La diputada Catalina Pérez (suspendida de Revolución Democrática) rompió el silencio y reactivó las dudas sobre cuándo se enteró el Gobierno de las irregularidades en el traspaso de recursos públicos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.
El hecho lo destapó el medio Timeline el 16 de junio y el reportaje daba cuenta que la fundación de Daniel Andrade – ex pareja de la diputada Pérez – se había adjudicado $426 millones en convenios con la Seremi de Vivienda; en ese momento encabezada por Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la legisladora.
A partir de del caso de Democracia Viva, se desencadenó una serie de investigaciones por traspasos millonarios desde ramas ministeriales hacia fundaciones, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el Gobierno, donde semana tras semana se suman nuevos antecedentes y se reactivan polémicas.
Diputada Catalina Pérez
En una entrevista con La Tercera la diputada Catalina Pérez dijo que principios de junio le llegó una denuncia de irregularidades por parte de los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta.
«Una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremía de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva. Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios y en esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte del seremi, que había un trato privilegiado, que había un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa, lo que me levanta las alertas respecto de una situación que yo hasta ese entonces pensaba que estaba todo bien», señaló la legisladora.
En ese momento, la legisladora dijo que entregó toda la información que tenía a disposición a la directiva nacional de Revolución Democrática – liderada en ese momento por el senador Juan Ignacio Latorre – y a autoridades del Gobierno. Asimismo, concurrió a Contraloría.
En relación a las fechas, Pérez señaló que «la primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de Gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente».
«Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí», agregó. En sus dichos, la parlamentaria expresó que los contactos los hizo con la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también militante de Revolución Democrática.
Ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas
Pérez dijo que Tatiana Rojas fue la primera autoridad de Gobierno a la que dio aviso ante posible irregularidades en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. A esto se le suma que la Asociación de Funcionarios del Serviu envió un correo electrónico el 2 de mayo a Rojas alertando por la Fundación Democracia Viva.
La carta advertía que «la fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 convenios cuyo director -quien firmó los convenios- es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa».
Con todo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitó la renuncia de la subsecretaria y se convirtió en la primera autoridad en dejar el cargo en medio del Caso Convenios.
Versión de Miguel Crispi
La semana pasada compareció ante la comisión investigadora del Caso Convenios en la Cámara de Diputados, el jefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi. En esa instancia, comentó que el día 7 de junio se enteró de la situación de Antofagasta que involucró a Democracia Viva a través de un «rumor», nueve días antes de que el caso estallara luego de una publicación del medio Timeline.
En esa línea sostuvo que «con el rumor que tuve en mis manos no lo catalogué como delito». Asimismo, reiteró que el Presidente de la República, Gabriel Boric, conoció del caso el 16 de junio.
El oficio de la diputado Ahumada (IND)
El 7 de junio, la diputada Yovana Ahumada (IND), envió un oficio fiscalizador al Gobierno, donde pide que se informe «sobre el convenio celebrado con la Fundación Democracia Viva, indicando si la forma de seleccionarla se realizó por medio de concurso público, existiendo más de un participante o se realizó de manera directa y el criterio que permitió priorizar la entrega de recursos a una institución de la Región Metropolitana y que, según los antecedentes disponibles, carece de experiencia en el área».
En el documento, la parlamentaria también pidió que se señale «los avances y beneficios a la fecha, derivados de este convenio para los habitantes de la Región de Antofagasta y si existe postulación o proceso pendiente en el cual la mencionada organización se encuentre solicitando nuevos recursos».
«Caiga quien caiga»
En este contexto, en las últimas horas han aumentado las presiones por el «caiga quien caiga» al que se comprometió el Presidente Boric cuando se destapó este caso.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que «a medida que se escuchan distintas declaraciones de personeros del Frente Amplio, queda en evidencia que tenían conocimiento del caso fundaciones mucho antes de que saliera a la luz pública. Se hace urgente de que la Fiscalía agilice las investigaciones ese pueda comenzar luego a llamar a declarar a los involucrados en la arista convenios del Frente Amplio».
El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, indicó que «todas las declaraciones de cada uno de los integrantes de RD, fechas más, fechas menos, que se enteraron por rumores o algún documento, dejan claro, de que muchos de los militantes de RD, tuvieron claro desde que ingresaron al gobierno la manera de defraudar al Estado de Chile. Es demasiado evidente conociendo todas las declaraciones y antecedentes al día de hoy, de que iniciaron el actual gobierno y constituyeron fundaciones. Después pusieron a gente clave en distintas seremías y lugares de acceso a estos dineros. Después se relajaron las normas y finalmente hicieron mal uso de esos recursos que eran públicos. Ahora, llegó la hora de la justicia en un tema muy grave y muy profundo».
Asimismo, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) dijo que «cuando Miguel Crispi expuso, era poco creíble que el Gobierno no supiera mucho antes de la corrupción instalada en la Seremi de Vivienda de Antofagasta por la fundación Democracia Viva y otras. Acá hay responsabilidades que deben ser asumidas y por esa razón llegó la hora de que el Presidente Boric exija las responsabilidades políticas y tome las decisiones difíciles que hasta ahora no ha adoptado ni en el Segundo Piso ni en el Ministerio de Vivienda».
Gobierno
Con todo, en el Ejecutivo desestiman las críticas a raíz de la entrevista de Pérez. Este lunes, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, descartó que las declaraciones de la parlamentaria revistan un nuevo antecedente sobre cuándo tomó conocimiento el Gobierno sobre el caso y acusó utilización política del escenario.
«Interpretaciones, reinterpretaciones a través de una u otra entrevista sobre el caso pueden haber muchas, pero no hay ninguna información nueva respecto a la cronología de los hechos. Entonces levantar polémica por una entrevista, que es la interpretación o la perspectiva de como se interpreta esa entrevista, ok, es parte del debate público, pero no hay ninguna información nueva», sostuvo.
Por lo tanto, la secretaria de Estado apuntó que «seguir generando o levantando un manto de duda, es meramente una utilización política de esto. Yo quiero que alguien me diga cuál es el antecedente que determina un cambio en la cronología de los hechos que ha expuesto el Gobierno desde el primer momento. Ninguno».
/psg
