Las defensas de los generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas, este último en retiro, no dan tregua en su ofensiva contra la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que mantiene a ambos como imputados -por su presunta responsabilidad de mando- en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones vinculadas al estallido social de octubre de 2019.
Es que luego de que se intentara inhabilitar sin éxito al fiscal regional Xavier Armendáriz y a la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, los abogados que representan a los uniformados elevaron distintos requerimientos donde cuestionan el accionar de los persecutores.
Por una parte, ambos generales advirtieron ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que se estarían vulnerando sus garantías constitucionales. Esto, porque no se les ha entregado el detalle de los 450 casos por los que serán formalizados el próximo 2 de mayo. Y además, la defensa de Yáñez sumó un incidente de nulidad para frenar la entrega de las fichas clínicas de las víctimas de trauma ocular, alegando que se trata de una medida “arbitraria e ilegal”.
Afectación al derecho a la defensa
Según se desprende del escrito presentado por la defensa del general Ricardo Yáñez, el 2 de enero el fiscal Armendáriz solicitó audiencia para formalizarlo por delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, adelantando que la audiencia podría tener una extensión de hasta 5 días. Pese a ello, como indicaron, no han podido acceder al detalle de los 450 casos por los que se le imputará, lo que claramente, a juicio de ellos, pone en entredicho su derecho a la defensa.
“Comprenderá que al no tener acceso esta defensa a los hechos específicos y concretos por los cuales se someterá a proceso a nuestro representado y que evidentemente fundarán la probable solicitud de la medida cautelar personal de mayor intensidad que contempla nuestro Código Procesal Penal, esto es, la prisión preventiva, por la conducta permanente que ha manifestado el Ministerio Público en contra de Carabineros de Chile y su jefatura; existe una efectiva, concreta y real amenaza al derecho de defensa material del General Director de Carabineros de Chile, don Ricardo Yáñez”, expusieron los abogados Jorge Martínez y María Jesús Wielandt.
Y agregaron, “al no tener acceso esta defensa a los hechos puntuales respecto de los cuales se formalizará a nuestro representado se hará imposible ejercer una defensa adecuada”.
En los mismos términos, la defensa del general (r) Rozas -encabezada por la abogada Susana Borzutzky- describió que se encuentran en casi las mismas condiciones, por lo que estiman que estaría en juego el debido proceso.
“En atención a la magnitud de los hechos, con fecha 16 de enero de 2024, mediante SIAU, se pidió a la Fiscalía la individualización de cada uno de los casos por los cuales los imputados serán formalizados. Empero, la Fiscalía rechazó esta solicitud”, expuso.
Dicha negativa, complementó la defensa, constituiría “una grave afectación al derecho de defensa, ya que, como se puede prever, el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares más intensas en contra de los imputados, por lo que es absolutamente indispensable conocer cada uno de estos hechos, para así poder ejercer una adecuada defensa técnica”.
Considerando que esta solicitud fue ingresada antes que la del general Yáñez, hasta ahora el 7° Juzgado de Garantía de Santiago solo se ha pronunciado respecto de la de Rozas, determinando fijar audiencia de cautela de garantías para el próximo 8 de marzo a las 11.00 horas.
Fichas clínicas
Con respecto a la resolución del mismo tribunal que accedió a la petición de la fiscal Ximena Chong para que las subsecretarías de Salud y de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud entreguen las fichas clínicas de las víctimas de trauma ocular, los abogados de Yáñez sumaron un incidente de nulidad, estimando que se trata de una medida totalmente fuera de lugar.
Por una parte, aseguraron, se debe considerar que dicha información es de carácter sensible y está protegida por ley. Además, de acuerdo con sus exposiciones, la fiscal no justificó su petición. “No fundó cuál sería la vinculación directa con la causa, puesto que no menciona ningún paciente determinado, ni individualiza a ninguna supuesta víctima de esta causa, sino que hace mención genérica a personas que habrían sido atendidas por el sistema de salud en un periodo de tiempo”, sostuvieron los abogados.
Hicieron presente, además, que para entregar estos antecedentes las víctimas deberían dar su consentimiento, lo cual no se habría realizado.
Según la defensa, entonces, “se está utilizando al tribunal, por medio de una petición engañosa, para obtener información de manera inconstitucional e ilegal; ya que la resolución dictada por la magistrada Isabel Correa y que es impugnada por medio de este incidente afecta a terceras personas indeterminadas, inocentes y ajenas absolutamente a este proceso, violando el artículo 1, 5° inciso segundo, artículo 19 N° 1 y N° 4, todos de la Constitución Política de la República, al afectar la intimidad y dignidad de las personas”.
Igualmente, se hizo presente que la resolución de la jueza se otorgó “sin ningún tipo de fundamentación de cómo la entrega de las fichas clínicas de personas desconocidas tiene vinculación con la causa, puesto que en la solicitud de la fiscal se hizo una mera referencia genérica de los hechos”. Así, piden que se declare nula.
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