Este martes se presentó formalmente la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Después de semanas de anuncios y conversaciones en la oposición, se llegó a un libelo de consenso que contó con el respaldo de las bancadas de diputados de Evópoli, Renovación Nacional (RN) , la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente.
Las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, el pasado 14 de noviembre habían anunciado una acusación contra el secretario de Estado. En se momento, Chile Vamos y el Partido Republicano no respaldaron la idea, sin embargo esto cambió luego de que se conociera que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en su declaración aseguró haber informado al ministro de las irregularidades en el convenio entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
El documento que presentaron los legisladores cuenta con más 80 páginas y cinco capítulos. En este escrito aseguran que hubiese correspondido una mayor supervigilancia y fiscalización por parte del ministro atendida la cuantía de los recursos puestos bajo su administración. Además, aseguran que debió ejercer el control jerárquico permanente sobre la única Subsecretaría que tiene a su cargo.
También acusan falta de observancia de los principios de eficiencia y eficacia en el Ministerio de Vivienda, que aun cuando la Contraloría General de la República instruyó específicamente corregir las irregularidades, esto no fue debidamente considerado en el manual de convenios de transferencia entre instituciones sin fines de lucro y las Seremis del Ministerio de Vivienda.
Además, aseguraron que hubo falta de colaboración por parte la cartera. En esa línea, dicen que la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó al ministro una copia de las comunicaciones que mantuvo a través de correo electrónico con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, para determinar las responsabilidades que le correspondía a ambos en los graves hechos dados a conocer, «no obstante, lejos de obtener una respuesta favorable por parte del Ministro Montes, este respondió mediante Oficio 371, de fecha 17 de agosto de 2023».
Y en esa línea, denunciaron que no se proporcionaron los correos electrónicos solicitados y aluden al allanamiento del ministerio el pasado 30 de noviembre, donde el secretario de Estado reconoce que no se «otorgó respuesta a un oficio emanado del Ministerio Público porque quedó extraviado en el camino».
Por otro lado, aluden a la responsabilidad política por infracción a la Constitución del ministro de Vivienda. «Se puede sostener que un Ministro de Vivienda cuenta con atribuciones que, de haberse ejercido oportunamente, no habrían dado lugar a un caso tan grave como lo fue el caso Convenios», dice el documento.
Finalmente, acusan responsabilidad política por infracción al Código Procesal Penal.
El libelo se dará cuenta en la próxima sesión (esta tarde) y por sorteo se escogerán a cinco diputados par conformar una comisión revisora, con exclusión de los acusadores y de los miembros de la Mesa. Una vez que se dé cuente en la Sala, hay tres días para notificar al acusado. Con todo, se podría estar votando en Sala la acusación constitucional las últimas semanas de enero.
Chile Vamos, el Partido Social Cristiano y republicanos
Una vez ingresada la acusación, los parlamentarios firmantes dieron a conocer su postura en relación a la gestión del ministro Montes y a la del Presidente de la República, Gabriel Boric.
La diputada Francesca Muñoz (Social Cristiano) dijo que «nosotros le dijimos al Presidente los graves hechos que ocurrieron en el Caso Convenios. Recordar que hay un informe de Contraloría donde es contundente, también hay una persecución penal al respecto, ya se están siendo imputados. Entonces, esta es la arista en el ámbito político. Le hemos planteado eso al Presidente una y otra vez de la importancia de que el ministro dejara su cargo, pero frente a que él no ha tomado esas decisiones es que nosotros hoy vamos a ingresar esta Acusación Constitucional».
Asimismo, el jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, indicó que «el Presidente de la República se podría haber ahorrado este problema si hubiera definitivamente hecho valer la responsabilidad de pedirle al ministro ‘ministro, retírese, necesito una persona que haga cargo de este ministerio’. Si lo hubiese hecho, no estaríamos acá. Nosotros preferimos estar mil veces en la Sala discutiendo proyectos de ley a estar presentado acusaciones constitucionales».
En representación de Renovación Nacional, Jorge Durán, señaló que «el equipo jurídico de la bancada ha llegado a la conclusión que existen los suficientes méritos para acusar constitucionalmente al ministro».
«Acá es necesario que el Congreso de una vez por todas tome cartas en el asunto, que deje de votar por argumentos políticos y que vote por la prioridad. Basta de impunidad y tenemos que dar una señal concreta a la ciudadanía que independiente de los colores políticos, acá están pasando hechos graves de corrupción y Chile no lo puede seguir tolerando», agregó el parlamentario y dijo que RN entregará todo su apoyo a la acusación.
La DC no respaldará la acusación
Pese a que los diputados de la Democracia Cristiana (DC) habían deslizado duras críticas contra la gestión de Montes y pidieron la salida del secretario de Estado, hoy la postura -después del Plebiscito del domingo – es distinta.
«La decisión hoy día predominante de la bancada de la Democracia Cristiana es que nuestros votos no van a estar para una Acusación Constitucional en contra del ministro Montes. Yo creo que la gente habló con mucha claridad este domingo 17 de diciembre, le dijo a toda la clase política, y eso nos involucra a nosotros: basta de tonterías, basta de peleas, dedíquense a los temas que a nosotros nos interesan, seguridad, desarrollo económico, resuelvan la crisis de salud y no pierdan más el tiempo en acusaciones constitucionales», dijo el diputado Eric Aedo (DC).
En esa línea dijo que «no están las condiciones políticas para una Acusación Constitucional. Y sin los votos del centro político, sin los votos de la Democracia Cristiana, esa Acusación Constitucional hoy día no tiene destino».
/psg
