El lunes lo dejaron claro en La Moneda. No una, sino que dos veces: los ministros no serán comentaristas u opinólogos de la situación judicial que atraviesa el jefe del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (RD), quien esta semana declarará en calidad de imputado en el marco del Caso Convenios.
«Como ustedes saben, el asesor del Segundo Piso está con su abogado respectivo, hay una investigación, hay audiencias como todo proceso judicial y no tiene ningún sentido responder cada cierto tiempo a algo que es básicamente la misma situación, como sucede con los deja vu«, dijo la vocera Camila Vallejo.
“Este es un tema con respecto del cual, a estas alturas, creo que Miguel Crispi tiene su abogado particular, quien se ha referido respecto a las investigaciones. El Ejecutivo no tiene nada que referirse con respecto a la situación sobre la investigación que se está llevando en su contra”, agregó este lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Las diligencias que llevará a cabo en Santiago el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, responden a una querella interpuesta por dos diputados del Partido Republicano -la que también va dirigida a la Directora de Presupuesto, Javiera Martínez, y al exministro Giorgio Jackson-, y busca dilucidar el control que ejercieron en el convenio del Gobierno Regional de Antofagasta con ProCultura (caso de pintura de fachadas), y cuánto sabía Crispi sobre los convenios entre la Fundación Democracia Viva, creada por el RD Daniel Andrade, y la seremía de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el entonces militante de esa tienda, Carlos Contreras. También conocer qué hizo el jefe del Segundo Piso cuándo se enteró del cuestionado convenio, pues una de las aristas que se investiga es la omisión de denuncia.
En una entrevista publicada este fin de semana, Contreras sostuvo que “Miguel Crispi le omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Boric”.
Con el desmarque de los ministros, la responsabilidad de llevar adelante la vocería sobre los asuntos de Crispi recaerá en el abogado Guillermo Chahuán, del estudio Chahuán Letelier.
¿Quién es el abogado de Crispi?
En noviembre de 2023, apenas se dio a conocer públicamente el audio en que Luis Hermosilla reconocía supuestos pagos a funcionarios públicos en una causa que llevaba, Crispi decidió rescindir su contrato como abogado defensor y buscar a otro jurista que lo representara.
Ahí apareció Chahuán en su radar, quien estudió Derecho en la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, además de un máster avanzado en Ciencias Jurídicas, de la misma casa de estudios.
Antes de crear su propio estudio jurídico, trabajó en Bofill Mir & Álvarez Jana y en Bofill Escobar Silva por 12 años.
Según la descripción de la página web de su bufete, Chahuán “se ha desempeñado como abogado defensor y como querellante representando a personas y empresas en investigaciones por delitos económicos, ilícitos relacionados con el mercado de valores, delitos contra la probidad y administración pública, ilícitos contra la salud pública y el medio ambiente, entre otros”.
Además, ejerce la docencia en las universidades Adolfo Ibáñez y Alberto Hurtado.
Firmó en Convergencia Social para apoyar a Boric
En su entorno señalan que en la Universidad de Chile fue compañero de generación con el Presidente Gabriel Boric, aunque no fueron especialmente cercanos.
Eso sí, cuando en 2021 el entonces diputado necesitaba firmas para inscribir su candidatura presidencial para competir en las primarias de Apruebo Dignidad contra Daniel Jadue, Chahuán firmó como militante de Convergencia Social para apoyar su postulación.
Fue abogado de la ex ministra Siches por supuesta omisión de denuncia
Los casos judiciales por omisión de denuncia no le son ajenos. De hecho, fue uno de los abogados que representó a la ex ministra del Interior, Izkia Siches, en uno de ellos.
Resulta que cuando la ministra fue emboscada con barricadas y balazos al aire mientras se dirigía a Temucuicui en sus primeros días como secretaria de Estado, el Ministerio del Interior no interpuso denuncia por los hechos de violencia.
Ante esto, según La Tercera, el excarabinero Gene Fernández presentó una denuncia en contra de Siches por una supuesta omisión de acusar un delito ante el Ministerio Público, siendo que era funcionaria del Estado.
Luego de 10 meses de investigación, la fiscalía solicitó formalmente el sobreseimiento definitivo de la ex ministra, pues se determinó que los funcionarios policiales que la acompañaban ese día, hicieron una denuncia.
Además de Chahuán, la expresidenta del Colegio Médico fue representada por los abogados Juan Pablo Donoso, Miguel Schürmann (abogado de Giorgio Jackson) y Jonatan Valenzuela.
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