Durante la última semana de noviembre fue que el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, recibió el oficio de Contraloría donde se detallaban una serie de irregularidades en las gestiones de la Subsecretaría de Vivienda y de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, en relación con traspasos a fundaciones.
Se trataba de los insumos reunidos en razón de dos auditorías llevadas a cabo por investigadores expertos en contabilidad, y en medio de las cuales el organismo encabezado por Jorge Bermúdez detectó serias faltas de control, deficiencias administrativas y también hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Aquello, como también se advirtió en otras zonas del país donde el denominado caso líos de platas ya se había instalado.
Fue a raíz de esa información, de hecho, que el persecutor abrió una de las últimas aristas de este caso, puesto que hasta ahora la Región Metropolitana era una de las pocas zonas del país donde no se habían iniciado pesquisas por eventuales traspasos irregulares a corporaciones y ONG.
Quienes conocen de las gestiones que ha emprendido Carrasco desde que recibió los antecedentes aseguran que recién está en etapa de revisión de los mismos y que una vez que analice todo el detalle decidirá sobre el curso de las diligencias.
En medio de las determinaciones que deberá tomar el fiscal, cabe hacer presente, se incluye lo referente a si ampliar o no la investigación a convenios suscritos por la Gobernación Regional Metropolitana. Aquello porque dicha entidad tiene o tuvo convenios con fundaciones que han recibido varios reproches, como es el caso de ProCultura.
Los informes de Contraloría
En cuanto a lo evidenciado respecto a las gestiones de la Seremi de Vivienda de la RM, Contraloría incluyen falencias en convenios celebrados con seis entidades privadas y que tienen un monto total de $1.822.515.316. Estas son: Fundación EnRed, Fundación Posible Otro Chile, Espacio Lúdico, Fundación Aldea, Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje, Enlace Urbano ONG y Un Techo Para Chile.
Y en el caso de las desprolijidades o irregularidades detectadas en el trabajo de la Subsecretaría, como se lee en el informe entregado por Contraloría, destaca la ausencia de manuales de procedimientos que regularan el proceso de asignaciones directas de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, puesto que sería aquello lo que daría pie a que se favoreciera sin razón concreta a una determinada entidad y a eventuales conflictos de interés o tráfico de influencias.
Además de aquello, el trabajo del ente contralor permitió advertir que la repartición dependiente del Ministerio de Vivienda carecía de metodologías claras para elaborar catastros de campamentos, de registro de fundaciones, de métodos para fijar el monto de proyectos, de uniformidad en los tratos y, además de otras falencias, de controles eficaces que permitieran saber que los dineros eran ejecutados de manera correcta.
Lupa sobre convenios
Además de falencias en los controles y registros de las fundaciones en cuestión, Contraloría detectó que en el caso de tratos suscritos por la Seremi de Vivienda de la RM carecían de actos administrativos que fundaran y acreditaran documentadamente su existencia. Solo a modo de ejemplo se constató que las entidades sin fines de lucro mantenían fichas de inversión genéricas y otras sin dicho documento.
Además, como también pasó en otros casos, los proyectos no contaban con los respaldos correspondientes en vale vistas o boletas de garantía, y tampoco tenían los planes de trabajo que supuestamente se ejecutarían.
Otro antecedente que se consideró grave es que las ONG, en su mayoría, tenían montos pendientes por rendir.
Asimismo, se advirtió que la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones. Al 30 de junio de 2023, como constataron, y en relación con los 24 convenios vigente, se habían presentado rendiciones por $925.667.549, las que no habían sido revisadas por esa entidad.
Quién es el fiscal Carrasco
El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Carrasco, tiene una trayectoria de 20 años en el Ministerio Público -partió en 2003 en la Fiscalía de Cauquenes como abogado asistente- y ha desarrollado gran parte de su carrera en el área de las causas complejas. En 1999 egresó de la Universidad de Chile y se tituló como abogado.
Litigó en el juicio oral por el caso de colusión de farmacias, donde finalmente resultaron absueltos 10 ejecutivos farmacéuticos del delito de alteración fraudulenta en el precio de medicamentos. Pero desde la otra vereda, obtuvo la condena de dos notarios que validaron de manera irregular firmas para las candidaturas presidenciales de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, en 2013.
Se ha dedicado a investigar delitos de tráfico de personas, y en 2017 indagó el ingreso de 32 ciudadanos chinos con una visa de turista y pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago interceptar el teléfono del entonces presidente del Senado, Andrés Zaldívar.
Otra de sus participaciones en procesos judiciales que captaron amplia atención pública ha sido el liderazgo de la causa donde se indaga la presuntas responsabilidades del expresidente Sebastián Piñera y del exministro de Salud Jaime Mañalich en la muerte de pacientes con coronavirus.
/psg
