Si bien el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es una institución técnica, netamente jurídica y cerrada a los ojos de la luz pública, es una foco importante dentro del ordenamiento de las entidades públicas, más allá de las acciones judiciales que tome para resguardar los intereses del Fisco. Es por este organismo por donde pasan las decisiones de querellarse y demandar a todo quien perjudique los intereses fiscales.
Su último movimiento fue la demanda civil y la querella interpuesta por en el caso líos de platas que involucra a la fundación Democracia Viva, donde la presidenta del Comité Penal, María Inés Horvitz, fue clave en la segunda acción. Sin embargo, su rol dentro de la institución llegó a su fin.
La abogada, quien ingresó al Consejo en 1990 como penalista, y en 2006 fue nombrada como consejera, presentó su renuncia a la institución. Lo hizo a través de una carta al presidente del CDE, Raúl Letelier, argumentando razones de índole personal para dejar el cargo.
La carta fue informada por el propio Letelier en el consejo general del CDE, ayer en la tarde, generando la sorpresa de los abogados. Algunos apuntan a una supuesta discusión entre el presidente del organismo y Horvitz, aunque otros descartan esta versión, dado que señalan que siempre hay diferencias de criterio en el razonamiento jurídico.
El último movimiento de Horvitz como consejera no solo estuvo marcado por el caso líos de platas, sino que también por el frustrado intento del CDE de extender la visita de la ministra Romy Rutherford en la causa del fraude en el Ejército, acción que fue desestimada por la Corte Suprema.
Con la salida de la abogada será el Presidente Gabriel Boric quien nombre a su reemplazante en este puesto clave. No será hasta entonces que el CDE reordene el Comité Penal, a la espera de una clave decisión del Mandatario.
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