Varias son las medidas que las autoridades han intensificado a raíz del alza de secuestros extorsivos que se han registrado en el país, delito explotado por la instalación del crimen organizado, y que abre nuevos desafíos para su combate y condena.
Lo anterior, considerando que en la última semana se han registrado al menos cuatro episodios de este tipo; el más bullado, el que afectó al empresario Rudy Basualdo, en Rancagua, quien logró ser liberado tras un pago a los delincuentes.
En ese contexto, el suprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigrada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de la PDI, comentó esta mañana a Radio ADN, comentó que si bien el departamento se creó en 1994, pero el segundo semestre de 2021 se produjo un «punto de inflexión donde vimos la evolución del delito», cuyas primeras investigaciones «ya arrojaban antecedentes que estas bandas estaban compuestas por personas que venían desde el extranjero, muchos de ellos, en condición migratoria irregular, los que empezaron a modificar este modus operandi».
Según detalló Barrientos, inicialmente estos sujetos cometían los delitos «enfocados hacia personas de su misma nacionalidad, y posteriormente, ante el aumento de la frecuencia de estos casos, tuvimos que evolucionar cómo abordarlo», principalmente por la capacidad de rastrear a personas en condición irregular.
A raíz de la coordinación de la PDI con el Ministerio Público, relató Barrientos, se generaron nuevas estrategias para abordar el fenómeno, lo que arrojó resultados positivos. «El año 2022 logramos desbaratar más de nueve bandas criminales ligadas a este delito, además de dos operaciones; la operación Clandestino y operación Caracas, que nos permitió desbaratar estructuras que estaban ya situando el delito de secuestro como un medio de lucrar en el país», comentó.
En general, estos grupos estaban compuestos por personas extranjeras, quienes realizaban «secuestro extorsivo, donde privaban de libertad a su víctima, la llevaban a un lugar de cautivero, y donde otro grupo de esta banda criminal, generaba las extorsiones a fin de exigir dinero para la liberación de las víctimas».
«No fomentamos el pago de rescate»
Consultado por los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá -quien reveló que hubo un pago para liberar a Basualto-, Barrientos reflexionó que «esta es una investigación muy delicada, muy reservada y hay que ser muy cautelosos, sobre todo en el proceso de negociación».
Si bien descartó referirse al trabajo que realizó Carabineros, comentó que en el caso de la PDI, los protocolos están divididos en tres fases: «la primera, está dirigida a abocar todos los medios técnicos y humanos a la liberación de la víctima sana y salva; la segunda, es para identificar y situar a los autores de este delito; y la tercera, que ya es la operación policial destinada a la detención y desbaratar a la estructura que está detrás de los delitos de secuestro».
En cuanto a los protocolos de negociación, remarcó que «nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio, no obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, y triangulan estas extorsiones a familiares de estas mismas víctimas que son extranjeras, hacia el extranjero», por lo tanto, «nosotros no podemos negar que la familia, quizás, en forma paralela, pueda realizar un pago por la liberación de su familiar en cautiverio».
Ante las dudas por si algunas de estas bandas operan desde prisión para realizar secuestros extorsivos, Barrientos comentó que «es probable», y que algunas de las investigaciones por secuestro han arrojado que «al menos las extorsiones, han sido articuladas desde el extranjero».
«También es importante dar cuenta que hay muchas estadísticas que, a lo mejor, alarman, por la cantidad de denuncias, pero hay que aclarar que éstas son el momentos en que se denuncia el caso y ahí se activa el protocolo por parte del Ministerio Público, y éste instruye a la brigada especializada para que se haga cargo de las primeras diligencias, y esas son las que confirman o descartan que se trate de un secuestro real», precisó.
De todas formas, Barrientos reconoció que «hay un aumento evidente», pero que en el caso de la PDI, «tenemos 118 concurrencias por delito de secuestro en lo que va de este año, pero en sólo 45 pudimos establecer, de acuerdo a la primera fase de la investigación, que correspondía a secuestros reales».
Incluso, comentó que en algunos casos, los antisociales se aprovechan de las denuncias de presunta desgracia, «y a parte de la denuncia, las autoridades hacen encargos en redes sociales, donde se publica mucha información de la persona extraviada, y eso mucha veces es mal utilizado por los criminales y o al interior de centros penitenciarios».
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