Hay un tema largamente pendiente entre Chile y Argentina: la extradición de Galvarino Apablaza, quien se encuentra radicado en el país vecino desde hace dos décadas. El próximo cambio de signo político del Ejecutivo de ese país, sumado a que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, ha solicitado públicamente que el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sea enviado a Chile a responder ante la justicia, hacen que este caso se reactive y, desde la Fundación Jaime Guzmán, señalan a El Líbero que van a plantear «en las instancias que correspondan la solicitud de revisión nuevamente del tema”.

Apablaza, conocido en el FPMR como como ‘Comandante Salvador’, está acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen del fundador de la UDI y senador Jaime Guzmán, asesinado el 1 de abril de 1991, y también está siendo requerido ante los indicios de que además estaría involucrado en el secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos cuando él lideraba el grupo terrorista.

Villarruel publicó un video en su cuenta de Instagram, en 2020, en el que teniendo en consideración que el pedido de extradición continuaba vigente, le solicitó al Presidente Alberto Fernández “que no renueve el estatus de refugiado político a Apablaza Guerra y facilite la extradición de este terrorista. Las víctimas del terrorismo merecen que sus derechos a la verdad y a la justicia sean garantizados. Merecen que quien es acusado de los gravísimos crímenes que ellas padecieron responda ante los tribunales de un país democrático como es Chile. Y además todos los argentinos nos merecemos que un gobierno democrático no se transforme en la garantía de impunidad de los terroristas”.

La insistencia de la Fundación Jaime Guzmán para extraditar a Apablaza

Con estos antecedentes a la vista, Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, dice a El Líbero que como organización van a reactivar el tema. “Frente a este cambio de circunstancias, que ciertamente se presentan más favorables para que el gobierno argentino realice las gestiones conducentes a que se pueda concretar la extradición de Apablaza, la Fundación, en su momento, en las semanas venideras, va a plantear en las instancias que correspondan la solicitud de revisión nuevamente del tema”, sostiene.

La Fundación no sólo cuenta con el respaldo de los dichos de la vicepresidenta electa. Jaraquemada relata que a principios de noviembre -antes de la elección de Milei- ya el tema lo estaban abordando informalmente con representantes de partidos políticos de Argentina durante un encuentro de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) llevado a cabo en Asunción, Paraguay.

“Nosotros este tema ya lo habíamos conversado en las instancias de la UPLA que reúne a diversos partidos de centroderecha latinoamericanos y precisamente se había conversado que si llegara a ganar Milei, porque esto fue antes, ciertamente el escenario era más favorable”, reitera Jaraquemada.

Presidente de Ucede por extradición de Apablaza: «Trataremos de influir para que eso suceda»

Una de las personas con las que abordó el asunto fue el abogado Gonzalo Mansilla de Souza, presidente del comité nacional del partido político argentino Unión del Centro Democrático (Ucede), que en conversación con El Líbero desde Argentina plantea que no sólo es una oportunidad de reactivar el tema, sino también de solucionarlo.

“¿A qué apunto con la solución? Apunto a que Argentina responda al pedido de Chile de hace tiempo para que este guerrillero responsable de secuestro, asesinato, etcétera, sea finalmente extraditado. La verdad que nosotros sentimos un poco de vergüenza por el estatus de refugiado que en su momento el gobierno kirchnerista le dio a Galvarino Apablaza”, indica Mansilla.

El presidente de Ucede explica que originalmente ellos estaban respaldando la candidatura de Patricia Bullrich, pero una vez que ella no pasó al balotaje y tomó la decisión de apoyar fuertemente a Milei, “nosotros acompañamos esa decisión”. “El Presidente electo recién ahora está formando su elenco de gobierno. Nosotros aspiramos, por supuesto, a seguir colaborando y a participar del gobierno de Milei, que abre una gran esperanza después de un gobierno oscuro y de un gobierno que nos ha llevado a una situación económica desastrosa”, señala.

