Una serie de declaraciones de testigos, solicitudes de información a entidades bancarias, seguimientos y análisis financieros. Eso es lo que, hasta ahora, tiene la Fiscalía en la investigación por cohecho en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por su presunta vinculación en la solicitud de coimas a Best Quality SPA, firma que durante la pandemia proveyó a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) -representada por el militante comunista- miles de insumos médicos: mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel. A cambio de la millonaria adjudicación, se sospecha, la autoridad habría solicitado una “donación” para la sede comunal del PC, tal y como se sostiene en la “autodenuncia” de uno de los ejecutivos de la mencionada firma.
Es la fiscal Giovanna Herrera, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, quienes avanzan en estas pesquisas, las que dada su complejidad han hecho dilatar la decisión de solicitar formalizar al alcalde y excandidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad. Y es que dentro de esta toma de decisiones faltaba una diligencia clave para la investigación: la declaración de Daniel Jadue, en calidad de imputado.
Fue la semana pasada que los investigadores despacharon la solicitud de declaración del jefe comunal de Recoleta para que concurra a declarar este miércoles 15 de noviembre en dependencias de la Fiscalía Centro Norte. Sin embargo, la fecha podría ser modificada en el transcurso del día, si es que su defensa decide requerir el cambio de día y hora para la entrega de su testimonio.
La investigación de la Fiscalía sobre Jadue en un inicio contemplaba las sospechas de un delito de cohecho, aunque, con el correr de la indagatoria, se sumaron pesquisas en torno a eventuales ilícitos de fraude al Fisco y lavado de activos. Fue, por lo mismo, bajo este argumento que el Ministerio Público extendió la reserva de la indagatoria en julio de este año. Lo que coincidió además con el sumario de Contraloría que determinó graves faltas a la probidad del alcalde en su rol como representantes de la asociación de farmacias populares.
La investigación
El caso apunta a hechos que ocurrieron durante la pandemia del Covid-19, entre la empresa proveedora de insumos de protección médica y la organización dirigida por Jadue. Uno de los antecedentes que manejan los persecutores es la declaración del vendedor y comisionista de la empresa, César Ramírez, quien se autodenunció ante el Ministerio Público por soborno. A eso se suman fotografías y conversaciones a través de WhatsApp allegadas al expediente que se mantiene bajo la reserva del delito de lavado de activos.
El ejecutivo detalló ante la fiscal Herrera que durante una reunión, en 2020, el alcalde Jadue les pidió un “bono” extra de los insumos adquiridos por Achifarp, lo que a cambio garantizaría que Best Quality fuera la proveedora principal, además de, en el futuro, abastecer a los “supermercados populares” que el alcalde comunista esperaba lanzar.
Lo anterior, habría ocurrido luego de una serie de reuniones entre la empresa y el círculo íntimo de la autoridad, incluso con el mismo Jadue. La primera de ellas fue en marzo del 2020, en la cual habría participado el propio Ramírez junto a Álvaro Castro -representante legal de Best Quality SPA- y Matías Muñoz, exsecretario de Achifarp y quien en aquel entonces era proveedor de Recoleta de insumos comprados a esa empresa. Muñoz, posteriormente se convertiría en el vínculo entre la compañía y la organización de farmacias populares.
Las últimas pesquisas también se cruzaron con el informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades y “falta de probidad” en la gestión de las “farmacias populares”. Uno de los cargos dice relación con la celebración de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad, con el organismo que provee de medicamentos a bajo costo. Según la fiscalización, estos acuerdos irregulares involucran $ 613 millones de recursos fiscales y en ellos las autoridades eludieron la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado.
El alcalde de este informe también entró en el radar de la Fiscalía y, por lo mismo, se creo un equipo entre policías, fiscales y abogados de Contraloría para cruzar información sobre Jadue y el manejo de fondos en las “farmacias populares”.
El frente a frente de Jadue con la Fiscalía ya tiene fecha con miras a la recta final de la investigación que complica al jefe comunal de Recoleta.
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