La críticas a la lentitud del CDE en el caso Convenios

Pese a que Fiscalía Nacional investiga cerca de 50 corporaciones que recibieron más de $32 mil millones en todo el país y que la Contraloría ha detectado graves irregularidades en 10 gobernaciones y 15 seremías de Vivienda, el CDE sólo ha presentado querellas en 4 regiones por el Caso Convenios. Como un accionar “cuestionable” y que “no resulta comprensible”, calificó el informe final de la comisión investigadora de la Cámara sobre el Caso Convenios, la actuación en este tema del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Qué observar. El informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Convenios -aprobado por 8 votos contra 5- apuntó a las responsabilidades políticas al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS) a quien acusó de “reprochable inobservancia”, al no detectar y controlar las transferencias irregulares de recursos a fundaciones privadas que ocurrían en su repartición.

• Pero el informe también dedicó un espacio a cuestionar la escasa labor que ha realizado el Consejo de Defensa del Estado (CDE), instancia que preside Raúl Letelier, y cuya función es representar judicialmente al Estado para proteger los recursos públicos.
• Desde que estalló el caso el 12 de junio, la Fiscalía Nacional ha iniciado investigaciones de oficio en 10 regiones, investiga a cerca de 50 corporaciones privadas por transferencias en torno a los $32 mil millones y hay 11 detenidos.
• Por su parte Contraloría, emitió sus informes finales donde detectó graves irregularidades administrativas y posibles delitos en 10 gobernaciones, 15 seremías de Vivienda de todo el país y la subsecretaría de Vivienda.
• En contraste, el CDE aún se encuentra revisando los antecedentes y sólo ha presentado querellas en cuatro regiones. En septiembre, presentó su primera querella contra Democracia Viva. En el organismo señalan que no han podido avanzar más rápido debido a que muchas causas son reservadas y no cuentan con los antecedentes para fundamentar las acciones judiciales.

“Accionar cuestionable”. En la página 12 del informe de la Cámara de Diputados, en el subtítulo “Acerca del Consejo de Defensa del Estado”, el texto señala que “Sin duda en el caso “Democracia Viva”, tal como en los restantes casos de posible corrupción del denominado episodio “convenios”, existe un interés público de proteger los recursos públicos y la probidad administrativa”.

• “Por eso, no resulta comprensible que luego de meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, así como de sendos informes de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes”.
• “Ha existido por parte del Consejo de Defensa un accionar cuestionable y en extremo reactivo que no responde a la magnitud y profundidad del episodio de corrupción”.

Renuncia de Horvitz. A inicios de septiembre, el mismo día que el CDE presentaba su primera querella contra Democracia Viva, la consejera María Inés Horvitz anunciaba su renuncia al organismo.

• Aunque se debía a temas personales, la decisión estuvo cruzada por una dura discusión que habría tenido con el presidente del CDE, Raúl Letelier, respecto a la estrategia para enfrentar el Caso Convenios, que había estallado a mediados de junio.
• En fuentes del CDE señalan que Horvitz tenía discrepancias con la estrategia de Letelier de encapsular la acción judicial en Democracia Viva y no extenderla a otras fundaciones cuestionadas por traspasos irregulares.
• Letelier, de acuerdo a quienes lo conocen, era partidario de comenzar el proceso con Democracia Viva para no extender los plazos de la investigación, lo cual suponía dejar para más adelante las posibles acciones judiciales en contra de otras fundaciones.

Respuesta del CDE. Consultados en el CDE sobre el reproche que hace la Cámara de Diputados a su labor en este caso, señalaron que por ahora no harán comentarios. En el organismo esperaran conocer oficialmente el contenido del informe, que aún no ha sido votado en sala. (Esa votación podría efectuarse en varias semanas más).

• No obstante, fuentes del CDE, señalaron a Ex-Ante que el organismo ha presentado cinco querellas por causas vinculadas al caso Convenios en cuatro regiones. Eso en los cinco meses que lleva el escándalo.
• El 1 de septiembre el organismo interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y contra el representante legal de la fundación “Democracia Viva”, Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al Fisco.
• Días antes, el CDE presentó una querella contra funcionarios del Gobierno Regional de Biobío y particulares entre los que se encuentran Camila Polizzi y su expareja Sebastián Polanco, acusándolos de fraude al fisco. Polizzi fue arrestada la tarde de este martes por la PDI.
• En agosto por el mismo delito, presentaron una querella contra Diego Ancalao, quien también fue detenido en el marco de la investigación del convenio entre el GORE de Los Lagos y la Corporación Kimün.
• En tanto, el pasado 17 de noviembre se querellaron contra cuatro jefes de divisiones del GORE La Araucanía por fraude al Fisco en convenios con organismos privados.
• Finalmente, el jueves de la semana pasada, el CDE acordó ampliar su querella contra Democracia Viva para que se incluya a la Fundación Procultura, del psiquiatra Alberto Larraín, que registra convenios en varias regiones, entre ellos el de restauración de fachadas de Antofagasta.
• Fuentes del CDE afirman que está en carpeta emprender acciones contra otras fundaciones, pero que no han podido avanzar más rápido debido a que varias de las causas del Ministerio Público fueron decretadas como reservadas.
• En su momento, el CDE también recibió críticas por la tardanza de más de ocho meses en querellarse contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. En esa ocasión también fue atribuida a la reserva de la investigación.

Quién es Raúl Letelier. El abogado, que ha manejado con cautela la querellas contra fundaciones y reparticiones públicas del caso convenios, fue nombrado en abril de 2023 como presidente del CDE. La designación la realizó el Presidente Gabriel Boric.

• Letelier nació en 1974, en Talca. Estudió derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, tras lo cual cursó un máster en derecho público y un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid.
• De la facultad de derecho de la U. de Chile se remonta su cercanía con el también profesor Fernando Atria, con quien integró en 2016 el proyecto “Puentes” para promover un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente.
• Su trayectoria en el CDE comenzó en el 2000, como abogado litigante en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas. También fue abogado asesor en el departamento de estudios y, en 2011 pasó a ser asesor del comité contencioso administrativo.
• El 13 de marzo de 2017 , Bachelet lo nombró consejero del CDE.
• Fue nombrado representante del CDE en el Consejo de Monumentos Nacionales. Letelier integraba el organismo cuando éste aprobó sacar la estatua del general Baquedano de la plaza del mismo nombre, tras los daños sufrido desde octubre de 2019. La obra no volvió al lugar.
• Letelier fue el encargado de defender al Presidente Boric en el TC, ante el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos y de Demócratas, por el indulto otorgado a fin de año al exfrentista Jorge Mateluna y a 6 de los 12 presos del 18-O que recibieron el perdón de su pena.

Original de ex-ante.cl

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