Para Mansilla, una vez realizado el cambio de mando corresponde abordar la situación con la canciller designada Diana Mondino y con el ministro de Justicia anunciado Mariano Cúneo Libarona, “que son las personas claves para entender en este tema, trataremos de influir para que eso suceda”. A lo que agrega con respecto a la posición previa manifestada por Villarruel: “No tengo dudas que ella se ha expresado con total sinceridad y en sus convicción está la de que este guerrillero debería estar cuanto antes en Chile para que el Estado chileno pueda juzgarlo por todos sus crímenes”.

Gestiones previas que no dieron resultado

Apablaza nunca se ha presentado ante tribunales por estos hechos. Fue detenido en Argentina en 2004 -fecha de la que data el pedido de extradición-, pero al poco tiempo recuperó la libertad. En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner consiguió que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) le reconociera el estatus de refugiado político. De esta manera evitó que se ejecutara la decisión de la Corte Suprema argentina, que el 14 de septiembre de ese año, autorizó la extradición, pero que por mandato constitucional debía ser aprobada por la entonces Presidenta Fernández.

Conare le revocó la condición de refugiado en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, desde Chile el ministro Mario Carroza dictó una orden de captura internacional. Sin embargo, Apablaza apeló la decisión administrativa de Conare ante la Justicia, y desde entonces la causa permanece en suspenso.

En paralelo, la familia del senador Guzmán, la Fundación Jaime Guzmán y la UDI, demandaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no acceso a la justicia, el caso fue acogido y derivado a la Comisión Interamericana de DD.HH.

Jaraquemada explica que la respuesta que recibieron es que fueron derivados a una instancia de mediación con el gobierno argentino, en tiempos de Macri. “Se hicieron algunas reuniones que finalmente no fructificaron porque el gobierno se escudó, por decirlo de una manera eufemística, argumentando que el organismo que le había concedido asilo era un organismo autónomo en el cual él como gobierno no podía intervenir, Y por lo tanto no pasó nada. Apablaza siguió con el mismo estatus que tenía antes de realizar esas gestiones”, dice.

El respaldo de políticos argentinos

Sin embargo, el mismo Jaraquemada señala que la solución debe venir del ámbito político, más que administrativo: “A mi modo de ver esto requiere de voluntad política y espero que el nuevo gobierno argentino sí tenga esta voluntad política, que escapa de los temas administrativos e incluso judiciales, porque el tema judicial está zanjado. La Corte Suprema argentina ya concedió la extradición, entonces aquí hay temas más bien de orden de voluntad política”.

Por su parte, en cuanto a esto Mansilla señala: “Yo abrigo la esperanza de que Milei, una vez que esté planteado este tema, va a acompañar en el mismo sentido que se ha expresado su vicepresidenta. El Presidente Boric hasta ha conversado con el actual Presidente (Alberto Fernández), o sea que aparentemente el Presidente Boric quiere acompañar la decisión de la justicia chilena de insistir con la extradición. Pienso que el Presidente Milei, una vez puesto en este tema, va a acompañar y acelerar todo lo que se pueda la extradición de Apablaza”.

En abril de 2022 el Presidente Boric realizó su primera visita oficial a Argentina y trascendió que uno de los temas que abordó con Fernández fue precisamente la extradición de Apablaza. Cita el diario La Nación que Fernández reconoció que Boric le “transmitió su preocupación” a lo que le respondió que “tendrá en cuenta sus consideraciones” y que “será el Poder Judicial quien deba resolver como esto evoluciona”.

Mansilla considera que no sólo su partido, sino que todos los que conocen el caso con cierta profundidad estarían por la extradición. “Galvarino Apablaza fue el líder de un movimiento guerrillero, que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, los que conocen el caso, creo que hay una convicción de que es intolerable que este hombre lleve 20 años en Argentina, y que haya esta demora para ser extraditado”, sostiene.

Los vínculos de Apablaza con el kirchnerismo

Para quienes estaban involucrados en el tema, el interés de Fernández en lograr la extradición era el equivalente a “cero”. Además porque el propio Apablaza y su señora, Paula Chahin, estaban bien conectados con el kirchnerismo.

