Por 88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. Que la iniciativa fuera votada durante la jornada no era algo esperado para el Gobierno. De hecho, el Ejecutivo ni siquiera alcanzó a planificar una estrategia para ordenar a los parlamentarios oficialistas, que votaron divididos ante la iniciativa. En La Moneda piensan que es inconveniente que la iniciativa siga su curso en el Congreso.
Qué observar. Un nuevo revés sufrió este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino a territorio nacional.
- Ni en el Gobierno ni en el oficialismo lo esperaban.
- Cada diputado que quisiera hablar se podía inscribir e intervenir por 5 minutos. En el Ejecutivo consideraban que el debate del proyecto sería amplio y que, al no tener urgencia, ni siquiera continuaría su discusión la semana siguiente en la sala de la Cámara Baja.
- Pero sin que lo esperaran y con pocos diputados oficialistas en la sala, tras más de una hora y media de discusión, la bancada de diputados de RN -a través de su jefe de bancada Frank Sauerbaum- solicitó la clausura del debate, lo que fue aprobado con 35 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones.
- Más aún, los parlamentarios del Partido Republicano habían ingresado una indicación al proyecto, pero para evitar que el proyecto debiese volver a la comisión, desde RN les solicitaron retirarla y que así el trámite continuara su curso en el Senado.
División oficialista. El proyecto se aprobó con 88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones. En el oficialismo no votaron para cuadrados: Los liberales y la bancada de independientes PPD aprobaron la iniciativa, en el PS algunos la rechazaron y otros se abstuvieron, mientras que en el Frente Amplio y el PC todos votaron en contra.
- El Ejecutivo no tuvo margen de acción para intentar cuadrar los votos de su sector y de los denominados partidos bisagra, como Demócratas, considerando que no pensaban que el proyecto sería votado esta semana.
- Para algunos, lo ocurrido durante la jornada de este miércoles les recuerda lo que pasó el año pasado con la tramitación de la ley de usurpaciones, iniciativa que el Ejecutivo terminó vetando por no lograr contener la aprobación de un proyecto que nunca gustó en La Moneda.
- El Gobierno ha dicho en distintos espacios de conversación que es inconveniente que se apruebe el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino, ya que entre otras cosas podría bajar la calificación de riesgo del país en materia de DD.HH. a partir de tratados internacionales.
- El problema es que la agenda migratoria aparece como prioritaria en las encuestas y que se asocia en los estudios de opinión a problemas en seguridad pública, un asunto muy sensible para la administración Boric.
Los contrastes. Durante la sesión, cuatro diputados oficialistas alcanzaron a intervenir en contra de la iniciativa.
- Lorena Pizarro (PC) indicó que “el comité de DD.HH. de la ONU señala que la migración solo puede ser una falta administrativa y por lo tanto no se puede imponer sanción penal. No es una idea loca, tiene que ver con que en el centro de las naciones tiene que estar el respeto a los derechos de las personas”. “El objetivo (del proyecto) es un facilitador de hacer puntos comunicacionales que estamos muy comprometidos al combate de la delincuencia vinculado a la pobreza migrante de quienes buscan mejores condiciones de vida, no solo en Chile, alrededor del mundo”, añadió.
- En contraste, Jaime Araya (ind. PPD), integrante de la comisión de Seguridad, planteó que se trataba de “una herramienta adicional para todo lo que se ha ido generando en materia de control migratorio”.
Qué dice la iniciativa. El proyecto que ahora pasa a segundo trámite constitucional y que deberá ser discutido por la comisión de Seguridad del Senado busca que los ingresos clandestinos al país dejen de ser una falta administrativa y que sean un delito, vale decir, que pueda existir condena por aquello.
1. Sanción: Se propone que quienes entren a Chile por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, sean sancionado con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de cinco a 10 UTM (hasta $640 mil). En el caso de que se opte por la multa, deberá monitorearse a la persona y “cuando resulte mérito para condenar, pero concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al imputado o este careciere de los recursos para su pago, el juez podrá dictar la sentencia y disponer la expulsión”.
En el caso de los migrantes que ingresen de forma irregular tuvieran una causal de impedimento de entrar a Chile, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años y 1 día). Lo mismo corre para quienes ingresan o intentan salir de Chile con documentos falsos o “faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad”.
Una vez cumplida la pena “se procederá siempre a la expulsión del extranjero”, señala el proyecto.
La excepción a todo lo anterior es para quienes reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados, además de “niños, niñas o adolescentes o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal”.
2. Reconducción: El proyecto establece que cuando se detiene a una persona en flagrancia, la primera medida que regirá es la reconducción a otros países, y de no poderse, se pondrá a disposición de los tribunales.
3. Investigación: En la formalización, la prisión preventiva será sólo en caso de peligro de fuga porque se desconoce la identidad de la persona o “carezca de medios para costear su estadía por el plazo de investigación”. El fiscal tendrá sólo tres meses para investigar y puede solicitar prórroga por tres meses más.
4. Trata de personas: La iniciativa también establece que si en el curso de investigación surgen antecedentes de que la persona imputada de haber ingresado a Chile de manera ilegal fue víctima del delito de trata de persona, el juez dictará el sobreseimiento definitivo y comunicará los hechos al Ministerio del Interior y a la Fiscalía Regional respectiva.
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