Un nuevo revés para el Gobierno en materia de seguridad se vivió este martes en la Cámara de Diputados. Con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones se aprobó el proyecto que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados.
Se trata de un proyecto que fue ingresado por el Ejecutivo bajo la idea de proteger el derecho a la manifestación y aislar a las personas que la utilizan para cometer actos violentos, sin embargo, durante la tramitación sufrió cambios, pasando de una falta penal (sancionando con multa) a un delito (con pena de cárcel).
A juicio del Gobierno el debate se fue «extremando». «La opinión del Ejecutivo es que dado que el combustible no es un material que tenga circulación restringida, no es como las armas (…) nos parece que lo prudente es sancionar esto transformándolo en una falta penal», dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En ese contexto, la secretaria de Estado llamó a rechazar el proyecto y continuar la tramitación en una comisión mixta. Sin embargo, las fuerzas políticas no alineadas, como la Democracia Cristiana, Amarillos, Demócratas y el Partido de la Gente respaldaron el proyecto, respaldaron el proyecto.
Asimismo, se abstuvieron los diputados Marta González (IND- PPD), Raúl Leiva (PS), Jaime Naranjo (PS), Patricio Rosas (IND-FA) y Consuelo Veloso (IND-FA).
Ahora, el Ejecutivo tiene la posibilidad de promulgar la ley despachada por el Gobierno, enviarlo al Tribunal Constitucional o presentar un veto, tal como lo hizo en la ley de usurpaciones.
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