El exgeneral venezolano Cliver Alcalá, extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2020, admitió ante una corte de Nueva York que el régimen chavista liderado por Nicolás Maduro se financió con el tráfico de cocaína de las guerrillas colombianas mientras él formaba parte del Ejército de Venezuela.
Un reporte del diario ABC de España, a cargo del periodista David Alandete, reveló los detalles de cómo Alcalá, durante una audiencia con el juez Alvin Hellerstein mantenida el 18 de enero de 2024, admitió todo el esquema de narcotráfico entre el régimen venezolano y las Fuerzas Revolucionarias Armadas Colombianas, la temible guerrilla más conocida como las FARC.
En su declaración, Alcalá admitió que, desde al menos 2006, protegió a las FARC a cambio de millones de dólares en pagos para dejar operar a la guerrilla libremente en el país sudamericano. Según Alcalá, quien era el mayor general del Ejército venezolano, esto lo hizo por órdenes de sus superiores: Nicolás Maduro, actual dictador de Venezuela; y Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano que también es acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Ambos son señalados líderes del Cartel de los Soles.
Alcalá, además de admitir su participación en el esquema de narcotráfico, amparándose en que supuestamente solo seguía órdenes, también aseguró que protegió a las FARC y al menos le entregó a la guerrilla colombiana 2 lanzagranadas y 20 granadas.
“Lo relevante es que no son solo acusaciones de EE.UU., sino la admisión de uno de los implicados en esa red de narcotráfico estatal”, reseñó ABC. “La imputación en EE.UU. de Maduro y otros jerarcas del régimen chavista apuntaba al narcotráfico y terrorismo, pero ahora un implicado central se inculpa y da detalles de cómo operaba desde el poder el cartel venezolano”.
El testimonio de Alcalá sirvió para que la Fiscalía de EE.UU. completara los detalles de una enorme red de contrabando de cocaína que las FARC sacaban de Colombia y transitaba por Venezuela por tierra y aire.
Entre los detalles desvelados se encuentra la participación del esquema del exgeneral Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado desde España en un controvertido proceso que atravesó apelaciones e incluso una fuga.
La Fiscalía, a pesar de la cooperación de Alcalá (61), está pidiendo treinta años para el exgeneral venezolano.
Según los fiscales, al menos en una ocasión en 2007 Alcalá y Carvajal se reunieron con las FARC para coordinar los envíos de droga, que salían principalmente desde el aeropuerto de Valencia, la segunda ciudad más importante de Venezuela.
150.000 dólares pagaban las FARC al régimen chavista por cada envío de avioneta cargada con cocaína con destino a Centroamérica y de ahí, a EE.UU. según ha admitido el imputado clave. En esta causa están imputados Maduro y Cabello. Aún así Biden ha negociado directamente con… pic.twitter.com/qPhtHeyqWY
— David Alandete (@alandete) February 4, 2024
Así como sucedió con Alcalá, la Justicia estadounidense no tiene prisa por llevar a juicio a Carvajal, una situación que ha lamentado el propio juez Hellerstein.
De hecho, en una audiencia del 18 de enero, la defensa de Carvajal solicitó información clasificada de la DEA que podría ser fundamental para su estrategia.
No obstante, ABC reveló que los fiscales se niegan a dar dicha información porque otros casos podrían verse afectados debido a los detalles delicados que hay en los informes.
En esta causa, particularmente, no solo están imputados Carvajal (a la espera de juicio) y Alcalá, sino otras cuatro personas más que, por ahora, no pueden ser procesados. Dos de ellos porque murieron en territorio venezolano: Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, ambos guerrilleros colombianos.
Los otros dos son nada menos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, con quienes la Administración Biden ha venido negociando polémicos intercambios, como la liberación del testaferro de Maduro, Alex Saab, a cambio de varios prisioneros estadounidenses en Venezuela.
De hecho, en teoría, el Departamento de Justicia de EE.UU. ofrece 15 y 10 millones por pistas sobre los paraderos de Maduro y Cabello.
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