La Tesorería General de la República depositó en enero $2.516.477 a Gabriel Felipe Allende Torres, 27, por estar dentro de las “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.

  • De acuerdo con una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la noche del 21 de octubre de 2019 recibió tiros de perdigones desde un carro policial en movimiento que —de acuerdo con la investigación de la fiscalía— le provocaron lesiones menos graves.
  • Por el caso, la fiscalía formalizó a un sargento por apremios ilegítimos.
  • Los disparos ocurrieron en el contexto de una protesta en Curacaví, al poniente de Santiago, en que Gabriel Allende estaba levantando barricadas en una esquina de esa comuna. Cuando llegó Carabineros, respondió lanzando una bomba molotov, dijo su condena por lanzamiento de artefacto incendiario.
  • El 23 de febrero de 2023 el Ministerio del Interior timbró el decreto exento 3.555 que aumentó su pensión de gracia vitalicia.
  • El documento —firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda— subió de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales (equivalentes a $444.767 a diciembre de 2023) el beneficio que ya recibía.
  • El primer decreto fue timbrado el 19 de octubre de 2022 y llevaba la firma de la exministra Izkia Siches en vez de Tohá. Allende ya llevaba entonces 6 meses condenado.
  • De acuerdo con la respuesta entregada por Tesorería a una solicitud vía Ley de Transparencia, Allende Torres recibió su primer pago el 17 de noviembre de 2022, cuando regía su primer decreto.
  • Tras esto continuó recibiendo pagos mensuales en 2023, correspondientes a 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, pese al aumento de su pensión de gracia.
  • Esto dejó una diferencia que fue saldada en forma retroactiva el lunes 15 de enero de 2024, cuando Tesorería le transfirió, de una vez, $2.516.477.
  • El total que ha recibido en 16 meses es de $5.449.357.

La revocación administrativa. Allende Torres recibió el pago de enero el mismo lunes en que el subsecretario del Interior Manuel Monsalve informó en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara que el Presidente Gabriel Boric comenzaría a revocar administrativamente pensiones de gracia controvertidas.

  • De las cerca de 25 que el gobierno ha dicho que serán dejadas sin efecto, sólo se ha informado de un condenado por producción de material pornográfico infantil a quien se le quitó el beneficio.

La decisión de Boric de aumentar las pensiones del 18-O. El 1 de junio de 2022, en su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric dijo que “durante el estallido social vivimos la peor crisis en materia de derechos humanos de los últimos 30 años”.

  • Entonces anunció el aumento de las pensiones de gracia. “Hemos presentado una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social, la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”, dijo.

La crítica de Contraloría a Tesorería. El informe de la Contraloría General de la República del 13 de diciembre pasado incluyó un apartado con las fallas que detectó en la entrega de las pensiones de gracia que realiza Tesorería, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

  • “El proceso de pago de las pensiones de gracia se encuentra a cargo de la Tesorería General de la República, TGR, instancia que se inicia con la presentación directa que realiza el beneficiario ante ese organismo del decreto que le otorga la pensión, sin que exista un mecanismo de verificación de autenticidad de tales actos administrativos por parte de la TGR y, sin que conste que se hayan realizado coordinaciones al respecto entre esa tesorería y el DAS (Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior), con el consiguiente riesgo de que puedan presentarse a cobro documentos adulterados y se paguen pensiones a personas a las cuales no se les ha otorgado pensión”.

Por qué figura como víctima. El 1 de julio de 2020 el INDH interpuso una querella por homicidio frustrado y apremios ilegítimos en contra quienes resultaran responsables de las lesiones sufridas por Gabriel Allende. El 13 de marzo de 2023 ingresaron una rectificación de querella donde acotaron los delitos al segundo.

  • El 5 de enero de 2023 el fiscal Gamal Massu había formalizado al sargento segundo Juan de Dios Lagos Muñoz por apremios ilegítimos y el tribunal lo había dejado con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio.
  • “El día 21 de octubre del año 2019, alrededor de las 21:30 horas, la víctima Gabriel Felipe Allende Torres se encontraba en las afueras del Liceo de Curacaví Presidente Balmaceda de la comuna, el cual queda ubicado en la intersección de calles Covadonga con Francisco Saavedra, en la comuna de Curacaví, participando de una protesta ciudadana que se estaba realizando en dicho lugar, existiendo barricadas y desordenes en el sector”, consignó la formalización.
  • Al llegar Carabineros comenzó a correr, siendo perseguido por el vehículo Z-8302, a bordo del cual estaba el sargento segundo, quien portaba una escopeta antidisturbios Winchester modelo G12007, calibre 12.
  • El sargento disparó al menos 2 veces desde el vehículo en movimiento, lo que “provoca que éste detenga su huida, instantes en que es reducido y detenido por el Cabo Segundo Benjamín López Garcés, con la cooperación del carabinero Claudio Alvarado Inostroza”.
  • “A raíz de los disparos recibidos, la víctima Gabriel Felipe Allende Torres resulta con 9 heridas contusas abrasivas en la extremidad superior izquierda, 6 perdigones en flanco izquierdo y dorso ipsilateral (del mismo lado) y un perdigón en glúteo izquierdo, lesiones de carácter menos graves”.

Por qué está condenado. El 19 de abril de 2022 la jueza Natalia Lillo del Juzgado de Garantía de Curacaví dirigió la audiencia donde Gabriel Allende fue condenado a 3 años de cárcel, sustituidos por la pena de libertad vigilada intensiva, por lanzamiento de artefacto incendiario.

  • Se trató de un procedimiento abreviado en que Allende Torres aceptó la formulación de cargos de la fiscalía.
  • Se consideraron como atenuantes su colaboración en el procedimiento y la ausencia de anotaciones (Allende tenía 2 condenas por consumo de marihuana, para las que se dictó un procedimiento monitorio, tras lo cual fueron sobreseídas).
  • “El día 21 de octubre del año 2019, a las 21:30 horas aproximadamente, en las intersecciones de las calles Alberto Fellemberg con Germán Riesco de la comuna de Curacaví, el imputado Gabriel Felipe Allende Torres fue sorprendido junto a otra decena de individuos realizando en la vía pública una barricada con el fin de turbar gravemente la tranquilidad pública de la comunidad”, dijo la relación de hechos.
  • “En ese contexto, Carabineros intenta disuadir al grupo, quienes comienzan a repeler a los funcionarios lanzando piedras y artefactos incendiarios, logrando ser aprehendidos en esos instantes el imputado ya individualizado, a quien luego del registro de rigor facultado por el procedimiento, se le encontró portando adosado a su cuerpo un morral marca Puma, el cual se encontraba completamente húmedo y con un fuerte olor acelerante, aparentemente bencina, en cuyo interior se encontró un total de 05 botellas de vidrio, 02 de las cuales tenían incorporadas a su cuello y boquilla telas de género, aptas para conducir fuego y funcionar como mechas”.

Lea el detalle de los depósitos de Tesorería.

 

Lea su condena por lanzamiento de artefacto incendiario:

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