La palabra de moda esta semana en Brasil ha sido ‘transparencia’, principalmente de la política pero también de la justicia, y ha suscitado un acalorado debate entre magistrados, prensa, asociaciones como Transparencia Internacional y sociedad civil. La discusión empezó con unas declaraciones que cuestionaban ciertos aspectos de la democracia brasileña. Comenzó con el presidente Lula argumentando durante su directo semanal de los martes que las votaciones de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) deberían ser secretas, en lugar de abiertas y difundidas como se hace actualmente según la Constitución. “La sociedad no debe saber cómo vota un juez del Supremo Tribunal. Porque todos los que pierden están enojados, y todos los que ganan están felices”, dijo Lula. Hubo una reacción inmediata de organismos internacionales como “Transparencia Internacional”, que se dirigió directamente a Lula en su twitter: “Presidente Lula, cuanto más transparentes sean las decisiones de los jueces, más la sociedad podrá conocer y defender sus derechos. En un país tan desigual, es esencial que la población pueda vigilar el funcionamiento de las instituciones. Es preocupante que el presidente que apoyó la creación de la ley de acceso a la información defienda ahora una mayor opacidad en el sistema judicial”.
Antes de ser elegido, Lula había acusado repetidamente al ex presidente Jair Bolsonaro por su injerencia en muchas áreas del Gobierno y, especialmente, por imponer a menudo el secreto de Estado. Sin embargo, según el diario Folha de São Paulo una vez en el poder Lula no se comportó de forma diferente e incluso adoptó algunas tácticas para ocultar sus reuniones para discutir la reforma ministerial, en particular con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido de los Progresistas. Estas reuniones tuvieron lugar por la noche, fuera de la agenda oficial, sin siquiera las habituales escoltas de seguridad, sino en coches “de paisano” para evitar ser notado. La llamada Ley de Acceso a la Información, que permite una mayor transparencia sobre los datos oficiales del Gobierno, también ha sido objeto de diversas restricciones. Lula impuso el secreto sobre los registros de visitas al palacio presidencial de Alvorada, argumentando que hacerlos públicos pondría en peligro su seguridad y la de su familia. Otras medidas de secreto fueron impuestas sobre las imágenes completas de las invasiones a los palacios del poder el 8 de enero (posteriormente levantadas por el ministro del STF, Alexandre de Moraes) y también sobre la lista de invitados a la recepción de Itamaraty, también un secreto posteriormente levantado debido a los protestos de la oposición. El valor de los gastos de viajes nacionales e internacionales del presidente y la lista de ingresos y gastos del Ministerio de Economía siguen siendo secretos.
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