El Ejecutivo presentó las indicaciones para reformar la ley sobre las pensiones de gracia, beneficio otorgado a más de 400 personas por apremios ilegítimos sufridos en el contexto del estallido de 2019. La medida ha sido duramente cuestionada, ya que luego que el subsecretario Manuel Monsalve informara que 40 de estas personas cuentan con antecedentes penales, en la prensa se han dado a conocer siete casos, cuatro de ellos registran ataques a Carabineros. El último de ellos fue revelado por El Líbero, que dio a conocer que uno de los pensionados es el autor de un homicidio cometido en el año 2014, quien actualmente recibe una pensión aproximada de 600 mil pesos mensuales.
En un nuevo “Mirada Líbero”, el diputado de RN, Andrés Longton, integrante de la comisión especial investigadora encargada de este tema, abordó la situación. El parlamentario sostuvo que “con las indicaciones presentadas, nos queda claro que el gobierno tomó la decisión de continuar con estas pensiones”.
