Esta mañana, integrantes de la bancada de diputados de Renovación Nacional concurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría para fiscalizar el correcto uso de recursos públicos en el pago de las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas bajo el contexto del estallido social. Los parlamentarios a su vez, buscan que se audite el proceso de acreditación realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para concebir el beneficio.
En la instancia, participó el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, junto con sus pares Hugo Rey y Eduardo Durán.
En el escrito presentado por los legisladores, se lee que: “Existe una legítima duda acerca de la forma en que se acreditaron las circunstancias, dudas que se tornan más relevantes si consideramos el poder que estos informes tenían para el otorgamiento final de las pensiones. Hay por tanto una necesidad evidente, con miras a resguardar el interés fiscal y la probidad funcionaria, de avanzar en auditorias o investigaciones que entreguen certezas acerca del buen uso de los recursos públicos”.
Bajo ese marco, solicitan al ente contralor, “requerir la información correspondiente al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de manera de determinar si el proceso de otorgamiento de las pensiones a victimas del estallido social previa acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos se ajustó a las normas y principios que rigen la materia, auditando específicamente la integridad del proceso de acreditación de la totalidad de las 418 pensiones de gracia otorgadas conforme a dicho procedimiento”.
“En su defecto, solicitamos auditar aleatoriamente una muestra relevante de aquellas pensiones, remitiendo los resultados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público de visualizarse hechos que pudieren constituir delito”, agregan los parlamentarios.
En el punto de prensa de la actividad, el diputado Longton señaló que “hemos venido a la Contraloría, para que la Contraloría audite las 418 pensiones de gracia que se otorgaron a supuestas víctimas del estallido social, entendiendo que algunas de ellas, sobre todo con los antecedentes que han salido últimamente, no estaría acreditada su calidad de víctima, sino solamente su calidad de delincuente condenado”.
“Creemos que es inadmisible, inaceptable e indignante que con recursos públicos de todos los chilenos, incluso algunas cifras que llegan superior a los 500.000 pesos, se esté financiando a delincuentes, mediante un proceso que creemos es fallido, que no se realizó de buena manera por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, sentenció el parlamentario.
Por su parte, Durán criticó que el beneficio fue entregado “a personas que no merecen este beneficio, por el contrario, destruyeron al país y lo incendiaron. Todo con el auspicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos que más bien parece el Instituto Nacional de los Derechos de los delincuentes (…) por eso hemos venido en nuestro rol fiscalizador a que la Contraloría investigue y podamos en definitiva revertir estos más de 400 beneficios que se otorgaron a personas, muchas de ellas que no lo merecen”.
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