El Ministerio Público citó a declarar en calidad de imputados a importantes integrantes y cercanos del gobierno del Presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación del Caso Convenios. Entre los citados se encuentran el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
Esta acción judicial de la Fiscalía de Antofagasta, surge tras que resolviera a favor de la ampliación de la querella presentada en agosto por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval. Las solicitudes de estas diligencias apuntaban a indagar a fondo los hechos relacionados con el Caso Convenios, y especialmente, la arista de Democracia Viva.
“Cuando retiramos la acusación constitucional contra Giorgio Jackson, dijimos de forma muy clara que esto no significaba impunidad. Por el contrario, aquí vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias y las responsabilidades administrativas y penales de todos los involucrados. En este caso, corrupción que dejó en evidencia un mecanismo para extraer recursos públicos destinados a los más pobres de Chile y desviarlo para usos políticos“, afirmó el diputado Araya.
“Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Javiera Martínez, entre otros, tendrán que enfrentar la justicia. Y asumir las responsabilidades que tienen en este y otros casos de organizaciones no gubernamentales que recibieron millonarios fondos públicos“, añadió después el congresista del Partido Republicano.
La declaración del otro diputado querellante
Acerca de citación, también se refirió el diputado Juan Irarrázaval, el otro querellante. “El caso convenios es un caso de corrupción sistemática y generalizada. Y creemos que su origen está precisamente en estas tres personas imputadas y citadas. Uno, el señor Jackson, tenía la función de allanar el camino a través del Consejo de Auditorías“, sostuvo.
“La segunda, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, tenía la función de asignar recursos, y nuestro temor de hecho, es que la Ley de Presupuestos sea parte del mecanismo de saqueo institucional. Y finalmente, el exsubdere y actual mano derecha del presidente, Miguel Crispi, tenía la función de distribuir esos recursos como un dealer“, complementó.
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