La ONG Justicia 11J afirmó este viernes que, dos años después de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, “poco ha cambiado” en el país y pidió a la comunidad internacional “peticiones de libertad urgente para los presos políticos”.
En su informe Otro año sin justicia. Reporte anual 2023, la organización destacó que la isla “no ha mostrado signos notables de recuperación” de la crisis económica y política que desató las movilizaciones antigubernamentales.
En ese sentido, la ONG aseguró que desde el 11J se han sumado otras protestas sociales “aunque menores al levantamiento de julio de 2021″. Solo en 2023, siempre según Justicia 11J, se han registrado 42 protestas.
Asimismo, en el último año han sido detenidas “74 nuevas personas (…) para un nuevo total de 1.558″ por participar en distintas movilizaciones, de acuerdo con sus registros.
“Se han identificado entre los detenidos al menos 29 personas con padecimientos crónicos –epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas, etc.–, 18 con discapacidades físicas o mentales y 25 pacientes de psiquiatría, para un total de 63 personas. De estas personas, 42 permanecen en prisión, algunas con riesgos inminentes para la vida”, alertó Justicia 11J.
La organización criticó a la Fiscalía General de la República (FGR) por “falta de transparencia” y no aportar cifras actualizadas sobre las detenciones y los procesos judiciales en contra de los manifestantes.
“El dato más reciente ofrecido está fechado el 13 de junio de 2022″, recalcó.
De acuerdo con las cifras de los activistas, “690 personas han sido juzgadas y sancionadas” por haber participado en el 11J.
Por su parte, Prisoners Defenders (PD) presentó el mes pasado su informe mensual sobre la situación de los presos políticos en Cuba. La organización no gubernamental, con sede en Madrid, reportó que “la represión sigue aumentando en Cuba con nuevos presos políticos mientras el gobierno cubano rubrica oscuras alianzas con Rusia con el fin de parasitar, como antaño, la nueva guerra fría entre el bloque democrático y el dictatorial en el mundo”, señaló la ONG presidida por el actividad cubano-español, Javier Larrondo.
Con este nuevo informe al que tuvo acceso Infobae, Prisoners Defenders detalló que de los 35 menores de edad detenidos arbitrariamente por el régimen castrista, 18 “están siendo procesados o han sido ya condenados por sedición”, con una pena media de cinco años de privación de libertad. 31 son niños y 4 niñas. “En un informe a Naciones Unidas, el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la elevada cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”.
La ONG reporta que “buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan ‘Escuelas de Formación Integral’, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior”.
(Con información de EFE)
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