Hoy lunes se volvió a reunir la comisión investigadora que indaga las responsabilidades políticas por posibles irregularidades en el traspaso de recursos públicos del Estado a organizaciones sin fines de lucro, más conocido como Caso Convenios, y en la instancia el Gobierno recibió un duro golpe.
En esta oportunidad compareció el controlador de la República, Jorge Bermúdez, quien se refirió a dos grandes polémicas y puso en duda la argumentación que ha desplegado el Gobierno en los últimos días: Primero, la inasistencia del jefe de los asesores de La Moneda, Miguel Crispi a la comisión investigadora la semana pasada y también, al rol que jugó la directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez, en los controles del traspaso de recursos. Dos flancos importantes para el Ejecutivo.
En dos oportunidades el jefe del segundo piso de La Moneda fue citado a la comisión para responder los cuestionamientos respecto al convenio firmado entre Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación ProCultura, cuando él era subsecretario de Desarrollo Regional. Asimismo, conocer cuándo se enteró del caso de Democracia Viva.
En ambas ocasiones, Crispi excusó su asistencia, lo que generó críticas tanto en la oposición como en el Socialismo Democrático al interior de la comisión. Ante esto el Gobierno se escudó en que ya se entregó toda información al Ministerio Público y que el jefe de los asesores es un trabajador a honorarios – y no de planta – por lo que no sería un funcionario público y no tendría la obligación de asistir a la instancia.
Pese a las explicaciones de La Moneda, el contralor aseguró que «en un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es rendir cuenta. No sólo significa dar cuenta cómo se están gastando los recursos públicos, significa dar razón, justificar la decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma, cualquier persona en un Estado democrático tiene el deber de rendir cuentas, independiente de la denominación del cargo. Esa es la regla general».
«Hay distintos mecanismos de control, uno de esos es una comisión investigadora que tiene legitimación democrática, que ni el contralor ni los otros funcionarios tienen, uno tiene que tener una deferencia esta entidad», agregó.
Ahora, la Contraloría dará el tiempo para que Miguel Crispi explique por qué no tendría que comparecer ante la comisión antes de emitir el dictamen.
Cabe recordar que la polémica por la inasistencia de Crispi salió de la comisión y las bancadas reprocharon la ausencia del jefe de asesores. Incluso, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), le envió una carta al Presidente Gabriel Boric, advirtiendo la rebaja a $1 del presupuesto de Presidencia ya que «no tenemos la confianza necesaria como para transferir millonarios recursos a una dependencia que se niega a ser fiscalizada», dice la misiva.
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