El pasado 14 de noviembre las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz (ambas de la bancada Social Cristiana) anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda Carlos Montes a propósito del escándalo del Caso Convenios.
En ese momento las parlamentarias no contaban con las 10 firmas necesarias para poder presentar el libelo ya que las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano no dieron su apoyo. Sin embargo, el miércoles negro de Democracia Viva, hizo que la oposición endureciera el tono contra el secretario de Estado, exigiendo su salida inmediata del cargo y amenazando con una acusación constitucional en su contra.
Asimismo, se sumaron representantes de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente.
Si bien los legisladores de Chile Vamos y el Partido Republicano no aseguraron que se sumarían al libelo de de la bancada Social Cristiana o que elaborarían otro por su cuenta, Concha y Muñoz presentarían la acusación el próximo lunes, después del plebiscito constitucional.
El documento al que Emol tuvo acceso cuenta con tres capítulos acusatorios. En el primero se analiza cómo el ministro de Vivienda dejó de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia, en particular sobre la subsecretaria de la cartera.
Se acusa al secretario de Estado de haber actuado de manera «negligente» y que esta «falta de control» permitió que se transfirieran de manera durante más de $11 mil millones a fundaciones. En particular, este capítulo se basa en el informe de auditoría que realizó la Contraloría General de la República.
En el segundo se acusa a Montes de haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023.
En esa línea se plantea que el ministro dejó de observar los principios de eficiencia y eficacia, estando obligado a ello. Esto habría ocasionado que bajo su gestión se cometieran todo tipo de irregularidades administrativas y otras actuaciones que revisten carácter de delito.
El reproche de los legisladores se centra principalmente en que el Ministro no dotó a los organismos y personal bajo su dependencia de la normativa y procedimientos adecuados para la selección de las entidades privadas que ejecutarían los proyectos en el contexto Programa Asentamientos Precarios.
Finalmente, el capítulo tres, dice que Montes infringió la Constitución y las leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa.
Ahí se indica que «el Ministro acusado, ha infringido gravemente los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, lo que deviene necesariamente en la contravención del principio de Probidad Administrativa».
El documento completo
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