El proceso constituyente marca una diferencia entre lo que se pretendía en cuanto a pensiones y lo que se está manifestando actualmente donde se establece que la libertad de elegir administrador para los ahorros previsionales, alcanza el mayor porcentaje de aprobación como es el 85% de los encuestados que desean elegir un administrador público o privado para que administre los ahorros previsionales que son de los trabajadores.
Cuando el ex presidente de la Comisión de pensiones, Sr. David Bravo, dice que estamos en una “emergencia laboral no declarada” está dejando en evidencia que el desempleo, que es de un 9%, está golpeando fuertemente a todos, y además el alza del salario mínimo impacta bueno, eso se traduce en peores pensiones para el futuro. Cuando no se conocen exactamente cual es la tasa de reemplazo para el cálculo de las pensiones, significa que se deben hacer políticas públicas más detalladas pero con cifras reales sobre la mesa.
La reforma previsional, es algo que en algún momento se debe zanjar, sin embargo, tal vez este no sea el momento adecuado, con un desempleo alto, con diferencias sustantivas entre lo que pretende y quiere el gobierno, con lo manifestado por las personas en todas las encuestas y para que decir en el fallido proceso constitucional, donde quedó establecido que “tu platita no es tu platita” no tuvo ningún apoyo por los votantes, y fue algo que influyó muy fuertemente en el resultado del mismo.
Mejorar las pensiones, es algo que todos quieren aprobar, pero hay que ser realistas, el tema es como, cuanto y de qué manera. Hay que señalar, que la mejor forma ha sido la implementación de la Pensión Garantizada Universal, la PGU, que es de cargo del estado, con impuestos generales, que todos pagamos universalmente desde que compramos un kilo de pan, por lo tanto, ese beneficio estatal no es regresivo y es el mayor aporte y ayuda directa a los mayores de 65 años de edad.
La administración del 6% adicional, en manos del estado, no genera consenso, y más aún, cuando se pretende que sea de cargo del empleador, teniendo en cuenta que es un impuesto al trabajo, que perjudica a los trabajadores, y que ello se puede traducir en mayor desempleo, o menor contratación de empleados, con un impacto especialmente para las pymes, no es algo que se deba concretar, al menos cuando no están dadas las condiciones para ello.
La solidaridad se debe hacer con recursos del estado y no con los sueldos de los trabajadores, ni tampoco con los pequeños emprendedores, que con gran esfuerzo mantienen sus pequeños negocios y son los que generan empleos a la mayoría de los trabajadores de nuestro país.
Margot Guerrero Bruner
Asesora Previsional
Corredor de Seguros
www.margotpensiones.con
