega de recursos a una institución de la Región Metropolitana y que, según los antecedentes disponibles, carece de experiencia en el área».
También, pide que se señale «los avances y beneficios a la fecha, derivados de este convenio para los habitantes de la Región de Antofagasta y si existe postulación o proceso pendiente en el cual la mencionada organización se encuentre solicitando nuevos recursos».
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