Un día después de anunciar que no persistiría en la polémica compra de la ex Clínica Sierra Bella -tras los cuestionamientos de Controlaría-, la alcaldesa Irací Hassler comunicó que le había pedido la renuncia a dos de sus hombres de confianza que resultaron claves en la frustrada transacción. Se trataba del director jurídico, Jean Pierre Chiffelle, y del secretario de Planificación, Luis Mayorga.
Ambos, al igual que la propia jefa comunal, se habían posicionado como personajes de interés para la investigación que inició el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al Fisco y, por lo mismo, sus testimonios comenzaron a resultar cada vez más relevantes. Chiffelle declaró el 1 de septiembre, mientras que en primera instancia Mayorga optó por guardar silencio.
Esa postura, sin embargo, se quebró el pasado 9 de noviembre, cuando finalmente el geógrafo y exmilitante PPD compareció junto a su abogado, Víctor Providel, ante el fiscal que lidera las pesquisas, Patricio Cooper. Así, respondiendo a las 46 preguntas que le formuló el investigador -de acuerdo con un documento que pudo revisar La Tercera-, contó su versión de lo ocurrido y apuntó directamente a las gestiones que realizó la militante comunista para adquirir el citado inmueble. Junto con ello, además, reveló que la exclínica se financiaría con “excedentes financieros” que estaban en manos de la Dirección de Salud.
Uno de los pasajes más importantes del interrogatorio fue cuando el exalto funcionario de Santiago apuntó a la intervención directa de Hassler en la fallida compra de la clínica y cómo ella luego le pide su cargo para que él asuma los “costos políticos” para así garantizar su reelección.
“El viernes 14 de abril la alcaldesa me pidió la renuncia; le dije que si había algún acto de mi parte que mereciera la pérdida de confianza, me respondió que no, pero que yo debía asumir los costos políticos de este tema. A los pocos días ella dio una entrevista donde señala que estaba limpiando el municipio y que me había pedido la renuncia al cargo, señaló mi nombre y apellido, y al director jurídico, pero a Jean Pierre no lo nombró”, sinceró el profesional.
Según comentó, además, en el momento en que efectivamente presentó la renuncia le hizo notar su molestia: “Le dije que me parecía impresentable el daño hecho, a lo cual me pidió disculpas, pero me dijo que era más importante la reelección”.
“El 30 de noviembre de 2022 Nicole Araya, jefa de gabinete de la alcaldesa, envió un correo invitando a esta visita (a la exclínica) del 5 de diciembre. Yo no gestioné ni coordiné esa visita. Efectivamente fui, nos recibieron el señor Sánchez y su abogado, quienes mostraron todo el inmueble. Al final de la visita la alcaldesa me pregunta delante de todos: ‘¿Cómo te verías aquí, Luis?’. Yo le respondí, para salir del paso, ‘prefiero no imaginarme nada’. El mismo día subieron a redes sociales la visita a la clínica, ambas situaciones las encontré un error estratégico para futuras negociaciones”, manifestó el profesional al ser consultado por el recorrido que realizaron a las instalaciones.
Y ante la consulta respecto de las negociaciones, Mayorga no titubeó, pues aseguró que en solo minutos Hassler accedió a pagar prácticamente dos mil millones más por el lugar.
“La alcaldesa primero ofertó 6 mil setecientos millones, lo cual fue rechazado por el señor (Felipe) Sánchez, ya que dijo tener una tasación que valoraba como recinto de salud el inmueble. Ante eso la alcaldesa ofertó 7 mil millones y fracción, lo que volvió a rechazar Sánchez. Ante eso, la alcaldesa le preguntó al director jurídico si podía ofertar el valor de las tasaciones y él le señala que no había problema, que había jurisprudencia de la Contraloría al respecto y que se podía ofertar el promedio. Todo esto en la misma reunión”, relató Mayora.
Agregó, en el mismo sentido, que él efectuó “tres intervenciones en esa reunión. La primera fue que no se podía suscribir un contrato de compraventa en el año 2022 y pagarlo el 2023, porque según la ley eso sería un leasing y las instituciones públicas deben pedir permiso al Ministerio de Hacienda. Ante eso los abogados acuerdan una carta oferta y la alcaldesa dio un plazo de 72 horas para hacerla llegar al vendedor, lo cual se hizo”.
Contrario a lo que dijo la alcaldesa en su declaración, de hecho, Mayorga negó haber organizado la citada reunión y aseguró que fue ella quien dio las instrucciones. “Estando en una reunión quincenal de proyectos la alcaldesa manifiesta que quería comprar la propiedad, me instruye que llame a la empresa y ella misma la fija para el 20 de diciembre, y también fijó la hora. Yo cumplí con su instrucción y llamé al abogado de Sánchez, el señor Casanueva. Por ende, yo no organicé la reunión, sino que simplemente seguí las instrucciones de la alcaldesa de contactar a los vendedores”, manifestó.
¿De dónde salían los fondos?
De acuerdo con lo manifestado por Luis Mayorga, tanto el primer inmueble que sondeó Santiago para concretar el proyecto como la exclínica Sierra Bella se podrían adquirir gracias a fondos que estaban en manos de la Dirección de Salud y que constituían “excedentes financieros”.
“Los recursos salían de Salud, porque esa dirección tenía un excedente financiero calculado por Secpla de seis mil quinientos millones producto de que consideraron un ingreso por población per cápita inferior al que realmente tuvieron (…) La dirección de Salud consideró menos ingreso y menos gasto, y por eso ya en marzo del año 2022 nos dimos cuenta que existiría un excedente, y no ejecutar el presupuesto del año justamente en salud era impresentable en términos sociales y políticos”, indicó.
Complementó, en esa línea, que aquello se lo manifestó tanto a la alcaldesa como a la directora de Salud, pues, como recalcó, “teníamos que tener un plan en materia de salud que permitiera ejecutar el presupuesto”.
Consultado respecto a la diferencia de precio que había entre el monto en que Felipe Sánchez, dueño de la exclínica, había adquirido la misma y al que la estaba vendiendo, Mayorga fue tajante en sostener que no le llamó la atención.
“No hice ninguna consulta ni me llamo la atención por la simple razón de que a mí lo que me correspondía era determinar si teníamos o no la plata para adquirir el inmueble. Ninguno de los abogados que vieron esto, ni el director jurídico ni Nadia Olave, ni nadie de la Dirección Jurídica dijo nada”, comentó el otrora Secpla.
/psg
