En medio de la controversia por la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales, la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación penal de oficio con el fin de recabar antecedentes y analizar la posible comisión delitos en la entregada de estos beneficios.
La determinación la adoptó el fiscal Nacional, Ángel Valencia, conforme a los antecedentes recabados a través de los diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República y la presentación de parlamentarios ante diversas instituciones.
Para esto designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para encabezar la indagatoria.
Según informó la Fiscalía, en esta investigación se deberá determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener beneficios estatales, entre otras materias que serán indagadas.
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