Este lunes -en el marco del Caso Convenios- se volvió a reunir la comisión que está investigando la transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Cámara de Diputados.
En esta oportunidad compareció ante los parlamentarios el contralor Jorge Bermúdez, a días de haber publicado el informe de investigación especial sobre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, caso que sacó a luz una serie de irregularidades en la transferencias del Estado a organizaciones privadas sin fines de lucro.
En este informe, el ente fiscalizador dio a conocer una serie de anomalías y entregó argumentos para decir que el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, incumplió el principio de probidad.
Cabe recordar que la fundación Democracia Viva firmó tres convenios con la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y se adjudicó $426 millones. Cuando estalló el caso, el ministro de la cartera en cuestión, Carlos Montes, y su par de Justicia, Luis Cordero, aseguraron que se harán todos los esfuerzos para recuperar todo el dinero entregado.
Sin embargo, el contralor insistió en que es «casi imposible» que eso suceda y pasó a detallar los montos: Son $426 millones los transferidos, se habían rendido solo $116 millones, se habían aprobado $34 millones y se habían rechazado $82 millones, por lo tanto deberían restituirse $391 millones.
De acuerdo a la información entregada por medios de comunicación – que se han recuperado $294 millones aproximadamente – el Contralor indicó que «a nosotros no nos consta que se hayan devuelto efectivamente o que estén retenidos en una cuenta (…) si uno lo tomara como verdadero, aún quedarían $97 millones por restituir».
A juicio de Bermúdez es difícil que se restituyan porque «no hay garantías, la fundación no tiene patrimonio, solo $300 mil que se declaró en su constitución. La forma de requerir la devolución es a través de un juicio, que es de lato conocimiento para generar una sentencia, estamos hablando de 10 años».
«Es muy difícil recuperar los 97 millones (…) como no hay garantías será muy difícil», agregó.
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
Respecto a la controversia que ha generado el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG), la ausencia de sesiones y su rol, el contralor explicó cómo funciona el organismo: «Opera básicamente como lo hace la propia Contraloría ¿En qué sentido? Que hay un órgano que es directivo, que en el fondo lo que hace es recopilar la información, levantar matrices de riesgo y planificar auditorías, y luego hay otros que tienen que ejecutar esas auditorías. Ambas partes, la directiva como la ejecutora, forman parte del mismo mecanismo. Por lo tanto, el control interno está estructurado así, y lo que debe hacer el CAIGG es eso, dar esos lineamientos y levantar esas alertas para poder decir, bueno, esto es lo que tiene que auditar el auditor interno. Así como lo hace la Contraloría, que tiene un nivel central que planifica, recopila la información y le dice a las regiones, esto es lo que se tiene que auditar a nivel regional».
En esa línea, aseguró que el CAIGG «es parte del mecanismo de control (…) históricamente, si uno piensa un poquito más atrás, por ejemplo, en el año 2020, a propósito de la pandemia, el CAIGG directamente también auditó. Entonces sí, se audita también”, a diferencias de lo que planteó el Ejecutivo, que argumentó que carece de facultades decisorias, por lo tanto, solo propone, estudia y recomienda”.
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