Mientras el foco estaba puesto en la acusación constitucional al jefe de la cartera de Educación, Marco Antonio Ávila, este miércoles la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y su par de Ciencia, Aisén Etcheverry, acudieron a la Comisión de Constitución del Senado para abordar la creación, mediante decreto, de la Comisión contra la Desinformación.
La asistencia de las secretarias de Estado, que han estado a la cabeza de la creación de la comisión cuestionada por la oposición, fue a petición del senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, quien aprovechó la oportunidad para mostrar su rechazo ante la iniciativa impulsada por el gobierno.
Aunque no fue el único, ya que a las críticas se sumaron el resto de los parlamentarios de oposición de la Comisión de Constitución -de RN y la UDI-, pero también los representantes del Partido Socialista (PS), que son parte del oficialismo.
Cruz-Coke inició su intervención señalando que los ejemplos de buenas prácticas en esta materia, en otros países del mundo, se han dado cuando estas iniciativas “están apoyadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil”, y en las que “al menos los gobiernos guardan un brazo de distancia”.
“Por esto sorprende que esto sea creado por decreto, que se instale en el corazón de un ministerio nuevo (Ciencia), con muy bajo presupuesto y cuyo liderazgo en esta materia se termina transformando en la materia principal del ministerio a nivel público. Y la creación de una comisión de desinformación que se aloja en el seno de un gobierno, que responde a dos ministras, cuyos nueve miembros son designados a través de los ministros o quienes ellos estimen conveniente según el decreto, la verdad es que levanta alertas toda vez que nosotros hemos tenido discusiones ya en campañas políticas anteriores sobre la creación de ley de medios”, dijo el legislador.
Y agregó: “Hoy estamos ante el germen de la posibilidad de un acallamiento respecto de la posibilidad que tienen la prensa libre, que tiene la libertad de expresión, que tiene la posibilidad de realizarse en un país como es Chile porque se puede partir con una comisión gubernamental, pero luego no sabemos cómo vamos a terminar”.
“Se las arreglaron para abordar un tema tan complejo y tan importante de manera sumamente controversial, tan controversial que en la primera reunión de la comisión el día de ayer (martes), tuvieron que dedicarse buena parte del tiempo a decir qué no iban a hacer, lo que ya es un indicador”, dijo por su parte Rodrigo Galilea (RN).
En tanto, Luz Ebensperger (UDI) manifestó: “Soy una convencida de que va a ser utilizada esta comisión en el sentido de censura y cancelación de determinar verdades oficiales”.
De parte del oficialismo, las críticas en el Congreso surgieron en particular de parlamentarios del PS.
Juan Luis Castro (PS) recalcó que el decreto que creó la comisión “establece que dentro de las temáticas y las funciones son las políticas públicas y la desinformación. Entonces yo quiero entender a qué alude esto, porque una política pública es una legislación que pasa por este Senado o por el Congreso”.
Alfonso de Urresti, también socialista, apuntó su crítica a que la comisión esté alojada en el Ministerio de Ciencias. “Yo participé como integrante, hace 9-10 años, de la comisión de Desafíos del Futuro en la elaboración del proyecto del ministerio (de Ciencia) y no recuerdo en ninguna discusión, ni con las personas más variadas, en que imaginábamos en que el ministerio iba a estar a cargo de esto”.
“Me gustaría a usted verla investigando y empujando comisiones para avanzar en ciencia dura, en las becas Chile (…) y no liderando este tipo de iniciativas”, le emplazó De Urresti a Etcheverry.
Francisco Huenchumilla (DC) fue el único que no se manifestó contrario a la creación de la comisión: “A mí no me parece que alguien pueda cuestionar la naturaleza de una comisión asesora que pueda tener un gobierno, porque todo lo que esa comisión diga no es obligatorio en Chile”.
Comisión contra la Desinformación
Según ha defendido el gobierno, la comisión levantará información respecto al pie en que se encuentra nuestro país en relación a este fenómeno, además de entregar recomendaciones para eventuales nuevas políticas públicas.
Desde el Ejecutivo han asegurado que la instancia no va a proponer proyectos de ley, tampoco realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales, ni definirá temas de la coyuntura, y no será un espacio de recepción de denuncias. “Tampoco definirá que es y que no es verdad”, dijo el miércoles de la semana pasada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, ocasión en la que se entregaron detalles de la creación y objetivos de la comisión asesora.
La comisión estará compuesta por nueve expertos, que se han dedicado a estudiar y trabajar en temas relacionados a la labor que desempeñarán en la instancia. Serán dos profesionales de universidades privadas, dos de universidades estatales, uno de una universidad regional, tres representantes de la sociedad civil y uno de organización de fact-cheking.
Ellos son: Lionel Brossi Garavaglia, académico de la Universidad de Chile, Claudio Elórtegui Gómez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ingrid Bachmann Cáceres, académica de la Universidad Católica, Pedro Anguita Ramírez, abogado, doctor en Derecho, María José Escobar Silva, magíster en Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Patricia Peña Miranda, directora de la Fundación Datos Protegidos, Juan Carlos Lara Gálvez, abogado de la Universidad de Chile, Master of Laws con certificación en derecho y tecnología en la Universidad de California, Berkeley, Paulina Ibarra Araya, licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas por la Universidad Marymount y máster en Comunicación de la Universidad de Georgetown y Fabián Padilla Arenas, periodista de la Universidad de Santiago, director y editor general de Fast Check CL.
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