A ella, según una resolución aparecida en el Boletín Oficial de Argentina publicado el 4 de mayo de 2020, se le asignó estar a cargo de la Dirección de Prensa Presidencial dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia. Una posición “transitoria”. No obstante, en una resolución de este año, publicada en el Boletín Nacional del 16 de agosto 2023 queda asentado que a partir del 2 de marzo de 2023, “con carácter transitorio”, Chahin desempeña las funciones de directora de prensa presidencial. Una posición similar a la que ocupó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta.

Mansilla indica que Apablaza “es un protegido del kirchnerismo”. Ahonda en que una vez que Apablaza obtuvo el estatus de refugiado “participaba en actos políticos del kirchnerismo acá en Argentina. Y su esposa trabaja en el gobierno. Así que la vinculación era pública”.

Villarruel, entrevistada por El Líbero en 2020 sobre este tema, señaló que “es claro que a partir del momento en que Cristina Fernández en el año 2010 le otorga el estatus de refugiado político a Apablaza, su esposa estuvo dentro de la Casa Rosada trabajando. Es sumamente estrecho el lazo entre estas personas. Difícilmente, vos quieras tener cerca a quien es esposa de un terrorista al que le estás otorgando refugio político en tu país para enemistarte con una nación hermana como es Chile”.

Asimismo, sobre la extradición de Apablaza la futura vicepresidenta de Argentina comentó en esa ocasión que “este es un tema lo suficientemente álgido como para ocasionar un problema diplomático entre nuestras naciones, porque aquí en Argentina se le está negando la extradición alegando que en Chile no hay Estado de Derecho y esa es una ofensa muy grave cuando sabemos que no es verdad. De hecho, si tuviéramos que comparar las situaciones es mucho más estable y está más garantizado el debido proceso en Chile que en la República Argentina (…). El Estado argentino le está negando a las víctimas esos derechos, está garantizando la impunidad de una persona que debiera responder con todas las garantías, pero que debiera responder por su responsabilidad en los crímenes por los cuales se lo acusa, que incluyen el secuestro de Cristián Edwards y otro tipo de acciones que ocurrieron desde 1988 hasta el año 2001, en que Apablaza dirigió el FPMR”.

También está pendiente la extradición de Facundo Jones Huala

Otro proceso de extradición de Argentina que queda pendiente es el del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que da vía libre al traslado y una vez agotadas las instancias judiciales será la Cancillería argentina, previa consulta con el Presidente, quienes finalmente tomen la decisión.

Jones Huala fue condenado en Chile a más de ocho años de cárcel por un ataque incendiario ocurrido en un fundo de la Región de Los Ríos, pero se encuentra prófugo de la justicia chilena desde febrero de 2022 tras obtener la libertad condicional; y fue recapturado en su país natal en enero de este año donde permanece hasta ahora.

Al igual que como sucede con Apablaza, Jones Huala se declaró como un preso político. Y su defensa lo que busca es poder completar el tiempo que le queda de condena en Argentina. En opinión de Pablo Urquízar, ex coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, la extradición de Jones Huala podría concretarse durante el gobierno de Milei; “atendida las circunstancias propias de los cambios de gobierno y sobre todo el énfasis y la prioridad que ya ha señalado la futura vicepresidenta de la República Argentina sobre lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur”.

Tras la elección, Villarruel, en una entrevista con CNN, dijo: “Me preocupa de sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina (…) espero que podamos trabajar en el ámbito de la seguridad de manera conjunta y responsable para que estos delitos que se cometen en ambos lados de la frontera puedan ser resueltos rápidamente”.

En esta línea, Urquízar afirma que Jones Huala “es precisamente el cabecilla de una de las orgánicas violentistas que operan derechamente en el sur de Argentina, como es la Resistencia Ancestral Mapuche. Facundo Jones Huala es el equivalente a Llaitul en la CAM, por lo tanto, la prioridad que le da la vicepresidenta electa a lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur, con una perspectiva binacional, permite evidenciar un aspecto positivo desde la perspectiva de la extradición que se está esperando”.

Original de El Líbero

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